LA HABANA, Cuba, junio, 173.203.82.38 -A partir del martes de esta semana los ciudadanos cubanos habrán alcanzado el acceso a internet, según anunciaron a bombo y platillo los medios de propaganda del régimen castrista. En realidad, lo modesto de la oferta no ameritaba tanta algarabía: serán apenas 118 salas en las que operarán en total 334 computadoras.
El precio cobrado por el codicioso estado es lo que sí no tendrá nada de modesto: 4.50 pesos convertibles (equivalentes a 4.90 dólares estadounidenses) por una hora. La cifra, aunque algo menor a la que hasta ahora había que abonar en los hoteles, sigue representando un tercio del salario mensual promedio de los cubanos.
Es un pequeño paso en la dirección correcta, pero la codicia gubernamental, más que a la simple ironía, invita al sarcasmo. Fue lo que de manera brillante evidenció el usuario Osvaldo Ulloa en un vitriólico comentario colgado en la red: “4.50 la hora es una ganga: 112 pesos cubanos; o sea, que trabajo una semana y me conecto una hora. Fabuloso”.
En realidad, son varias las operaciones aritméticas que la noticia invita a hacer. Se sabe, por ejemplo, que la instalación del cable submarino entre Venezuela y Cuba tuvo un costo de 70 millones de dólares. Por consiguiente (y hasta el momento), la suma invertida por cada una de las computadoras que utilizarán los usuarios cubanos asciende a la friolera de más de doscientos mil dólares.
Como cuestión de principio, se ha anunciado que no recibirá el servicio —y podrá incluso sufrir medidas punitivas— aquel que ponga en riesgo “la seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional” o “las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano”.
Fernando Ravsberg interpreta de modo tajante esas frases: ni política ni sexo”. Claro que el controvertido colega uruguayo debió haber precisado: política oposicionista. Aunque, en realidad, como son los mandones comunistas quienes determinarán, por sí y ante sí, el significado concreto de los mencionados eufemismos, tal vez sería mejor expresar: “Nada que las autoridades castristas no deseen”.
Debemos tener presente que, en principio, disposiciones análogas rigen para la contratación de los teléfonos celulares, aunque hasta ahora esta circunstancia no ha impedido el uso de éstos por parte de disidentes. No obstante, los desafectos sí han tenido que sufrir la arbitraria suspensión temporal del servicio, como sucedió de manera generalizada durante la visita del papa Benedicto XVI a Cuba.
Volviendo a las prohibiciones establecidas para los que naveguen en internet, como jurista me preocupa cómo serán ellas implementadas. El artículo 57 de la Constitución proclama de modo solemne: “La correspondencia es inviolable”. Sabemos que eso no se cumple, pero cuando se determine que alguien ha hecho oposición o se ha interesado en temas sexuales, se hará evidente una vez más que sus derechos han sido violados. Porque, si no, ¿cómo se habrá precisado que cometió una infracción!
Hay, en todo este contexto, otro asunto legal que llama mi atención: el caso del contratista norteamericano Alan Gross, preso en Cuba desde hace unos cuatro años. Como se sabe, el crimen terrible que él perpetró fue facilitar equipos de comunicación satelital a sus correligionarios judíos de la Isla, quienes entrarían así en la red mundial.
Se partía —pues— de una base: los cubanos no teníamos derecho a acceder a internet; por esa razón, estaba “atentando contra la soberanía del país” quien —como Gross— les viabilizara tal acceso. Pero si este último es ahora un derecho que, aunque pagándolo bien caro, podemos disfrutar, ¿entonces qué fundamento queda para los quince años de prisión impuestos al contratista estadounidense! ¡Mantener vigente esa arbitraria pena equivaldría a algo así como seguir castigando al poseedor de un par de dólares después que el gobierno despenalizó la tenencia de divisas!
En el ínterin, y a pesar del cable tendido por Venezuela, los agitadores castristas siguen hablando del “criminal bloqueo norteamericano” como supuesta causa de la reducida conexión de Cuba a la red. Y, desde las filas del oficialismo, un bloguero, con ínfulas de alternativo, clama por que se dicte una “Ley de Medios” que sancione a quienes con sus posts afecten “la imagen del país y del sistema”.