LA HABANA, Cuba, enero, 173.203.82.38 -Al iniciar el año el gobierno cubano activó un mecanismo para conceder subsidios financieros a las familias incapacitadas para costear la construcción, remodelación y reparación de sus viviendas. La medida constituye un intento de paliativo a la enorme crisis habitacional que padecemos y una reafirmación de la vocación de hegemonismo y control paternalista que como enfermedad incurable padece el alto liderazgo de la isla.
El caso es que después de varias décadas de monopolizar la construcción, distribución y otorgamiento de las viviendas. Después de utilizar ese monopolio para condicionar a la fidelidad política el acceso a la vivienda, el gobierno cubano se presenta incapaz de cumplir este cometido que el mismo se impuso y pasa a las victimas la responsabilidad y el reto de enfrentar uno de los más complejos problemas sociales que hoy agobian a nuestro país.
Ante el colapso y extremo deterioro del fondo habitacional, el panorama desolador que dejaron en varias localidades del país los huracanes de la década pasada, luego del fracaso rampante de una prometida cruzada de construcción de cien mil casas en un año, que por cierto nadie creyó posible hace un lustro, con la misma tranquilidad con que se comprometió en su momento a resolver, desde el poder, el problema de la vivienda, el ex presidente Castro decidió hace unos años que los ciudadanos debían construir sus propias casas.
Tan genial idea del máximo líder le sacudió de encima un problema más a las autoridades que no se sonrojan para dar reporte de unas pocas decenas de viviendas terminadas o remodeladas cada año, mientras se ocupan de distribuir casas nuevas a jefes militares y de entidades represivas como una vía ideal de comprar lealtades de quienes deben garantizar su poder por medio de las armas y el terror de estado según sea el caso.
Tan genial idea del máximo líder colocó a los muchos cubanos que no pertenecen a la élite minoritaria y privilegiada, ante la encrucijada de seguir sufriendo las condiciones infrahumanas de vida, el hacinamiento y la desesperanza o sentarse sobre el polvorín económico y emocional que significa, en las condiciones de Cuba, emprender un proceso de construcción de alguna dimensión.
Los pocos cubanos que por alguna razón u otra cuentan con suficientes recursos financieros para asumir el cometido no dejan de sufrir el trauma que implica enfrentar la saga de carencias e ineficacia que padece el sistema estatal de distribución.
Qué decir de los pobres ciudadanos -la inmensa mayoría- que mal viven de esos magros salarios que gracias a las medidas de „redimensionamiento del modelo económico‰ tienen cada día menos valor y poder adquisitivo. Los cubanos cuando intentan construir una vivienda nueva porque carecen de techo, ampliar su morada donde ya no caben hacinados más integrantes de varias generaciones o reparar para que techos y paredes no sepulten a los moradores, deben enfrentar los altos precios de los materiales, la deficiente gestión de las entidades responsables y la corrupción, ya convertida en pandemia para nuestra sociedad.
A estas alturas los cubanos, obligados a gastar varias veces el monto de sus ingresos para mal alimentar a sus familias, debían además enfrentar la compra de materiales de construcción en divisas o a altísimos y desproporcionados precios. Con un salario mínimo de 225 pesos mensuales (alrededor de nueve dólares), una ventana de aluminio cuesta más de 700 pesos y un barril de aluminio para almacenamiento de agua 168 pesos, por solo poner un par de ejemplos. Constituye un triste espectáculo ver a muchos ciudadanos pasar días y días en las afueras de los centros de venta a la espera de obtener los ansiados materiales de construcción, mientras estos son desviados para la venta ilícita a mejores postores o exhibidos por la televisión nacional amontonados por miles de toneladas en almacenes estatales.
Los nuevos subsidios para construcción y reparación de viviendas encuentran a La Habana en ruinas, a miles de citadinos hacinados en albergues supuestamente temporales pero sin esperanza de recibir la tan anhelada y prometida vivienda, a muchos cubanos viviendo en chozas a lo largo de todo el país y a muchos damnificados por catástrofes meteorológicas de años pasados esperando por la solución a sus tragedias.
Una comisión estatal determina qué familia es elegible para ser agraciada con el mencionado subsidio destinado a comprar los materiales de construcción en pesos cubanos o en divisa, así como a pagar la mano de obra de las tan esperadas obras constructivas.
Está por ver cuántas familias pueden en realidad beneficiarse y aliviar sus angustias vivenciales con este nuevo proyecto. Solo el tiempo dirá si la justicia y eficiencia ganarán esta partida a la desidia y la corrupción, las vencedoras habituales.
De cualquier manera el gobierno cubano persiste en mantenerse como distribuidor y benefactor supremo, sin abrir los espacios a la iniciativa privada y cooperativa en el sector de la construcción, determinación que podría aprovechar la capacidad empresarial, así como la amplia experiencia profesional y laboral acumulada por muchos ciudadanos para avanzar con rapidez y calidad en el enfrentamiento al desastre y la desesperanza generadas por las reiteradas promesas incumplidas y tanto capricho hegemonista.