LA HABANA, Cuba, agosto (173.203.82.38) – A Carmen Rosa Torres y a su hija Laura las conocí una tarde en el Centro Nacional de Rehabilitación del hospital Julio Díaz. Me llamó la atención ver a aquella mujer cargando a una niña tan crecida. Al conversar con la madre soltera conocí su tragedia.
La hija de Carmen, Laura Gutiérrez, tiene nueve años. Padece de parálisis cerebral congénita, hemiplejia de la zona izquierda y retardo severo en el desarrollo psicomotor. Madre e hija residen en una zona rural de la provincia Ciego de Ávila.
Carmen, que dedica todo su tiempo al cuidado de la hija, recibía una pensión de la seguridad social de 158 pesos, equivalentes a seis dólares cincuenta centavos. El pasado diciembre le fue retirada la ayuda porque, según le dijeron, se iba a analizar su caso.
La niña no tiene siquiera un sillón de ruedas para trasladarse. “El año pasado -refiere Carmen- la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores de la provincia recibió una donación de sillones de ruedas que se vendieron a 77 pesos, sin tener en cuenta que los discapacitados pagan una cuota a la organización, supuestamente no gubernamental. No se tuvo en cuenta la gravedad de mi hija”.
El gobierno realizó una investigación con el propósito de registrar y resolver las necesidades de los discapacitados, y aunque muchos especialistas llevaron esta campaña a varios países latinoamericanos, Laura fue excluida de tales beneficios.
Al señor Juan José Ortiz, representante en Cuba de UNICEF, le satisface decir que de los cientos de miles de niños latinoamericanos que viven en la pobreza, ninguno es cubano. Sin embargo, si los funcionarios de UNICEF en la isla se dignaran mirar seriamente la realidad de Cuba, descubrirían muchas tragedias como la de Carmen y su hija.