.Publicado el 18 de agosto de 2000 en El Nuevo Herald
Denuncian acoso de disidentes y prisioneros políticos en Cuba
Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald
Al calor de exaltadas campañas de "reafirmación revolucionaria'', el régimen cubano ha venido arreciando durante las últimas semanas los actos de represión y hostigamiento contra la disidencia interna y los prisioneros políticos, indicaron fuentes
dentro y fuera de la isla.
"Desde hace algún tiempo es raro el día que no se producen detenciones, visitas policiales, advertencias amenazantes contra miembros de la disidencia y los movimientos opositores'', señaló desde La Habana Elizardo Sánchez Santacruz, presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CNDHRN).
Aunque Sánchez Santacruz consideró que se trata de una "represión de bajo perfil'' en comparación con la oleada que siguió a la IX Cumbre Iberoamericana, celebrada el pasado noviembre, dijo que el régimen castrista mantiene una actitud "incesantemente
hostil''.
Este miércoles se reportaron varios arrestos entre los miembros del ilegal Partido Ortodoxo, que organizó una peregrinación a la tumba de Eduardo Chibás (1907-1951) para conmemorar el 49 aniversario de su muerte.
A pesar de la presión policial, un grupo logró reunirse en el habanero Cementerio Colón y realizar el acto de recordación.
Otros hechos represivos reportados en las últimas dos semanas son:
Redada policial en todo el país contra activistas sindicales que planeaban reunirse en La Habana para organizar un congreso nacional de la Central Unitaria de Trabajadores Cubanos. Al menos 12 personas fueron arrestadas.
Registro y confiscación de juguetes y libros infantiles en la casa del activista Roberto de Miranda, del Colegio de Pedagogos Independientes. Un ciudadano estadounidense que le llevó los donativos fue arrestado.
El periodista independiente Luis A. Rivera, de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), fue objeto de un registro humillante cuando intentaba viajar a La Habana desde la terminal ferroviaria de Santiago de Cuba.
La opositora Martha Beatriz Roque, en libertad condicional, ha sido hostigada en su casa por provocadores y ha recibido llamadas con amenazas de muerte.
El recrudecimiento represivo parece haberse extendido también a las cárceles, según denuncias confirmadas ayer por El Nuevo Herald.
En Miami, el Directorio Revolucionario Democrático Cubano hizo pública una alarmante denuncia de Cecilio Monteagudo Sánchez, preso en la cárcel de Guamajal, en Santa Clara.
Monteagudo Sánchez, de 29 años, reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, logró sacar una carta en la que describe las precarias condiciones de alimentación y atención médica dentro del presidio.
"Estoy [...] en un área recluido con delincuentes comunes de alta peligrosidad, con un nivel de hacinamiento gigantesco... Estoy privado de la seguridad contra el contagio de las enfermedades aquí existentes, como tuberculosis, hepatitis, padecimiento de la piel, parásitos
y amebas'', relató el prisionero, que cumple una condena de cuatro años.
El periodista independiente Raúl Rivero recibió denuncias del prisionero Bernardo Arévalo Padrón, quien le escribió quejándose de la "terrible situación'' a la que es sometido por las autoridades de la prisión de Ariza, en Cienfuegos.
"Hay una prisión permanente que no afloja, ni en las calles ni en las cárceles'', comentó Rivero.
Funcionarios cubanos irán al juicio de los espías
Rui Ferreira. El Nuevo Herald
La defensa de al menos dos de los supuestos espías castristas capturados en Miami hace dos años tiene un aliado poco común: el gobierno cubano, que ha permitido que algunos de sus funcionarios presten testimonio ante el tribunal estadounidense que escucha el caso.
Entre los funcionarios se encuentran un teniente coronel del Ministerio del Interior, un profesor de la Universidad de La Habana y un par de agentes que dijeron haberse infiltrado en organizaciones del exilio cubano.
Su objetivo es demostrar que la "Red Avispa'', desbaratada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en septiembre de 1998, buscaba proteger a la isla de atentados terroristas, y no espiar instalaciones militares estadounidenses, como consta en los cargos.
"Los grupos terroristas de la inmigración cubana constituyen un peligro real, presente y tangible para la seguridad nacional de Cuba y Estados Unidos'', declaró José Luis Méndez, profesor de la Universidad de La Habana, en un affidavit presentado en un tribunal
federal de Miami.
A su vez, en un memorando enviado esta semana a la jueza que preside el caso, Joan A. Lenard, el abogado defensor Joaquín Méndez --sin relación con el profesor de la isla-- añadió que Cuba había informado a Estados Unidos sobre las actividades de grupos
del exilio.
Incluso, aseguró Méndez, el FBI llegó a reclutar como informantes por lo menos a dos de los supuestos espías, para enterarse de las actividades anticastristas en Miami.
Uno de ellos fue el piloto Juan Pablo Roque, un agente castrista infiltrado en el movimiento Hermanos al Rescate que escapó a Cuba el 24 de febrero de 1996, dos días antes del derribo de las avionetas del grupo por aviones castristas.
Según dijo entonces un vocero del FBI, la agencia federal pagó casi $7,000 a Roque, quien se ofreció como informante tan pronto llegó a Estados Unidos en 1992.
"De hecho, las pruebas presentadas por el gobierno muestran que las autoridades federales estaban tan interesadas en las actividades de estos grupos como las personas acusadas de ser espías cubanos'', enfatizó el abogado.
El FBI nunca ha admitido la existencia de un segundo agente.
También, dos de los acusados, Rubén Campa y Luis Medina, entregaron declaraciones de testigos recogidas en Cuba por un enviado de la defensa basado en Puerto Rico, con las cuales pretenden demostrar que los grupos del exilio representan un peligro para La Habana, y por eso se
justifica la presencia de una red de informantes en la ciudad.
"Toda la documentación presentada por el gobierno [estadounidense] hasta hoy muestra ampliamente que Campa no estaba interesado en instalaciones militares estadounidenses o secretos suyos'', afirmó el abogado Méndez. "Las supuestas actividades de Campa estaban
orientadas a monitorear los grupos anticastristas que están enfrascados en una serie de campañas para derrocar violentamente el régimen de [Fidel] Castro''.
Según la defensa, enviados de grupos anticastristas --que no son identificados en los documentos-- colocaron bombas en hoteles y restaurantes de la isla para afectar la industria turística cubana.
Otro testigo de la isla es el teniente coronel del Ministerio del Interior, Roberto Hernández Caballero, quien investigó la ola de atentados ocurridos en la isla en 1997.
Tras entrevistar a acusados, entre ellos dos salvadoreños condenados a muerte en la isla el año pasado por colocar siete bombas, Caballero afirmó que había llegado a la conclusión de que el exilio estuvo detrás de los atentados.
"Como resultado de mis investigaciones de actos de terrorismo en Cuba, puedo sostener categóricamente que siguen los planes para colocar bombas en La Habana y en aviones comerciales que traen turistas'', indicó el oficial.
Tanto Caballero como Felipe Hernández, otro de los declarantes y agente de seguridad del Hotel Meliá-Cohiba en la capital cubana, expresaron que las instalaciones turísticas cubanas siguen recibiendo amenazas telefónicas de bombas.
"La última fue hace unos 10 días'', expuso Hernández en su declaración, recogida el pasado 13 de julio.
El tribunal de Miami empezará a juzgar a cuatro de los cinco presuntos espías el próximo 5 de septiembre.
Preparan homenaje a los abogados del caso Elián
Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald
El equipo de abogados que defendió la permanencia del niño Elián González en Estados Unidos durante siete meses de cruentas batallas legales recibirá un homenaje público el próximo mes en Miami.
El reconocimiento al grupo de unos 20 abogados que participaron en el proceso legal como representantes de Lázaro González, tío abuelo de Elián, está siendo organizado por el publicista Armando Gutiérrez, quien fungió como vocero familiar desde la
llegada del niño náufrago al hogar de La Pequeña Habana.
"Queremos hacer una ceremonia popular para honrar a los verdaderos héroes de la batalla por Elián'', señaló Gutiérrez, presidente de la firma Gutiérrez & Associates.
De acuerdo con Gutiérrez, el homenaje a los abogados servirá de desagravio a la comunidad cubana, tras el reconocimiento oficial hecho esta semana por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) a 114 agentes federales que, el pasado 22 de abril, participaron en
la operación para reunir a Elián con su padre.
Entre los homenajeados estarán los abogados Manny Díaz y Kendall Coffey, quienes estaban en la casa de los González la madrugada del asalto y fueron humillados y rociados con gas pimienta por los agentes.
"¿Había alguna razón para premiar a agentes armados que penetraron por la fuerza en una casa humilde y sacaron un niño aterrorizado para contentar los deseos de Fidel Castro?'', se cuestionó Gutiérrez. "La comunidad cubana ha sentido esto como
una repetición de la ofensa''.
En el grupo --con mayoría de abogados de origen no cubano-- figuran también Brett M. Kavanaugh y Jeffrey Bossert Clark, de la firma Kirkland & Ellis, de Washington, quienes se incorporaron en la etapa final de las apelaciones ante el Tribunal del Onceno Circuito en Atlanta y el
Tribunal Supremo de la nación.
Aunque aún no están determinados la fecha ni el escenario para agasajar a los abogados, Gutiérrez confirmó que será en la segunda quincena de septiembre, en una locación donde pueda reunirse una amplia representación del pueblo de Miami.
"Es importante repetir que todos los abogados trabajaron sin cobrar un centavo, a pesar de la duración y la intensidad del trabajo que realizaron'', recordó el publicista.
La prensa oficial cubana ha insistido en que los abogados de Lázaro González cobraron altas sumas de dinero por intervenir en el caso Elián, procedentes de un fondo fiduciario creado para respaldar financieramente el proceso legal.
Precisamente, la ocasión se aprovechará para hacer entrega del dinero sobrante del Elián González Defense Trust Fund a la Liga Contra el Cáncer, con el propósito de dedicarlo al tratamiento de niños enfermos.
Establecido por el Ocean Bank, el fondo llegó a tener $210,000 por vía de donativos y sirvió exclusivamente para costear gastos de viaje y viáticos de los abogados. Una junta de fideicomisarios administró las erogaciones.
La junta de fideicomisarios informó que aún no se han cerrado las operaciones finales, pero se estima que la suma sobrante podría alcanzar los $100,000.
Resuelto México a enviar a nadadora a las Olimpiadas
Rui Ferreira. El Nuevo Herald
La polémica suscitada en España sobre la participación de deportistas cubanos con otras nacionalidades en pruebas olímpicas se trasladó a México, donde las autoridades aseguraron que las leyes de ese país prevalecerán sobre cualquier
designio castrista.
"Si protestan, llevaremos la ley mexicana'', sostuvo el jueves el jefe de la delegación olímpica mexicana, Felipe Muñoz, quien pretende llevar a los juegos de Sydney a la nadadora cubana Liliana Allen.
Allen se naturalizó mexicana en 1998, pero la Cancillería del país azteca la consideró su ciudadana desde hace cinco años, cuando se casó con un mexicano e inició los trámites de naturalización.
"[Allen] se casó en los dos países con un mexicano. Nosotros no la sacamos, ni la trajimos'', enfatizó Muñoz invocando la constitución de su país, cuyo artículo 30 refiere que son mexicanos por naturalización los extranjeros "que
contraigan matrimonio con mujer o varón mexicano''.
En una interpretación estricta de la ley, añadió Muñoz, Allen es mexicana desde 1997, aunque el proceso haya concluido en 1998, con lo cual se cumplen los tres años de plazo que permitirían su participación en los Juegos Olímpicos de este
verano bajo la bandera de su nuevo país.
Hace dos semanas estalló una polémica entre España y Cuba respecto a la corredora Niurka Montalvo, a quien las autoridades deportivas cubanas negaron el permiso para ir a Sydney en representación del país ibérico.
El martes, el presidente del Comité Olímpico Cubano, el español naturalizado cubano José Ramón Fernández, aseveró que jamás dará permiso a atletas cubanos que han tomado otras nacionalidades hasta que no pasen los tres años
establecidos por el Comité Olímpico Internacional.
Montalvo recibió la nacionalidad española el año pasado, pero La Habana ha politizado su caso, ya que además de esgrimir el reglamento olímpico la ha criticado en términos ideológicos.
El miércoles, el presidente de la Federación Cubana de Atletismo, Alberto Juantorena, declaró en La Habana que Montalvo había "desertado'' de la delegación cubana en 1997.
Según el diario oficial Granma, Juantorena indicó que "todo su talento y madurez deportiva [de Montalvo] se debe al movimiento deportivo cubano, que [ella] desertó y traicionó al movimiento deportivo cubano, previo a la cita mundial de 1997 en Atenas, y calificó
[el gesto] de un flagrante robo de atleta, de talento, seducida por las ofertas millonarias de los mercenarios del deporte, prevaleciendo la corrupción [sic]''.
Sin embargo, Juantorena, quien fue campeón olímpico en 1976, afirmó ayer en Madrid que en la isla "no hay nada contra esa atleta'', pero que de todos modos Montalvo no va a Sydney.
"Es un tema más político que deportivo que casi no tiene solución. Es muy difícil que este tema se resuelva, salvo que se den cuenta de que han metido la pata'', comentó el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alfredo
Goyeneche.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la posición cubana en sí es una contradicción, porque en el caso de otro deportista naturalizado español, el nadador Iván Pérez, tampoco la isla le dará permiso para ir a Sydney, aunque "tengo
una carta de la Federación cubana en la que nos dicen que Pérez es una persona maravillosa, instándonos a que representara a nuestro país. Se contradicen ellos mismos''.
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