CUBANET... INTERNACIONAL

Febrero 27, 2001



Cuba y los derechos humanos

Editorial I. La Nación Line. Argentina, febrero 27, 2001.

La firme determinación del presidente Fernando de la Rúa en favor de que la Argentina apoye, en la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el voto por el cual se exhorta a Cuba a respetar los derechos y las libertades fundamentales coloca una vez más a nuestra diplomacia del lado de los principios antes que del pragmatismo.

El anuncio presidencial de que se reiterará en ese encuentro internacional el mismo criterio que se utilizó un año atrás en aquel ámbito es también un signo de firmeza política frente a las presiones que recibió en las últimas semanas el primer mandatario por parte de los titulares de las dos fuerzas que integran la coalición gobernante, el ex presidente Raúl Alfonsín y el ex vicepresidente Carlos Alvarez, para corregir el voto argentino contra el régimen político de Cuba y pasar a la abstención.

Es evidente que en el transcurso del último año nada ha cambiado en Cuba como para modificar la tesitura que la Argentina ha sostenido en los últimos tiempos.

A la hora de analizar el sentido de nuestro voto en el citado organismo internacional, no es lo fundamental evaluar que la guerra fría ha llegado a su fin o que han cesado las antiguas amenazas de una exportación del régimen comunista cubano a otros países de América latina. De lo que se trata es de algo mucho más simple: de determinar si en Cuba se respetan o no los derechos esenciales de la persona humana.

En la isla caribeña, gobernada durante más de cuatro décadas por Fidel Castro, hoy, igual que ayer, no existen derechos ni garantías individuales; la libertad de prensa brilla por su ausencia y la discrecionalidad del Estado con frecuencia asume caracteres policíacos.

No puede obviarse tampoco la existencia en Cuba de una auténtica ley mordaza que considera como un delito punible hasta con treinta años de prisión toda discrepancia con el régimen. En estas circunstancias, la Argentina debe atenerse a tales datos y votar en función de principios, más allá de los alineamientos internacionales o de otras cuestiones pragmáticas.

Distinto es el conflicto suscitado por el prolongado embargo contra Cuba que viene sosteniendo Estados Unidos. Se trata de una política que se ha probado ineficaz para alcanzar su declarado fin de debilitar al gobierno de Castro y contribuir a la llegada de la democracia en la isla.

Diferentes voces, expuestas fundamentalmente en las cumbres de países iberoamericanos desarrolladas en los últimos años, han señalado la conveniencia de poner fin a esa estrategia desplegada por los sucesivos gobiernos norteamericanos durante más de tres décadas.

Si el embargo fuera levantado, el intercambio comercial, la asociación de empresas y la cooperación económica contribuirían -probablemente- a posibilitar un mayor contacto con las ideas de libertad económica y política y provocarían un impulso innovador en distintos sectores de la sociedad, lo cual podría conducir, en algún momento, a persuadir a la dirigencia cubana acerca de las bondades de un sistema basado en el libre flujo de la información y en las instituciones democráticas.

Es saludable que el presidente de la República haya tomado en sus manos con firmeza, como lo exige la Constitución, el manejo de las relaciones internacionales y haya antepuesto a cualquier otra consideración la defensa de los supremos principios que amparan la dignidad de la persona humana.

Es de esperar que el mismo celo para anteponer los principios a las conveniencias pragmáticas se observe, en el mundo, a la hora de considerar la situación de otros regímenes despóticos, como el de China. La diplomacia de los países democráticos no debería hacer distingos injustificados al ejercer la defensa de los derechos humanos y al rechazar los atropellos de los regímenes totalitarios.

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