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Reunión
de ineficientes en La Habana
LA HABANA, 26 de diciembre (Reinaldo Cosano Alén / www.cubanet.org) -
Funcionarios de "atención a la población" del Instituto
de la Vivienda a nivel nacional, se reunieron en la capital en días
pasados para intercambiar experiencias sobre la insatisfactoria labor que
desempeñan y que mantiene en constante irritación a grandes
sectores de la población.
El catálogo de experiencias, desprecio y maltratos al pueblo incluye
entre otros:
- Falta de profesionalidad por parte de los dirigentes, técnicos y
demás trabajadores del sistema de la vivienda, lo que ocasiona respuestas
burocráticas superficiales, sin dar solución positiva y
definitiva.
- Críticas porque la queja o sugerencia ciudadana es transferida
-precisamente- a la instancia que dio motivo a la queja, lo que crea
desconfianza hacia funcionarios y órganos rectores (el conocido "peloteo":
la pelota va y viene sin quedarse en el guante de nadie).
- Excesiva cantidad de instancias y funcionarios a los que hay que acudir
para solucionar (si es que se soluciona) cualquier petición o problema,
mientras se suceden las semanas, los meses y hasta los años.
- Incumplimiento de los términos legales para dar respuestas o
viabilizar la gestión.
- Deficiente información o absoluto ocultamiento a la ciudadanía
de las disposiciones legales y los servicios del organismo.
- No existe seguimiento de cuestionamientos y problemas de la ciudadanía
relacionados con la vivienda.
- Si existe respuesta es de manera contundente, y por lo regular, dando por
cerrado el caso que se cuestiona, sin haber hecho averiguaciones o proponer fórmulas
sustitutas, ni dar posibilidad al ciudadano de la defensa de sus intereses.
Víctor Ramírez, presidente del Instituto Nacional de la
Vivienda, presente en el cónclave de burócratas, intervino para señalar
la imperiosa necesidad de dar prioridad a la atención de las quejas de la
ciudadanía, elevar la calidad del trabajo y ofrecer buen trato, aspectos
que debieran ser consustanciales a todo funcionario estatal, pero que se
proclama como "metas a alcanzar".
Precisamente por este desinterés profesional y las leyes draconianas
que rigen el Instituto de la Vivienda, decenas de miles de ciudadanos han sido
multados, sus viviendas arrasadas y hasta han cumplido, o cumplen años de
condena a prisión. Como señalamos en un artículo publicado
por CubaNet en abril de este año, la ley de la vivienda incita al
delito: "El estado cubano -se dice en el trabajo- es incapaz de solucionar
el agudo problema habitacional, pero tampoco permite que el ciudadano garantice
su techo por sus propios medios".
Recordemos, además que el estado centralizado tiene absolutamente
prohibida la compra-venta de viviendas entre particulares, sin que nadie
encuentre justificación posible a esta medida.
Esta información ha sido transmitida por teléfono,
ya que el gobierno de Cuba no permite al ciudadano cubano acceso privado a
Internet.
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