En la espiral
del delito y la corrupción
Héctor Maseda, Grupo Decoro
LA HABANA, agosto (www.cubanet.org) - Un ánalisis de los informes de
las últimas reuniones plenarias provinciales del Partido Comunista de
Cuba y otras instancias del gobierno: sindicatos nacionales y organizaciones de
masas, dan cuenta del elevado grado de corrupción que impera en la Isla,
de donde no se escapa ningún nivel de la adminstración pública,
la producción y los servicios.
Lo cierto es que diariamente nos encontramos con hechos delictivos ocurridos
en empresas, comercios y almacenes estatales. Los desvíos de recursos
sociales o alimentarios se utilizan para el lucro y la satisfacción de
necesidades personales de dirigentes y empleados. La adulteración en la
calidad de los productos y precios de venta al público, distribuidos por
la red de artículos normados, los establecimientos gastronómicos
que comercializan en moneda nacional y las tiendas recaudadoras de divisas.
Nadie escapa al desbarajuste de la corrupción.
Se incrementan los asaltos con violencia en viviendas y a los turistas
extranjeros. Persisten los atracos en las escuelas para apropiarse de
computadoras, televisores, video-caseteras y otros materiales utilizados con
fines didácticos. Se mantiene invariable el consumo y tráfico de
drogas y se dispara como nunca la prostitución en ambos sexos.
¿Y qué decir de las ventas de puestos de trabajo en dólares
a personas sin cualificación, pero con dinero suficiente para comprarlos,
sobre todo en sectores laborales que gozan de ciertos privilegios, como el
turismo?
Las autoridades cubanas, ante estas manifestaciones delictivas aplican la única
respuesta que conocen: la represión.
Cuba es un país con 11 millones 200 mil habitantes. La población
penal asciende a 60 mil ciudadanos, uno de los índices más
elevados en el mundo. Los reclusos cubanos cumplen condenas en las 250
instalaciones carcelarias que se levantan a lo largo y ancho del país,
agrupadas en tres categorías: alto riesgo y seguridad máxima;
medio o bajo rigo, y correccionales. Más del 50 por ciento de esos
prisioneros son jóvenes menores de 30 años y el 73 por ciento de
los reos, por regla general, son negros o mestizos.
Es justo que la comunidad castigue los delitos en que incurren sus miembros.
Sobre todo si son reincidentes o han provocado pérdidas de vida. Pero de
lo que se trata no es de encarcelar culpables hasta el infinito, sino de
analizar las causas que potencian estas manifestaciones indeseables y emprender
políticas adecuadas que las eliminen o reduzcan.
La corrupción administrativa es evitable. Los negocios ilícitos
también. Los delitos comunes son, en su inmensa mayoría, resultado
de situaciones sociales: bajos salarios y alto costo de la vida, los que
propician niveles de insolvencia familiar próximos a los mínimos
de supervivencia; falta de estimulación socio-económica derivada
de las únicas ofertas laborales brindadas por el estado: construcción
y agricultura.
Una reflexión ponderada y profunda nos indica de inmediato al máximo
culpable. ¡Desarrollen las autoridades del país una sociedad
equitativa, rentable y que satisfaga realmente las necesidades primarias de la
población y se reducirán los actos delictivos en todas sus
variantes!
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