Publicado el martes, 29 de agosto de 2000 en El Nuevo Herald
La Habana acosa y deja sin trabajo a los balseros repatriados
Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald
Aunque se jugó la vida en el mar tratando de alcanzar las costas de la Florida, Luis Mora Morales reconoce que su odisea comenzó en tierra firme, el 16 de agosto de 1995, cuando fue devuelto a las autoridades cubanas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
Desde entonces, la batalla de Mora, de 56 años, se concentra en recuperar su trabajo como chofer de ambulancias en el hospital de Las Tunas, ciudad oriental de la isla, y reclamar que le restituyan los documentos que le fueron arrancados de su expediente laboral, sin los cuales peligra su
derecho a jubilación y la posibilidad de avalar más de tres décadas de trabajo.
"Me siento ultrajado como persona en este país y la situación es cada día peor'', declaró Mora por teléfono a El Nuevo Herald desde Las Tunas.
La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN), grupo al que el régimen de la isla no reconoce oficialmente, ha recibido en los últimos cinco años frecuentes denuncias de hostigamiento a personas que intentaron abandonar ilegalmente el país
y fueron capturados antes de llegar a Estados Unidos.
El presidente de la organización, Elizardo Sánchez Santacruz, indicó que hay incluso algunos encarcelados, aunque el motivo del arresto se atribuya a una causa delictiva.
"Todas las personas que son devueltas a Cuba quedan expuestas a la vigilancia de la policía política. Un número indeterminado de ellos pierden los empleos y todos por igual tienen que acostumbrarse a vivir como leprosos sociales'', señaló Sánchez
desde La Habana.
"Todos son sometidos a una investigación y fichados por la policía, sin excepción'', explicó el activista. "¿Por qué habría que fichar a una persona contra quien no van a tomar medidas posteriormente?''
Mora es uno de los 3,667 cubanos de la isla que desde 1995 han sido interceptados en el mar y en su inmensa mayoría repatriados por los guardacostas norteamericanos, en virtud de los acuerdos migratorios firmados entre La Habana y Washington al no cumplir los parámetros de la política
de "pies secos, pies mojados''. Según esta directriz, sólo pueden entrar a Estados Unidos los refugiados que toquen tierra. De la cifra anterior, apenas unos 200 han sido considerados con méritos suficientes para recibir refugio político.
Pero el pacto bilateral también estipuló que los cubanos devueltos no recibirían represalias por parte de las autoridades de la isla.
A muchos de los que son separados de sus puestos de trabajo tras ser devueltos a Cuba, se les comunica que carecen de la "idoneidad'' requerida. En sectores como la educación y el turismo, que observan la "confiabilidad ideológica'' de sus empleados, los despidos se han
recrudecido tras el oleaje de reafirmación revolucionaria que acompañó la batalla por el regreso del niño Elián González.
Leticia Guerra Lorenzo y su esposo, Fernando Salas Pellán, residentes en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, encararon sendas suspensiones laborales al ser devueltos el pasado 30 de mayo.
Salas, licenciado en Cultura Física, fue expulsado de la escuela Cuba Socialista y optó por apelar la decisión ante las autoridades del Ministerio de Educación. El dictamen fue tajante: "Separación definitiva del sistema nacional de enseñanza, con
imposibilidad permanente de ejercer su profesión, por intento de salida ilegal del país''.
Una denuncia recibida por el grupo Movimiento Cristiano Liberación atestigua que Salas fue citado días después por una funcionaria municipal del Ministerio del Trabajo, quien en presencia de dos oficiales del Departamento de Seguridad del Estado le ratificaron que jamás
volvería a trabajar en educación ni en el INDER (Instituto Nacional de Deportes y Recreación).
Su esposa, que se desempeñaba como técnica de computación, también fue puesta en la calle, con una nota en el expediente laboral por "salida ilegal del país''.
En Estados Unidos, sin embargo, el INS afirma que, por medio de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, monitorea regularmente la situación de los cubanos devueltos a la isla.
"Desde la firma de los acuerdos migratorios, estamos visitando las casas de las personas repatriadas y, en los casos que reportan una situación extrema de acoso, hacemos saber nuestra inquietud durante las charlas migratorias semestrales con los representantes del gobierno cubano'',
explicó Dan Kane, portavoz del INS en Washington.
Pero Kane reconoció que en muchas ocasiones las personas no quieren recibir en sus casas a los funcionarios norteamericanos, porque piensan que esa conversación "puede traerles problemas con el gobierno cubano''.
"Es ridículo pensar que los funcionarios norteamericanos tengan algún control efectivo sobre las personas'', opinó Leopoldo Ochoa, abogado de inmigración en Miami, quien recibió recientemente una carta de Mora pidiéndole cooperación para
emigrar a Estados Unidos.
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Revelan unos 15 casos de atropello
Una pequeña lancha con balseros cubanos abordo se aleja de la bahía de La Habana hacia las costas de los Estados Unidos.
Durante una investigación de más de dos meses, El Nuevo Herald recibió información sobre al menos 15 casos de personas afectadas por represalias luego de la repatriación.
Además de los casos mencionados en el reportaje, figuran entre los más relevantes:
El pelotero Andy Morales, quien había sido repatriado el pasado 7 de junio, llegó al siguiente mes a Estados Unidos en una presunta operación de contrabando. Aunque las autoridades cubanas aseguraron haberle dado un trato especial'' a su regreso, las propias evidencias
oficiales revelan que el estelar tercera base estuvo bajo un permanente control policial.
El obrero Ledys Ramírez Allardes fue expulsado de su empleo en la corporación turística Cubanacán, en Santiago de Cuba, en diciembre de 1999, por haber intentado abandonar el país. Según una carta enviada al trabajador por la dirección de la
empresa, fechada el pasado 3 de abril, "(...) en investigaciones hechas por la agencia empleadora en la cuadra donde vive el ciudadano, se tuvo información de que el mismo intentó salir de forma ilegal del país en el año 1994, y que el ciudadano tampoco participa en
tareas políticas del CDR [comités de barrio]. Por estos motivos la Comisión de Idoneidad no nos autoriza a darle más empleo al ciudadano''.
Olsen Martínez, de 25 años, residente del municipio de Alquízar, fue devuelto el 7 de julio y detenido pocas horas después por agentes de la Seguridad del Estado, quienes le advirtieron que de no encontrar trabajo en 72 horas sería encarcelado. Martínez
es delegado del Partido Unión Nacional de Opositores en su municipio y por ese motivo no halla empleadores. Su suerte es también la de sus colegas Ramón Cruz y William Borrego, quienes fueron interceptados en la misma travesía hacia la Florida.
George Cruz Triana, de 26 años, que laboraba en la Cadena Cubana del Pan, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue expulsado de su puesto. El director de la empresa lo consideró "no confiable'' tras hacer su tercer intento de salida ilegal del país
el pasado 22 de abril.
Wilfredo Cancio. El Nuevo Herald |
EU acusa a Cuba de prohibir la inmigración legal
Rui Ferreira. El Nuevo Herald
El gobierno estadounidense teme que el futuro de los acuerdos migratorios y la inmigración legal desde Cuba estén en peligro, reveló el lunes un importante funcionario de la administración Clinton.
La preocupación se basa, explicó el subsecretario de Estado, Pete Romero, en el hecho de que hace un año que La Habana no se sienta a conversar sobre el tema, últimamente le está negando a un número cada vez mayor de cubanos la salida del país
--lo que dificulta a Estados Unidos cumplir su parte--, y ha desencadenado una campaña muy dura contra la Ley de Ajuste Cubano.
"Claro que estamos preocupados. [El gobernante cubano, Fidel] Castro ha criticado la Ley de Ajuste después que lleva en vigor tanto tiempo, y lo que queremos es que los cubanos vuelvan a la mesa de negociaciones y encaremos el tema con seriedad'', dijo Romero en una conversación
telefónica con El Nuevo Herald.
El funcionario dijo que su gobierno hizo patente su disgusto a las autoridades cubanas mediante una nota diplomática entregada el lunes al jefe de la misión diplomática cubana en Washington, Fernando Remírez de Estenoz.
Romero añadió que el Servicio Guardacostas ha detectado en los últimos meses un número creciente de cubanos que llegan por mar, escapados de la isla, con documentación legal para entrar a Estados Unidos.
"Son personas a quienes les damos visas, pero el gobierno cubano no los deja salir del país y se desesperan. En términos concretos, las autoridades cubanas no dejan que esas personas se reúnan con sus familias'', enfatizó el funcionario.
La nota diplomática subraya que el gobierno cubano ha negado "arbitrariamente y de forma rutinaria'' los permisos de salida a personas aprobadas para entrar en Estados Unidos --incluyendo familiares de cubanos que han desertado en otros países--, ha interpuesto obstáculos
"injustos'' al personal médico que quiere emigrar e instituido impuestos de salida que rondan los $600, cuando en el país el sueldo promedio anual es de unos $140.
En Washington, un vocero de la misión diplomática cubana respondió a las acusaciones subrayando que la Ley de Ajuste Cubano es la "única responsable de las muertes de cubanos'' que tratan de llegar por mar a Estados Unidos.
De todos modos, las relaciones entre los dos países no parecen atravesar por su mejor momento. Romero admitió que "los contactos ya no tienen la fluidez de siempre'', y concedió que ha habido dificultades en lograr visas para que personal diplomático
estadounidense viaje a la isla. | 