Guerra a los
trabajadores privados en Cuba
Armando Soler
LA HABANA, agosto (www.cubanet.org) - Mayra Donet y Jorge Navarro
constituyen una pareja y están desolados desde que recibieron la resolución
342 / 2002 de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, institución
conocida por las siglas ONAT, donde le anuncian que los penalizaron
financieramente.
Donet y Navarro residen en Milagros 361, en la barriada capitalina Santos Suárez,
y la ONAT los multa con la abrumadora cifra de 20 mil pesos, unos 769.23 dólares
al cambio vigente, en país donde el salario promedio mensual es de 240
pesos, o sea 9.23 dólares.
La ONAT acusa a la pareja de venta ilícita de alimentos a pesar de
que no hay ninguna evidencia del presunto delito. Sólo media "la
convicción" de las autoridades a cargo.
Por su parte, el abogado contratado por Donet y Navarro les emitió el
siguiente pronóstico: "La ONAT nunca pierde".
De 1996 a la fecha se calcula que finalizaron sus operaciones entre el 70 y
el 90 por ciento de las instalaciones particulares dedicadas a la venta de
alimentos en el municipio Diez de Octubre, donde está enclavado Santos Suárez.
Esto se debe el excesivo "celo" de los inspectores y a las
delaciones de actos ilegales. Innumerables casos se pudieran citar. Uno de ellos
es la multa de cuatro mil pesos que le pusieron al propietario del local ubicado
en Cortina 266, o la licencia que le negaron al hijo de la propietaria de la
venta situada en Santa Catalina 363 cuando ella murió.
En todos los casos hay un mismo patrón: la intolerancia del gobierno
cubano con los negocios privados, la cual parece encaminada a acabarlos o por lo
menos a reducirlos a la mínima expresión.
Esta política de exterminio parece hacer inexplicable la existencia
de los trabajadores por cuenta propia que aún sobreviven.
Sometidos a regulaciones excesivas que, entre otras cosas, les obliga a
comprar en los comercios estatales dolarizados los productos con que elaboran
sus especialidades, es casi imposible que puedan lidiar con los altos impuestos,
los permisos y las constantes multas que les imponen los inspectores.
Algunas fuentes consultadas coincidieron al opinar que los cuentapropistas
que permanecen legalmente en operaciones lo hacen por medio del soborno que sus
pequeños negocios le pagan a los funcionarios para que los dejen producir
bienes y servicios en paz.
Sin embargo, otros creen que la tolerancia se debe a su fidelidad al régimen
de Fidel Castro, para el cual laboran como informantes de la policía.
Cualquiera que sea la razón, el hecho cierto para Donet y Navarro es
que la tierra se unió con el cielo. Ellos tienen la opción de
pagar diez mensualidades de dos mil pesos cada una, cifra esta última que
iguala el sueldo anual de un empleado del Estado. Aunque también pueden
dejar que les embarguen sus pocas propiedades y, si no basta, pueden ir a la cárcel
por no pagar la "deuda" con la ONAT.
Es muy poco probable, después de conocerse noticias como las de la
suerte de Donet y Navarro, que cubanos emprendedores se decidan a cumplir los trámites
para solicitar una licencia de trabajo por cuenta propia para expender
alimentos, aún conociendo la creciente demanda, pues además de lo
difícil que es obtenerla no es nada atractivo ser blanco de cientos de
inspectores que vienen a "matar" el negocio legal.
Por ello es que los municipios de la capital están poblados de
numerosos vendedores ilegales de productos de todo tipo. La ilegalidad es
obligatoria en Cuba para sobrevivir. La represión del gobierno es una
invitación al mercado negro.
Esta información ha sido transmitida por teléfono,
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