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viernes, 01 de agosto 2014

Caso Payá: ¿Podría naufragar ante la ONU?

Un paso para acabar con la impunidad de los cuerpos represivos en Cuba

LA HABANA, Cuba, marzo, 173.203.82.38 -La petición para que se realice una investigación “internacional e independiente”, sobre la muerte de su padre, que ha hecho ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Rosa María Payá – hija del desaparecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas- debería sentar un precedente histórico de cómo la Comunidad Internacional puede respaldar el interés de aquellos que no pueden defenderse ante el poderío sistémico de un Estado totalitario.

A pesar de que no se ha dicho una palabra en los medios informativos cubanos acerca de la declaración de Ángel Carromero – conductor del auto donde viajaba Payá- al diario The Washington Post, los cubanos enterados opinan con la invariable petición de reserva con sus nombres.

“Que sean esclarecidas las circunstancias de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero (el 22 de julio de 2012) es una cuestión de primer orden para todos los cubanos y especialmente para quienes han decidido manifestar su oposición (al régimen). Ningún cubano puede hacer, hoy en día, más que pedir la solidaridad internacional”, expresó un hombre de 55 años.

“Siempre pareció un accidente muy asimétrico. Quizá algo así sucede porque subsiste en la naturaleza humana una satisfacción maligna que el sistema coloca en el lugar idóneo y cree que puede existir sin someterse a la ley. De la ley de Dios no escapa nadie”, dijo una mujer de más de 30 años que también pidió omitir su nombre.

El sistema represivo cubano, armado de una amplia gama de métodos, es inmune a la penalización por las violaciones de los derechos humanos; los métodos de que se sirve el sistema cubano – y que son la garantía de la perpetuidad en el poder de los octogenarios asaltantes al Cuartel Moncada-  van desde el acecho de todas las llamadas telefónicas, la expoliación de objetos personales -para impedir el trabajo de la Sociedad Civil-, las detenciones arbitrarias, la organización de procesos espurios para encarcelar a los opositores, y por último  -todo parece indicarlo-  el asesinato; con la posibilidad, para quien tiene el control total, de manipular la escena de un crimen y presentarlo como un accidente donde las víctimas sobrevivientes aparecen auto inculpándose.

Semanas después del siniestro, donde solo murieron los dos disidentes cubanos, la televisión nacional trasmitió un documental que intentaba ofrecer todas las explicaciones posibles de los detalles sobre el supuesto accidente ocasionado –según dijeron-  por el exceso de velocidad con que conducía Ángel Carromero. Pudo vérsele declarar contra sí mismo ante cámara, en el interior de alguna dependencia del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), y exonerar de responsabilidad al gobierno cubano por el evento que costó la vida a Payá y Cepero; ni siquiera se quejaba de la ausencia de señalización en las carreteras cubanas, ni de las malas condiciones del terreno.

Recientemente, Carromero, enviado a España para cumplir su condena, dio una entrevista a The Washington Post, donde relató:

“La última vez que miré por el espejo, me di cuenta de que el auto (que les seguía) se había acercado demasiado , y de repente sentí un impacto estruendoso por detrás. (…) Me advirtieron que yo era su enemigo y que yo estaba muy joven para perder mi vida. Uno de ellos me dijo que lo que yo les había dicho no había ocurrido, y que yo debía tener cuidado, que dependiendo de lo que yo dijera, las cosas podían ir muy bien o muy mal para mí.(…) Ellos me dieron otra declaración para que la firmara -una que de ninguna manera se aproximaba a la verdad. La nueva versión hablaba de gravilla, de un terraplén, de un árbol. Yo no recuerdo nada de esas cosas. (…) El golpe por atrás cuando nos salimos de la carretera, no tenía por qué ser fuerte, porque recuerdo que no había contén o inclinación. El pavimento era amplio, sin tráfico. (…) La última velocidad que vi en el velocímetro era de aproximadamente 70 kilómetros por hora. Las bolsas de aire ni siquiera se dispararon durante el accidente, ni las ventanas se rompieron, y tanto yo como el pasajero del asiento delantero salimos del carro ilesos”.

El régimen cubano podría haber calculado al liberar a Carromero que después de haber cedido al chantaje y haber sido procesado en Cuba  –en un juicio que no tuvo nada de público, y donde resultaron detenidos todos los activistas que intentaron acercarse a la sala donde se celebró- éste perdería credibilidad. Pero tanto aquellos que han pasado por la experiencia de haber estado prisioneros del DSE, como los que se han documentado acerca de los procedimientos de dicho departamento – depositario del legado de la Stasi y la KGB- para hacer firmar a los detenidos falsas declaraciones contra sí mismos, saben que Carromero puede estar diciendo ahora la verdad. Lo que amerita la investigación reclamada por la hija de Payá.

Pero, a pesar de la declaración de Carromero – apoyada por el sueco Aron Modig, el otro sobreviviente de la tragedia, que ante la presión y el incierto futuro de Carromero había declarado en Cuba “estar dormido”- , la petición hecha al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por Rosa María Payá, tiene la aparente limitación de que el Estado cubano no es firmante de los Pactos de Derechos Humanos de la ONU, y de ese modo existe un impedimento para que la petición pueda ser formalizada y reconocida por el Consejo.

Sin embargo, tal limitación, impuesta por la renuencia del gobierno cubano a concederle jurisdicción al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en lo concerniente a los abusos y arbitrariedades cometidos sistemáticamente en la Isla contra opositores no violentos, no debe paralizar la acción de dicho Consejo de Derechos Humanos, a favor de la lucha por la restitución plena a los cubanos, de los derechos y libertades contenidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que contiene el Protocolo Facultativo que en su artículo 1 dice lo siguiente:

Todo Estado (…) que llegue a ser parte en el presente Protocolo reconoce la competencia del Consejo para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El Consejo no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte en el Pacto que no sea parte en el presente protocolo.

En este entuerto, que la diplomacia no ha logrado resolver, podría naufragar no solo la posibilidad de hacer justicia a Oswaldo Payá y Harold Cepero, también supondría mantener la impunidad de las autoridades a la hora de seguir violentando los derechos de los cubanos.

Acerca del Autor

Lilianne Ruiz
Lilianne Ruiz

Nació en La Habana el 30 de noviembre de 1976. Terminó el preuniversitario y quedó con deseos de estudiar Derecho, pero al matricular en la carrera, reconoció la abismal diferencia entre lo que creía de la justicia y la que se aplica en Cuba. Dejó la carrera inmediatamente, en el 2003. Se fue a la biblioteca de San Juan de Letrán a leer libros de poesía y mística, refugiándose en su mundo interior. Pero cuando se convirtió en madre, se dio cuenta de que no quería darle a su hija un futuro igual a su presente, y que el problema del totalitarismo afecta profundamente la vida espiritual y el destino de cada persona. Por eso quiere participar del cambio de su país y trascender las fronteras de su propia vida.

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