Helms vs.
Disidencia
Lázaro Raúl González, CPI
PINAR DEL RIO, mayo - En política es difícil satisfacer a
todos. Por eso el proyecto de ley presentado ante el Congreso estadounidense
para extender ayuda financiera a la oposición anticastrista tiene
diversos niveles de aceptación. Los personeros del régimen cubano,
por ejemplo, están jubilosos.
Porque nadie debe dudar que una masiva y constante propaganda, amén
de un magnífico Estado represivo, es quien mantiene a este régimen
en el poder.
¿Y será posible calcular cuánto este proyecto de ley
facilitaría al aparato propagandístico su trabajo de presentar
como resultado de una política agresiva yanqui lo que realmente es
producto de una ineficiente administración económica y de un
sistema cerrado, carente de cualquier tipo de libertad?
Tampoco nadie debe dudar que buena parte de los 100 millones que se piden
para oxigenar a la disidencia irían a parar a las arcas del régimen
cubano. Sí, porque los disidentes no comercian entre sí, sino que
cada máquina de fax, cada jabón, cada lapicero, cada aspirina,
cada cámara fotográfica o cada calzoncillo que necesiten, deberán
adquirirlo en los únicos comercios que hay en Cuba, propiedad estatal
casi todos.
Por otra parte, nadie tampoco debe dudar que si se aprueba el proyecto lo
que sería ley en Estados Unidos sería ilegal en Cuba. De modo que
lo que ciertamente conseguiría la legislación del senador Helms es
apartar aún más a la disidencia del resto de la sociedad cubana,
haciendo aparecer a los opositores ante el pueblo -de ello bien se ocuparía
la propaganda oficialista- como un grupo de vainas renegados y soliviantados
desde el extranjero. Por añadidura se acentuaría la eterna sensación
de ilegalidad en que trabajan los disidentes cubanos.
Aunque todo el mundo sabe que si se levanta el embargo ahora mismo, de aquí
a cien años -si hasta allá perdurara- el régimen de Cuba le
echaría la culpa a los americanos por su intrínseca inoperancia y,
a pesar de los riesgos concomitantes, es una creencia creciente dentro de la
disidencia que el mejor modo de facilitar su trabajo es que el Congreso y el
gobierno norteamericanos levanten todas las restricciones que hasta hoy -amén
del régimen impuesto en la Isla- apartan al pueblo cubano de la
normalidad.
Y si al levantamiento del embargo se adhiriera un activo monitoreo y
denuncia de cualquier violación de derechos humanos sucedida en el
interior del país no sólo se garantizaría la cimentación
de una balbuceante sociedad civil, sino que además se propiciaría
la operatividad dentro de un marco más legal de una oposición
hasta hoy maniatada por un férreo Estado represivo criollo, increíblemente
provisto de recursos por la añeja democracia moderna.
Definitivamente, si levantar el embargo haría legal adquirir en el
barato mercado americano el pienso con que se engorda la bestia del castrismo,
también lo haría legal para quienes están dispuestos a
decapitarla.
Mientras levantar el embargo sería un efectivo saldo para ayudar a
todo el pueblo cubano, el actual proyecto del senador Helms significaría
una torpe contramarcha para apuntalar a la disidencia interna... y al régimen
castrista.
Valdría la pena recordar cuál está en el poder.
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