Constitución,
delito y población penal
Manuel David Orrio, CPI
LA HABANA, julio (www.cubanet.org) - Uno de los puntos de interpretación
constitucional que en el caso cubano se erige en prueba de hasta cuánto
las existentes censuras a las libertades de expresión e información
sirven más a intereses de poder que a necesidades de seguridad nacional
derivadas del diferendo cubano-estadounidense, o al actuar de la llamada mafia
de Miami, es la actitud gubernamental ante su deber de informar a la opinión
pública sobre la situación del delito y el monto y estructura de
la población penal.
Conocido es: el gobierno de Fidel Castro no aporta información íntegra,
ni siquiera aceptable, sobre el estado actual del delito o de sus tendencias.
Datos aislados, muchas veces inconexos, que invitan a interrogar sobre cuál
daño puede hacer a la seguridad nacional la publicación de estadísticas
íntegras y veraces, las cuales en primer lugar tienen la virtud de
alertar a la sociedad. No al poder, a la sociedad que de paso cuenta con "libertad
de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista", de
donde no se explica por qué no dispone de la información necesaria
para combatir al delito.
Constitucionalmente, se hace evidente la violación de los derechos
ciudadanos representada en el secretismo gubernamental acerca de la delincuencia
y la población penal, dos aristas informadoras de la capacidad de orden público
desplegable por el poder de Cuba, más allá del lado social del
problema, ilustrativo de si la vigente política económica estimula
o no la proliferación del delito.
"El silencio en política huele a podrido", acostumbraba a
decir en lucidez y vida el padre de este periodista. Algunos índices de
criminalidad hechos públicos señalan que en 1986 se radicaron en
los tribunales isleños más de 189 mil causas penales, lo cual hace
posible suponer la comisión en ese año de más de 200 mil
delitos denunciados a la policía, cifra en abierto antagonismo con la
situación social creada por miles de millones de dólares de
subvenciones soviéticas, y la cual superaría al número de
crímenes cometidos en 1960, de acuerdo con el Anuario Estadístico
de Cuba de 1975. En buen castellano, el gobierno de Fidel Castro no pudo
apuntarse auténticos logros en prevención del delito en esos
aparentes años felices.
Un decenio de llamado período especial no parece haber aportado
avances. En 1995, según informes de prensa, sólo un delito, hurto
y sacrificio ilegal de ganado mayor, acumuló más de 70 mil bovinos
y equinos: en noviembre de 2001 un informe de la Central de Trabajadores de Cuba
apuntó que "es preciso reconocer que lo hecho hasta ahora no sólo
no ha hecho retroceder al delito sino que tampoco lo ha logrado frenar".
Este informe del sindicalismo oficioso aceptó que "como ha
quedado comprobado, el endurecimiento de las penas, en particular las
carcelarias, no ha logrado frenar ni hacer disminuir el delito". Asimismo,
expresó que "la imposición de altas penas y, en general, el
encarcelamiento, en particular por largos períodos, no conducen a
disminuir el delito, a la vez que condicionan el desarrollo de una subcultura
delincuencial, una suerte de formación violenta de las personas que
tienen que sobrevivir períodos más largos en un medio difícil
y a menudo muy hostil. La experiencia demuestra una conclusión lógica,
y es que las personas que menos han delinquido son las que más sufren la
influencia carcelaria negativa".
De este sorprendente informe se puede discrepar en cuanto a su enfoque sobre
las raíces económicas y sociales del problema, por cuanto de hecho
sataniza a las remesas familiares provenientes del exterior y no analiza las
evidentes carencias del modelo económico vigente en Cuba, incluyendo
aquellas cuyo origen se encuentra en la abundancia de leyes inconstitucionales.
Sin embargo, no cabe dudas de que se trata de un valioso acercamiento al tema de
la situación delictiva, a todas luces urgido por el carácter límite
en el cual vale destacar la admisión de que la política penal
cubana, sencillamente, está reproduciendo el delito.
La situación delictiva de Cuba, así, parece haber devenido el
hilo de Ariadna que conduce por vericuetos laberínticos hacia la discusión
de asuntos aún mayores, primero de éstos el responder a la
pregunta de hasta cuándo una legalidad rebosante de inconstitucionales e
interpretaciones estrechas de los fueros ciudadanos reconocidos por la
Constitución han ido creando un existir económico y social
reproductor no sólo de delitos, sino además de contravenciones
injustificadas a tenor de una conducta internacionalmente considerable como
normal, otro punto de la agenda cuya discusión puede ser bien espinosa. A
entender de este periodista, por esos trillos andan las razones del secretismo
gubernamental en torno al estado de la criminalidad.
LA POBLACIÓN PENAL
Datos parciales, muy parciales, invitan a la preocupación. Si bien la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
presidida por el conocido disidente Elizardo Sánchez Santa Cruz reconoce
una moratoria de facto en la aplicación de la pena de muerte, importantes
excarcelaciones de presos comunes y una población penal que en este
momento no rebasaría las 100 mil personas y hasta podría ser
inferior a 80 mil, aseveraciones de Fidel Castro confirman la gravedad de lo que
está ocurriendo, sobre todo, porque se trata de datos informados ante la
televisión y no citados por el diario Granma, lo cual les hace
considerables como de difusión políticamente no decidida.
Según Castro, quien parece haber tomado nota del explosivo lado
social del problema, entre dos y tres por ciento de la población entre 20
y 30 años de edad se encuentra en prisión. Si se aplican tales por
cientos a los habitantes reportados en esa etapa de vida al cierre de 2000 (lo
disponible) por el Anuario Estadístico de Cuba, se concluye que nunca
menos de 35 mil y quizás hasta 60 mil jóvenes se encuentran tras
las rejas, lo cual conduce a dos hipótesis igualmente preocupantes.
Por la primera, si la estructura por edades de la población
carcelaria más o menos coincide con la de los habitantes mayores de
veinte años para las respectivas cohortes, puede estimarse una población
penal incluso mayor a las 200 mil personas, habida cuenta de que los cubanos
entre 20 y 30 años representan el 21 por ciento de los mayores de veinte.
Por la segunda, si se acepta como fiable el estimado de la comisión
presidida por Sánchez Santa Cruz, Cuba vive el tremendo drama de que la
mitad o más de sus encarcelados serían jóvenes que pierden
tras las rejas un tiempo denominado como "juventud, divino tesoro".
Para colmo, y como admite el citado informe del sindicalismo oficioso, sujetos
en el mayor grado a una "influencia carcelaria negativa" y a la no
creación del hábito social de reconocer deuda saldada a la persona
"que cometió un hecho delictivo y cumplió su sanción
... para que no se repitan los esquemas de desconfianza, cual si no hubiera
cumplido".
Bajo los supuestos apuntados, ¿puede aceptarse como ético que el
poder de Cuba mantenga su actual secretismo sobre la situación delictiva?
¿No es tiempo de insistir a gritos en ese derecho ciudadano a conocer, por
cierto amparado por una Constitución de socialismo declarado "irrevocable",
pero que no ha podido salvar de las cárceles a tantos compatriotas?
Proclamas irán y vendrán, hasta con millones de firmas acompañantes,
pero ninguna de ellas podrá ocultar un hecho terco: la cárcel es
el fracaso de una sociedad.
Esta información ha sido transmitida por teléfono,
ya que el gobierno de Cuba no permite al ciudadano cubano acceso privado a
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