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jueves, 23 de octubre 2014

Avatares migratorios

Serán acreedores de pasaporte los ciudadanos cubanos que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Migración

LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 -Este martes, los órganos masivos de comunicación del régimen castrista informaron con gran destaque sobre los cambios introducidos en la política migratoria cubana. El diario Granma, por ejemplo, además de utilizar una buena cantidad de tinta roja, consagró al tema toda su primera plana, lo cual incluye un editorial que tiene como título una frase del presidente Raúl Castro: “Por la voluntad común de la Nación Cubana”.

De acuerdo a la información periodística, las modificaciones fundamentales consistirán en la supresión de la carta de invitación, así como del permiso de salida que debe otorgar una dependencia del Ministerio del Interior. Este es el mismo documento que, debido a su forma y color, es conocido por el pueblo como “tarjeta blanca”.

Otra novedad es que se amplía —de 11 a 24 meses— el tiempo de permiso de permanencia en el exterior de quienes viajen por asuntos particulares. Esto es lo que, en el lenguaje oficinesco del régimen, se conoce como “salida temporal”, lo cual es una arbitrariedad, pues ya se sabe que en cualquier otro país —como en la Cuba de antaño— los ciudadanos simplemente viajan al extranjero, y pueden regresar cuando lo deseen.

Igual que hace con respecto al sistema de producción imperante, la neo-lengua castrista emplea en este asunto el verbo “actualizar”. Pero existe una diferencia sustancial: mientras que los cambios en el terreno económico han tenido un carácter cosmético, los que se anuncian ahora con respecto a la política migratoria, pese a tener carácter parcial, sí resultan de importancia para la generalidad de los cubanos residentes en la Isla.

Para estos compatriotas, no es poca cosa el librarse del embarazoso trámite de conseguir una carta de invitación, papel que, para colmo, tiene que ser expedido en el extranjero. Esto último, a su vez, implica el engorro adicional de velar por su llegada a Cuba mediante la demorada actuación de los burócratas de esa rama del ineficiente aparato estatal.

En cuanto al permiso de salida, baste decir que el simple enunciado de su nombre oficial constituye una prueba irrefutable de la política violatoria del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que por años ha seguido el gobierno castrista. Un cubano, para viajar, necesita ser autorizado por las autoridades del país.

Para mayor escarnio, en el caso de uno y otro documento, existe, además, la obligación de pagar por ellos gruesas sumas en divisas, cuando el común de los ciudadanos sólo recibe los devaluados pesos nacionales. Recalco algo que ya expresé: estas nuevas medidas poseen importancia “para la generalidad de los cubanos residentes en la Isla”.

Hablo de ese modo porque quedan los casos de los exiliados (que ahora los castristas, después de vilipendiarlos durante decenios como “traidores y vendepatrias”, se empeñan en calificar en masa como “emigrantes económicos”), así como de un grupo minoritario para el que las nuevas medidas, en puridad, sólo implicarán la exoneración de los pagos leoninos por la carta de invitación y la tarjeta blanca.

En el caso de los compatriotas que viven fuera del Archipiélago, no se anuncia de momento ninguna variación. Todo indica que seguirán teniendo que solicitar una visa o vigencia de viaje para visitar su tierra natal. No obstante, queda la esperanza de que también en este terreno se dé más adelante algún paso de importancia.

Al menos eso se desprende del denso párrafo que anuncia: “Paulatinamente se adoptarán otras medidas relacionadas con el tema migratorio, las cuales sin dudas coadyuvarán también a consolidar los prolongados esfuerzos de la Revolución en aras de normalizar plenamente las relaciones de Cuba con su emigración”.

En cuanto a la minoría de residentes en la Isla que, con estos cambios, sólo se librará de gestionar la carta de invitación y de tener que reclamar la devolución de lo abonado por la “tarjeta blanca” cuando una oficial de completo uniforme le recite la fórmula que he oído varias veces (“Por el momento, usted no está autorizado a viajar”), es de presumir que ese grupo incluya a los disidentes, así como a graduados universitarios.

Eso es lo que parece colegirse de las alusiones del editorial a la construcción de “una oposición interna mediante acciones subversivas y el empleo de agentes a sueldo”. También de lo que plantea la nota de prensa: “Se mantendrán medidas para preservar el capital humano creado por la Revolución, frente al robo de talentos que aplican los poderosos”.

Las referencias a que “serán acreedores de… pasaporte los ciudadanos cubanos que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Migración”, junto con la necesidad de ‘actualizar’ esos documentos que hubieren sido otorgados con anterioridad, parecen indicar que la expedición —o no— del pasaporte será el mecanismo que se empleará para conceder o negar la salida. El mismo perro con diferente collar.

Pese a esas aparentes limitaciones, sólo nos cabe alegrarnos por la mayoría de compatriotas residentes en el Archipiélago que serán beneficiados por estas nuevas medidas. Esperemos que, más temprano que tarde, el régimen migratorio cubano se normalice por completo.

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Acerca del Autor

René Gómez Manzano
René Gómez Manzano

(La Habana, 1943). Graduado en Derecho (Moscú y La Habana). Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la Corriente Agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia (1997-2000 y 2005-2007). Dirigente de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación HispanoCubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA), así como el Premio Ludovic Trarieux.

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