LA HABANA, Cuba, noviembre de 2013, www.cubanet.org.- La producción agropecuaria en Cuba ha fracasado estrepitosamente. Ha descansado durante más de medio siglo en las granjas y las empresas agrícolas estatales, así como el acopio y la comercialización mayorista y minorista con precios topados, que se han ejecutado en los mercados concentradores y agropecuarios estatales, con pésimos resultados de su gestión.
La Comisión de Implementación de los 313 Lineamientos Económicos aprobados en abril de 2011 en el VI Congreso del Partido Comunista, ha descubierto el agua tibia. Tuvo necesidad de experimentar por más de dos años para descubrir lo que normalmente se realiza sin ningún problema en la mayoría de los países del mundo.
El gobierno cubano, con su errática política de centralización estatista, que tiene como sostén la planificación y no el mercado, ha arribado a la feliz conclusión de que eso no ha servido para nada.
Lo que verdaderamente resolverá todo lo relacionado con la compra y comercialización de los productos del agro será la aplicación de los mecanismos de la libre concurrencia -léase mercado-, tal como reza en el lineamiento número 181.
El Decreto-Ley No. 318/ 2013 apareció publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 35 del 6 de noviembre. En dicha Gaceta Oficial también aparece la Resolución No. 673/2013 del Ministerio de la Agricultura.
Una lectura detallada de los dos instrumentos legales que serán puestos en vigencia de manera experimental por espacio de un año en las provincias Mayabeque, La Habana y Artemisa, pone de relieve el fracaso de la gestión estatal en la agricultura.
El gobierno tuvo que esperar más de 50 años para reconocer que la verdadera solución al grave estancamiento de la producción agrícola para que se pueda garantizar de manera efectiva la rebaja de los precios de los productos, es con la aplicación de los mecanismos de mercado, en las diferente formas de producción y comercialización, sean estas estatal, privada o cooperativa.
El gobierno de Raúl Castro con la puesta en vigencia del Decreto-Ley y la Resolución, ha tirado al vertedero el férreo y inefectivo control que ejercía el Estado sobre la agricultura.
Estos cambios responden a la necesidad de eliminar de una vez por todas los obsoletos y burocráticos mecanismos de comercialización estatal que entorpecen el despegue la actividad agrícola, para hacerla más eficiente, dinámica y rentable.
Tanto el decreto-Ley como la Resolución están dirigidos a agilizar los procesos de comercialización y simplificar la relación entre el productor y el consumidor.
Dichos instrumentos legales autorizan que los productores concurran al mercado por sus propios medios, sin necesidad de las corruptas empresas de Acopio y los intermediarios.
Tanto el Decreto-Ley como la Resolución establecen que en la red de establecimientos de venta de los productos del agro, las ventas minoristas que prevalecerán son las que se regirán por las leyes del mercado.
De las cuatros modalidades de mercado minorista que se experimentarán, una será gestionada por empresas estatales, pero en igualdad de condiciones.
De acuerdo a lo que fija la legislación, a los mercados se les permitirán precios de acopio centralizados.
De igual forma, los precios minoristas de venta serán regulados por las empresas a las que pertenecen.
En Mayabeque, La Habana y Artemisa funcionan 90 mercados de cooperativas no agropecuarias. A ellos se les suman los mercados de oferta y demanda, los puntos de ventas y los carretilleros (vendedores ambulantes). Todas estas modalidades de comercialización de productos del agro de ahora en adelante se regirán por las leyes del mercado.
¡Nadar tanto para terminar en la orilla!