LA HABANA, Cuba, mayo, 173.203.82.38 -Debido a la cacería de brujas y a los nuevos controles de la administración del presidente Raúl Castro, en Cuba son cada vez más frecuentes los incendios provocados, los autorobos y los asaltos a establecimientos e instituciones estatales, para borrar evidencias; así como el suicidio, o la fuga del país de funcionarios y administradores del Estado. A tenor de estos fenómenos, la cacería de culpables no siempre se ajusta a un proceso limpio de investigación o penalización.
Uno de estos casos es el de Raíza Elena Castañeda Echeverría, una madre soltera, de 44 años, residente en el poblado Liberación, de la occidental provincia Mayabeque. Desde el 24 de enero de 2012, Raíza está recluida por el delito de “estrago”, en un centro de investigación del Ministerio del Interior (MININT), conocido como Cien y Aldabó.
Raíza Elena trabajaba como responsable de vida interna en la Escuela Internacional de Deportes y Educación Física (EIFD). Todo comenzó entre las 5:30 y las 6:00 am, del 27 de septiembre de 2011, cuando la EIFD sufrió un incendio de grandes proporciones, con el saldo de una estudiante boliviana fallecida y parte de los dormitorios desbastados por las llamas. El gobierno y los medios de prensa oficiales no se pronunciaron sobre el incidente. La página digital Cubanet publicó una información al respecto, el 30 de septiembre, a cargo del periodista independiente José Antonio Fornaris.
Raíza Elena Castañeda, junto a Nguyen González Vargas, administrador de la EIFD, enfrenta un proceso de investigación como presunta culpable del incendio. El proceso está en manos de dos oficiales del MININT, la capitana Támara y el mayor Ávalos, quienes solicitaron el plazo de un mes más para precisar la situación.
Mientras se definen los posibles culpables, Henry Castañeda Echevarría, hermano de Raíza y responsable actual de la custodia de sus dos hijos, enfrenta evasivas por parte de los investigadores. Según me comentó Henry , la mayoría de los estudiantes de la EIFD, con los que ha conversado sobre el hecho, aseguran que el incendio fue “producto de un corto circuito en uno de los dormitorios”. Por otra parte, dicen los estudiantes que una vez sofocado el incendio, la estudiante boliviana “murió, por asfixia, cuando intentaba recuperar su ordenador portátil dentro del albergue”, agrega Henry.
Entre las pérdidas materiales se registran decenas de colchonetas, camas y artículos personales.
Raíza Castañeda, una ciudadana sin antecedentes penales, asegura ser inocente.
¿Qué pasará si al cumplirse el mes solicitado por los instructores, no aparecen pruebas convincentes que involucren a Raíza o Nguyen? ¿O acaso es inexistente la posibilidad de que no haya culpables intencionales, porque el incendio fue producto de un accidente?
Al momento de redactar estas líneas, Raíza llevaba dos meses y 17 días bajo investigación. Se rehúsa a que sus dos hijos la visiten en Cien y Aldabó.
Si finalmente el hecho es considerado un atentado contra la economía o la seguridad nacional, el gobierno probablemente exigiría castigos muy severos para los presuntos culpables del incendio, como escarmiento. Paradójicamente, es ese mismo gobierno que ahora se dedica a imponer castigos ejemplarizantes a quienes atenten contra la economía, el que ha causado los mayores estragos a la economía nacional durante 53 años seguidos.