La marcha y
las videocaseteras
Manuel David
Orrio, CPI
LA HABANA, junio (www.cubanet.org) - La última de las marchas masivas
organizadas por el gobierno de Fidel Castro, evidentemente orientada a impedir
cualquier reforma total o parcial de la Constitución de la República,
pone por carambola sobre el tapete de la opinión pública el
espinoso tema de si las autoridades y el parlamento de Cuba atienden al
cumplimiento estricto de esa ley de leyes, ahora sujeta a la iniciativa del
poder de declararla "intocable".
Se conoce, y debe ser recordado a voz en cuello, que Cuba es país
donde impera un mar de leyes y disposiciones abiertamente inconstitucionales,
entre las cuales destacan prohibiciones como la de regular la residencia de los
nacionales en la capital, la entrada o salida del país, la libre compra
de automóviles, motocicletas, electrociclos, arroceras eléctricas
y otras hierbas, o participar en calidad de accionista en el proceso de
inversiones nacional.
Semejante maraña de regulaciones inconstitucionales puede provocar la
aparición de anécdotas dignas de la pluma de Kafka, donde la
tragedia del derecho violado copula con el sainete de lo hecho por una cultura
de resistencia para evadir a esas disposiciones. Por ejemplo, una resolución
oficial prohibe las importaciones no comerciales de videocaseteras desde los
Estados Unidos. O sea, se permite la entrada al país de esos equipos
desde cualquier lugar del universo excepto la nación del Potomac, para así
violarse el igual derecho del ciudadano a ser obsequiado por quien desee
obsequiarle, venga de donde venga.
Tal inconstitucionalidad tiene una intención obvia: las
videocaseteras no se venden a los nacionales en el interior del país (¿otra
violación?) y con la citada resolución se prohibe que las mismas
provengan del sitio de donde vendrían como plaga, habida cuenta de que la
mayor emigración de cubanos reside en los Estados Unidos. Entonces es
evidente el propósito de limitar lo posible la proliferación de
unos equipos que permiten al ciudadano liberarse de la programación
televisiva oficial, de algún modo enarbolando como pretexto el embargo
estadounidense y sus derivados, aunque funcionarios aduaneros entrevistados por
la radio capitalina ni siquiera han sido capaces de emplear ese argumento a la
hora de explicar una prohibición inexplicable.
Lo curioso del asunto es cómo la tragedia se enreda con el sainete de
la resistencia informal y ciudadana. Fuenteovejuna de Cuba, como no puede
importar las videocaseteras en su integridad, pero sí pudo hacerlo por
partes hasta determinado momento, se dio a la tarea de traer desde los Estados
Unidos las piezas de dichos equipos. Sabe Dios qué oscuro e inmenso
negocio debe de haberse organizado al interior de la isla que obligó al
jefe de la Aduana General de la República a dictar otra de esas
inconstitucionales resoluciones en la cual, reconocido el trasiego a pedazos de
las vidocaseteras, se aclaró que la prohibición de importar la
integridad se extiende a los componentes. Cosas de Cuba, bañada en el sol
caribeño y dotada de pardas voluptuosas.
El ejemplo de este relato es uno de tantos, en este caso útil para
mostrar cuánto de doble moral se presenta en la pretendida defensa de una
Constitución a la cual se promueve declarar "intocable", después
que más de 11 mil firmantes del Proyecto Varela han tratado de hacer
valer un derecho reconocido por aquélla, por cierto bien desconocida para
el cubano de a pie.
Ahora mismo, exactamente ahora mismo, un vecino acaba de llamar a la puerta
de este periodista para saber si podría obtener en préstamo un
ejemplar de la vigente Constitución cubana. Créase, o no se crea.
A sus 50 años de edad confiesa que jamás la ha leído.
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