LA HABANA, Cuba, mayo, 173.203.82.38 -Una inusual discusión entre lectores, en la sección semanal Cartas a la Dirección, del diario Granma, sobre la migración de personas de otras regiones de la isla hacia la capital, llama a la reflexión sobre actitudes discriminatorias que se enraízan en la población cubana.
“No podemos darnos el lujo de descuidarnos y que, por negligencia, provoquemos una abierta migración interna y una población flotante que nada aporta y mucho perjudica”, comentó Pozo Álvarez, en una misiva publicada en la sección, el viernes 23 de marzo.
La Habana, según datos estimados por la Oficina Nacional de Estadísticas, en el año 2010 tenía, aproximadamente, 2 135 498 millones de habitantes, y una población flotante superior al medio millón de personas, que la visitan o viven en ella temporalmente.
Para el comentarista, estas personas, “en su mayoría ilegales”, perjudican “el acceso al transporte público urbano, a los servicios básicos, la vivienda”. “Este estrato social no logra insertarse adecuadamente, de forma gradual se vuelven portadores de una conducta antisocial, al atravesar un deterioro paulatino de su comportamiento individual, y, en el peor de los casos, terminan cometiendo actos delictivos”, agregó.
Según el lector, los migrantes provenientes de otras regiones del país: “Son el reflejo despreciable de una realidad socio cultural, que de alguna forma altera el sistema de valores y la imagen de nuestro pueblo”. “Se trasladan malos hábitos, comportamientos inadecuados y modos de vida incompatibles, que son rechazados por la población”.
“Aunque se han aprobado decretos que reglamentan estos traslados espontáneos hacia La Habana, aún existen fallas visibles en su implementación”, afirmó Pozo Álvarez en otro de sus comentarios, publicados el pasado 20 de abril. El comentarista se refería al Decreto 217 “De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana”
Este decreto impide a las personas provenientes de otros territorios del país residir en La Habana sin previa autorización gubernamental. Les exige solicitar, a los presidentes de los gobiernos locales, a través de la Direcciones Municipales de la Vivienda, el reconocimiento del derecho de residencia, y con él, la libertad de circular dentro de la capital.
Hasta la fecha, más de 17 disposiciones legales implementan su aplicación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prohibió a las entidades estatales radicadas en la Habana, contratar de manera individual a trabajadores no residentes permanentes en la misma. Igual prohibición estableció para las Direcciones de Trabajo, respecto al otorgamiento de licencias para el trabajo por cuenta propia.
La norma emitida, en 1997, por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, instituye, además, un sistema de contravenciones personales para los casos de incumplimiento. Las multas van desde los 200 hasta 1000 pesos, moneda nacional. En todo caso, exige a los infractores la obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.
Los órganos policiales, las Direcciones Municipales de la Vivienda y las Oficinas del Registro de Direcciones, se encargan de ejecutar la norma al pie de la letra. Se ha dado el caso de ciudadanos que han sido multados varias veces por “ilegales”, en virtud del Decreto 217, por cada una de estas entidades estatales.
“Es una realidad cruda que golpea e impacta negativamente la imagen del país”, afirmó Pozo Álvarez “De mantenerse estas corrientes migratorias espontáneas y no controladas, hacia La Habana, la vida en la capital será cada vez más adversa e insostenible, y eso no podemos permitirlo”, concluyó.
Sin embargo, las autoridades se exceden en la aplicación de las citadas medidas prohibitivas. Los órganos policiales tienen autorización para detener, arrestar y deportar a su lugar de origen, a las personas sospechosa de estar ilegales en La Habana, a pesar de que ninguna norma penal criminaliza la estancia en la capital, como un delito.
Los tribunales revolucionarios, por su parte, llegan al extremo de declarar en estado peligroso, por conducta antisocial, a los ciudadanos que reincidentemente, violentan las disposiciones del decreto 217. La aplicación de la medida conlleva hasta 4 años de privación de la libertad.
“La política socio migratoria de nuestro país es muy clara y se corresponde con nuestras particularidades, por lo que ni remotamente es discriminatoria”, afirmó el lector del diario Granma. La Constitución cubana, sin embargo, reconoce que “los ciudadanos…se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades…”.
No hay dudas. La discriminación entre cubanos respecto a la migración interna, es estimulada por disposiciones y por actos del gobierno, que en contra de los dictados constitucionales, restringe las libertades ciudadanas.