LA HABANA, Cuba, febrero, 173.203.82.38 -En la madrugada del 6 de febrero, de 2012, Maritza Castro Martínez estaba profundamente dormida, en su vivienda, sita en Calzada de Buenos Aires 374, en el Cerro, La Habana, pero un fuerte ruido la despertó. Para su estupor, vio a dos hombres desconocidos parados frente a ella, a menos de un metro de distancia.
La miraban fijamente desde su terraza, a través de la ventana que aún estaba sin cristales y con la armazón de aluminio destrozada, por la acción de otros intrusos, pertenecientes a las bandas paramilitares movilizadas por la policía política. Relacionó la irrupción de estos dos sujetos con lo ocurrido unos días antes, cuando le destrozaron las ventanas.
Castro Martínez pertenece a Las Damas de Blanco y también al Movimiento “30 de Noviembre”. Es opositora política pacífica y activista defensora del respeto a los Derechos Humanos.
Comprendió que, al igual que los otros que habían roto las ventanas, estos hombres habían sido enviados para reprimir y retirar de la terraza los carteles antigubernamentales.
¿Alguien escucharía sus gritos y acudiría en su ayuda? Por su frente corrían gotas de sudor. No había frío, mas su cuerpo temblaba y su respiración era arrítmica y galopante. No sabía qué hacer, ni de qué serían capaces, o que ordenes tenían, aquellos personajes que parecían salidos de una pesadilla.
Tal vez los golpearían, a ella y a su hijo. Podrían intentar abusar de ella y, de ese modo, simular que eran sólo delincuentes comunes: robo y violación.
Se armó de valor y les gritó a los intrusos: “Ladrones. Descarados. ¿Qué hacen ahí, mirándome en ropa de dormir? Lo que hacen es un delito: violación de domicilio con fuerza”.
En eso llegó su hijo al cuarto. Ante los gritos de ambos, los individuos abandonaron la terraza, bajaron a la plancha del vehículo que los había traído (un camión estatal utilizado para recoger desechos), y abandonaron el lugar.
Pero a pesar de la rápida huida de los visitantes, Castro Martínez pudo identificar, agazapados en el parqueo de la vecina perfumería “Suchel”, a diez metros de su vivienda, a dos oficiales de la policía política a quiénes conocía. Se dirigió a ellos y les gritó: “Mañana pondré el doble de los carteles que me quitaron ayer”.
A mi pregunta sobre qué deccían las pancartas, Maritza me respondió: “Terrorismo no”; “Extorsión, no”; “Discriminación, no”; “Fidel y Raúl, paguen lo que rompen”; “¡Dictadura, no!; “Libertad de expresión, sí”.
Para Maritza, el asedio comenzó con la huelga de hambre que inició en su casa el 13 de diciembre de 2011, ocasión en que colocó carteles para que se conociera públicamente el motivo de su protesta: exigir la libertad de Ivonne Malleza e Ignacio Martínez.
Se mantuvo en la huelga durante 29 días (hasta el 11 de enero de 2012), y colocó varios carteles en la parte exterior de la terraza, precintados en las ventanas de cristal de su cuarto, que dan a la calle principal del vecindario, para que los transeúntes pudieran leerlos.
A los 26 días de iniciado el ayuno, varios de sus hermanos de lucha vinieron a verla, conocedores de que su salud estaba deteriorada en extremo, para apoyarla, solidarizarse y participar del ayuno, en el cual se mantuvo hasta que fue liberado el matrimonio de luchadores pacíficos.
Los días 6, 7, 8 y 9 de enero, mientras continuaba en huelga, sufrieron, ella y su familia, mítines de repudio, insultos, amenazas y frases soeces, que duraban desde horas tempranas hasta el anochecer, día tras día.
Fue entonces cuando, desde la calle, los paramilitares vestidos de civil empezaron a utilizar unas varas de varios metros de longitud, que son empleadas por la Empresa Eléctrica, para romper y quitar los referidos carteles. Maritza y sus hijos volvieron a colocar, como pudieron, otros carteles, el 2 de febrero.
Ahora reclaman al gobierno que sean reparados los destrozos causados por sus hordas. También se lo exigió verbalmente a los dos oficiales que dirigían el operativo policial. Esta conversación la sostuvo con el Teniente coronel Pérez Pérez, y con otro oficial que le acompañaba, ambos del Departamento de Seguridad del Estado.
Ellos trataron de justificarse, argumentando que la intención había sido retirar los carteles sin dañar la propiedad. Ella les ripostó: “¿Cómo van a compensarme los daños causados? Yo no tengo recursos para asumirlos. Fui expulsada de mi centro de trabajo, en el Bufete Colectivo “José Martí”, donde laboraba como técnico medio”.
Maritza ha colocado en su terraza nuevos carteles, iguales a los anteriores, y me comentó: “Ahora les resultará más difícil romperlos, porque los monté en unas planchas de madera ligera pero resistente, tapando los huecos que me dejaron cuando violentaron mi hogar. Veremos quién se cansa primero”.