LA HABANA, Cuba – La Dirección General para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, adscrita a la Comisión Europea en Bruselas, posee una oficina enfocada en América Latina y el Caribe. En algún buró emplazado en sus laberínticos pasillos se concretan los acuerdos entre la representación europea y las autoridades cubanas. Se trata de decenas de programas para ayudar a la población de la Isla, aunque en ocasiones generan efectos no deseados.
Los proyectos que ya están en curso entre ambas partes llevan títulos irreprochables y están relacionados con la seguridad alimentaria, la energía, la atención a desastres naturales o la protección del medio ambiente. Entre ellos destacan algunos planes de asistencia a cooperativas para que eleven la producción de leche. Colaboraciones tan meritorias como necesarias.
Nadie en su sano juicio puede anteponer algún cuestionamiento político a planes de esa naturaleza. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué entidades dentro de la Isla pueden contactar, solicitar y acceder a los programas que apoya la Comisión Europea. La respuesta a esa pregunta dejará en evidencia los encorsetados límites que impone la burocracia y una marcada verticalidad en el mecanismo de recepción de las ayudas.
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