Publicado el jueves, 24 de agosto de 2000 en El Nuevo Herald
Tal vez el problema más difícil que se encarará durante la transición para modernizar la administración pública de Cuba se refiere a los recursos humanos. Primero, por las repercusiones financieras de una burocracia tan grande. Segundo, porque el papel
reducido del estado requiere menos empleados. Tercero, por los malos hábitos generados por una gestión totalitaria y altamente centralizada, que crea una actitud autoritaria y arrogante hacia los ciudadanos. Cuarto, porque el compromiso ideológico puede inducir a muchos a
oponerse y tratar de subvertir las medidas adoptadas por el gobierno de transición, situación que han enfrentado en Europa oriental. Por último, porque la corrupción esté muy difundida y casi institucionalizada. A todos estos factores se agrega la turbulencia
prevaleciente durante la transición.
Además, hay poca experiencia sobre cómo encarar este tema puesto que los programas emprendidos para ayudar a los estados del ex bloque soviético han dado poca prioridad a este aspecto del problema. Sólo recientemente estos países han empezado a explorar cómo
tratar esta cuestión.
Como indica el informe de la CEPAL, el nivel de desempleo y subempleo en Cuba ha aumentado a niveles muy considerables. Cualquier reducción masiva en las nóminas del estado requerirá una política paralela agresiva de expansión masiva del empleo en el sector
privado. De otro modo, habrá un conflicto social considerable que el gobierno de transición no puede darse el lujo de enfrentar.
Dada la insuficiencia de las estadísticas sobre el empleo en el sector público, lo primero que se requiere es hacer un censo del servicio civil. El segundo paso tiene dos requisitos previos: uno, un programa de privatización masivo para generar empleo en el sector privado y
la definición de la estructura de organización para el estado reducido subsidiario, así como ciertos estimados del número de empleados públicos que se requerirán para atender este papel reducido. Hay que definir el número de empleados redundantes que
tendrán que ser absorbidos por el sector privado. Como los salarios que paga el gobierno son tan inadecuados, puede anticiparse que un número apreciable de funcionarios dejaría sus empleos por su propia iniciativa. De hecho, eso ocurre ya en la salud y el magisterio.
Para esta labor podría ser necesario el asesoramiento internacional. Igualmente, debería obtenerse la cooperación de especialistas cubanoamericanos a fin de evitar enfoques étnocéntricos o intentos de transferir directamente en forma intacta las experiencias de
Estados Unidos. Es poco probable que se encuentren disidentes para trabajar en estas cuestiones puesto que hay poca actividad profesional en este campo en Cuba, pero si los hubiera se les debe incorporar.
En los países comunistas, la administración de los recursos humanos del estado es responsabilidad del partido y Cuba no es una excepción. Por definición, durante la transición debe ponerse fin a esta función del partido. Por tanto, no hay leyes ni redes
institucionales a partir de las cuales construir una nueva administración pública cubana.
O sea, será preciso empezar de cero, emitiendo una legislación sobre servicio civil o la función pública y la creación de un organismo de servicio civil. El tema de la corrupción y las medidas para asegurar la transparencia en el nuevo servicio civil
tendrán que encararse tanto en la ley como en el organismo que se cree. Una vez más, se trata de una tarea para la cual pudiera iniciarse una labor de planificación a fin de tenerla pronta para el gobierno de transición.
Por último, habrá que encarar tareas de reeducación para cambiar la conducta de las personas que trabajarán para el estado en la transición al régimen democrático y la economía de mercado. La experiencia más notable en este tipo de
tarea ocurrió en Singapur cuando este país se independizó. El gobierno postcolonial se vio frente a empleados públicos orientados a desempeñar el papel de una administración colonial dominados por funcionarios de habla inglesa, que tenían una actitud
muy arrogante hacia los ciudadanos, la mayoría de los cuales eran chinos. En el régimen colonial los empleados públicos tenían una mentalidad de control más que de servicio. El gobierno postcolonial tuvo que cambiar esa cultura institucional y lograron hacerlo,
como explicara S. T. Quah Jon ante una conferencia sobre servicio civil auspiciada por el Banco Mundial.
Hay muchas similitudes entre la situación que enfrentó Singapur tras su independencia y la que enfrentará el gobierno de transición en Cuba. El caso de Singapur es el único conocido por este autor de un esfuerzo deliberado que tuvo éxito en cambiar la
cultura institucional de una administración pública nacional. Requirió una actividad de capacitación masiva, entre otras medidas. Un programa similar debe prepararse para que esté pronto para aplicarlo durante la transición en Cuba. Sin un cambio masivo de
conducta de los funcionarios del estado no se va a lograr la transición a la democracia o a la economía de mercado.
Cuba puede aprender de las experiencias de otras sociedades que han atravesado transiciones de sistemas de gobierno. Hay que evitar la pérdida de tiempo y esfuerzos como resultado de la falta de atención prestada a esta aspecto esencial de la creación de un sector público
nuevo que responda a las necesidades de un gobierno democrático y una economía de mercado.
El tema de los recursos humanos del estado en la transición se discute más ampliamente en un documento al que puede accederse en Cubanet bajo Opiniones. También se discutirá en el programa 'Sin pedir permiso' que se transmitirá por Radio Martí a las
10:00 a.m. el 26 y el 27 de agosto del 2000.
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