Daniel Morcate. Publicado el jueves, 31 de mayo de 2001 en
El Nuevo Herald
Cada iniciativa para combatir el castrismo suele desatar la elocuencia de
sus cómplices declarados o tácitos. La propuesta Ley de
Solidaridad Cubana del 2001 está produciendo precisamente ese efecto.
Cubanólogos de salón ya han pronunciado sus veredictos ominosos y
la han condenado desde los más diversos ángulos. Me tienen sin
cuidado sus asquitos previsibles e interesados. Pero vale la pena responder a
los de ciertos adversarios de la dictadura que con honestidad plantean reparos a
su viabilidad y conveniencia. Lo que sigue intenta ser una respuesta a esos
reparos esbozados de buena fe.
Muchos demócratas tienen el mal hábito de buscarles coherencia
ideológica y argumentativa a las dictaduras. Inconscien- temente
proyectan su propia congruencia hacia quienes simplemente se valen de
subterfugios para justificar sus desmanes. De ese vicio emocional nace la objeción
de que la ley de solidaridad cubana, que autorizaría ayuda financiera a
demócratas en la isla, le daría al régimen de Castro "argumentos''
para atacar a sus adversarios internos. En realidad, las dictaduras no necesitan
argumentos para justificar sus atropellos o, lo que es lo mismo, se los inventan
con ar- bitrariedad y cinismo cada vez que les viene en gana. Ese es uno de sus
rasgos definitorios. Por eso son dictaduras. La ta- rea del demócrata auténtico
(a diferencia, digamos, del mero estratega del poder) es confrontar a la
dictadura con sus incongruencias e hipocresía.
Una variante de esa crítica señala la eventual procedencia de
la ayuda, el gobierno norteamericano, como el meollo del problema. Se dice que
el régimen castrista siempre ha buscado descalificar a sus adversarios
acusándoles de ser asalariados de Estados Unidos. Y que la aprobación
de la ley de solidaridad le daría el pretexto para acusar a todos los demócratas
internos de recibir subvenciones de Washington.
La mayoría de los opositores en la isla nunca ha recibido asistencia
norteamericana. Pero no hay nada intrínsecamente reprobable en aceptar
ayuda financiera, para sobrevivir y llevar adelante una desigual lucha por la
democracia, de Estados Unidos o de cualquier otra nación democrática.
Cuando una democracia asiste a las víctimas de una dictadura, la
asistencia es genuinamente de pueblo a pueblo. En cambio, regímenes como
el cubano no dependen para su subsistencia de la solidaridad de otros pueblos,
sino de la que les brindan otras elites autoritarias. Por eso Castro cifra su
supervivencia en el apoyo material, político y estratégico que le
pueden dar dictaduras, independientemente de su sesgo ideológico. Para
sobrevivir, Castro ya ha sido comunista, fascista e ideológicamente
difuso, dependiendo del lado por el que están soplando el dinero y las
coyunturas políticas y estratégicas. Y estaría dispuesto a
ser monárquico o chiíta si fuere necesario. Cualquier cosa menos
demócrata, para lo que se halla congénitamente incapacitado. Hoy
su problema fundamental con Estados Unidos se ha reducido a que este país,
gracias a la influencia de exiliados cubanos, es el único que aún
le exige seriamente democracia para Cuba.
Se advierte también que la ayuda propuesta se ha proclamado a los
cuatro vientos, lo que supuestamente imposibilitará su distribución
y encima dará al régimen castrista una excusa para reprimir
ferozmente a sus adversarios. En realidad, el régimen siempre ha
reprimido ferozmente a quienes se le han opuesto. En ningún momento de su
larga vida ha dejado de torturar y asesinar a opositores, provocar éxodos
en masa y llenar cárceles, aunque de un tiempo para acá las llene
con presos que impúdicamente tilda de "comunes'' pese a haber
infringido leyes totalitarias, como las que prohíben el "vagabundeo'',
el "diversionismo ideológico'' y las salidas del país sin
permiso estatal.
El público anuncio de la ley de solidaridad cubana obedece al
creciente equilibrio de poder entre la presidencia y el Congreso de Estados
Unidos, equilibrio que exige menos acciones encubiertas y más discusiones
públicas de los asuntos de estado. Pero en vez de ser un problema, esto
ofrece la oportunidad de debatir ampliamente los méritos y deméritos
de la propuesta. No cabe duda de que canalizar la ayuda a quienes la soliciten
será un gran reto, habida cuenta del enorme aparato represivo que
sostiene al castrismo. El régimen probablemente confiscará parte
de esa ayuda. Pero es improbable que logre confiscarla toda si se distribuye con
inteligencia y discreción. En un alarde retórico, Elizardo Sánchez
sostuvo que "no se lleva la libertad a ningún pueblo con dinero''.
Si tan ambigua afirmación quiere decir que el dinero no basta para
conquistar la libertad, la verdad es de Perogrullo. Pero si quiere decir que no
hace falta dinero para luchar por la libertad, la falacia salta a la vista. La
ha refutado la historia con cada capítulo de lucha por la libertad: ésta
siempre ha requerido al menos un presupuesto mínimo que con frecuencia ha
provenido de naciones solidarias. En Cuba, en particular, las gestas libertarias
invariablemente han contado con solidaridad financiera de países amigos.
Lo único que haría inexcusable la ayuda material de Estados
Unidos sería que incluyese condiciones políticas o morales que un
cubano genuinamente demócrata no puede aceptar. En su versión
original, la ayuda propuesta no contiene semejantes condiciones onerosas. Un
objetivo del actual debate debería ser evitar que se le impongan.
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