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jueves, 24 de julio 2014

Dos consultorías, un negocio redondo

La corrupción y el burocratismo estrechan lazos en los servicios jurídicos para la legalización de documentos, en Cuba

LA HABANA, Cuba, junio, 173.203.82.38 -El régimen cubano tiene establecido los servicios jurídicos de legalización de documentos públicos o privados por medio de las llamadas consultorías internacionales, pertenecientes al Ministerio de Justicia. Esas entidades los presentan al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), que los certifica, autentica y legaliza.

Existen consultorías en las capitales provinciales. En La Habana hay dos oficinas: una en Miramar, que tramita y cobra sus servicios en pesos convertibles, ya sea para cubanos o extranjeros; y otra en el Vedado, que presta su asistencia a los nacionales, sin que intervenga pago en efectivo, pero gravada con sellos del timbre por valores de hasta siete dólares.

Esas oficinas evalúan los documentos que les presentan, al objeto de determinar si reúnen los requisitos para ser legalizados en el Minrex. Sin embargo, la prestación de estos servicios se ha convertido en un prolongado proceso de verificación, dirigido a comprobar la legitimidad del documento, entre los dos organismos del sistema totalitario cubano.

Fuera de la capital del país, los trámites demoran más de dos meses. En La Habana, tiempo atrás, duraban diez días, como máximo. Ahora se dilatan 27 días hábiles, o sea, cerca de seis semanas. Pero el usuario recibe una advertencia: Es mejor que venga diez días después de la fecha indicada. Nada menos que siete semanas para un oficio tan sencillo.

La historia no termina ahí. Frente al centro consultor del Vedado brindan igual servicio en sólo 24 horas, a un costo de 80 dólares, previo pago de la mitad del costo del trámite. Este jugoso negocio no requiere divulgación ni carteles. Te lo pregonan desde 30 metros antes de llegar al centro estatal, sin que se observe competencia entre ambos prestatarios. Más bien parecen las dos caras de una misma moneda.

Lo más sugerente y preocupante es que, sin mostrar identificación alguna, los “promotores” privados, con buena presencia y formados al parecer en una exquisita escuela de agentes de trámites, te venden dicho servicio con la misma seguridad jurídica que los que brinda el Estado. Ellos también venden sellos timbrados en ambas monedas, sin que tengas que agobiarte para encontrar un correo o banco en los que se adquieren los mismos.

En mi condición de cliente del servidor público, aprecié que esta irregularidad no es perturbada por inspectores ni policías, y el centro consultor se desentiende de ello, lo que permite un ambiente de total tranquilidad para ambos servidores, que al parecer se conocen y se tratan respetuosamente.

Las evidencias son amplias: El pasado 3 de marzo, presenté varios documentos para su legalización, debía recogerlos el 18 de abril. A base de quejas e irritación, logré que me entregaran una parte el 27 de ese mes, y la otra, el 3 de mayo.

Como padecí en carne propia el servicio del Estado, los “promotores” me alertaron para que, en próximas ocasiones, acudiera a ellos.

Horrorizado y maltratado por la dilatación de los trámites, al que cientos de personas estamos sometidos diariamente, me personé el 24 de abril en la dirección de la Consultoría y en la de Legalizaciones del Minrex.

En la primera entidad hablé con el director, quien me dijo que las demoras son responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y que los “promotores” no son trabajadores de su entidad, además de ser pocos confiables. Agregó que para quejarme debía ir a la Consultoría de Playa, donde está su dirección superior. O sea, a pesar del maltrato sufrido, no podía ni siquiera quejarme allí. Tenía que probar suerte a 6 kilómetros, ante otro burócrata.

En el Minrex, conocí al ex cónsul de Cuba en Panamá, que me interpeló al oír mi relato a la recepcionista y me explicó que no se sabe cuántos funcionarios del área de legalizaciones han sido expulsados por corrupción. Dijo que canalizaría personalmente mi queja.

El diplomático me recomendó dirigirme a la Dirección de Legalizaciones. Personado allí, fui interceptado por un funcionario al que le relaté los percances y la posible morada de los “promotores” donde recepcionan y entregan los documentos legalizados. Apenas me creyó. Le pedí que me comunicara con el director de su oficina, pero me alegó, sin consultar al respecto, que éste no me podía atender. Tampoco aceptó que le presentara un escrito. Sólo me instó a acudir la semana siguiente.

Al parecer, no quieren que se conozca lo que está pasando, y los propios directivos no toman medidas para evitar el desprestigio que afecta a las dos instituciones públicas, lo cual he corroborado más tarde, cuando pasé a recoger otros documentos, que había presentado el 26 de marzo, y pude observar la continuidad del redondo negocio.

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Acerca del Autor

Ernesto García Díaz
Ernesto García Díaz

Graduado de Lic. en Derecho en la Universidad de Camagüey, Cuba. Abogado, notario y dirigente empresarial, consultor marítimo-portuario, especialista en comercio internacional. Autor con el Dr. René Gómez Manzano, del Proyecto de Ley Tierra y el Desarrollo Productivo.

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