Daños y perjuicios: ¿Dónde está el culpable?
Tania Díaz Castro, PPDHC
LA HABANA, agosto - A nadie se le ocurriría reclamar una indemnización por daños y perjuicios al gobierno cubano cuando sufre un accidente automovilístico por un bache en plena vía pública, cuando sufre la fractura de un hueso al caer en un hoyo de una
acera o se accidenta al desplomarse un edificio propiedad estatal.
La Caja de Resarcimiento, esa entidad que se considera una especie de mediador de competencia civil entre las víctimas y los victimarios, jamás le reclamaría nada al Estado.
Es por eso que aumentan los accidentes de trabajo y de tránsito. Según datos ofrecidos por la Dirección Provincial del Trabajo de La Habana a la prensa oficial, los organismos que mayores afectaciones sufren son el Ministerio del Azúcar, Turismo y Transporte. En lo
que va de año, por ejemplo, existe un promedio de tres fallecidos y 23 lesionados cada 24 horas en accidentes de tránsito, lo que hace uns suma de 473 muertos y 3 mil 827 heridos. Las bicicletas -idea del Estado- continúan siendo vehículos de alta peligrosidad, con una
suma de 104 víctimas mortales y 837 lesionados en sólo seis meses.
En las montañas se acumula un alto por ciento de accidentes. Me imagino en qué condiciones están esas vías, si las de la capital del país están abandonadas.
Refleja la prensa oficial además que hay un gran atraso en la evaluación y prevención de los riesgos laborales, pues la implantación de la Resolución No. 23 del año 1997, relacionada con la adopción de medidas específicas, sólo ha
logrado el 2,7 por ciento en cuanto al proceso de implantación de esa Resolución en el transcurso de dos años.
El panorama es bien desalentador. No sólo el trabajador cubano no labora en las condiciones sanas y seguras que señala la Constitución de la República, sino que la población no transita por vías seguras y mucho menos vive -una gran parte- en lugares
seguros, causas que aumentan los daños al medio ambiente.
¿Quién o quiénes son pues los que desoyen lo que aparece en la Constitución vigente? ¿Es el propio Estado cubano el que infringe las normas legales en vigor? Si es así, debe ser el acreedor de las sanciones pertinentes.
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