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jueves, 24 de abril 2014

¿Denunciar o contemporizar?

¿Cuál será la línea que seguirá representante legal de Ángel Carromero para defenderlo?

LA HABANA, Cuba, agosto, 173.203.82.38 -Se mantiene el interés noticioso con respecto al accidente ocurrido el 22 de julio cerca de Bayamo, en el cual perdieron la vida el líder opositor Oswaldo Payá y su colaborador Harold Cepero. El chofer del vehículo, el español Ángel Carromero, permanece encarcelado en La Habana.

Con respecto al delito que se le pudiera imputar al joven europeo, no es razonable que haya duda alguna. Cualquiera versado en la legislación cubana reconocerá que la única responsabilidad criminal que pudiera exigírsele, tendría que basarse en el artículo 177 del Código Penal vigente, que reprime el homicidio en ocasión de conducir vehículos por la vía pública.

En cuanto a la sanción imponible, tampoco hay espacio para la incertidumbre: el referido precepto prevé penas “de uno a diez años de privación de libertad”. El castigo, en su caso, tendría que estar ajustado a ese marco: los preceptos de la Parte General del Código Penal que contemplan posibles incrementos del límite máximo, no son aplicables, pues ellos sólo rigen para los delitos intencionales.

Dejando a un lado el derecho puro, resulta imprescindible reconocer que en este caso se repiten contradicciones y disyuntivas que han existido con respecto a los órganos jurisdiccionales del castrismo desde el mismo comienzo de la Revolución Cubana en 1959.

Ya en los años iniciales del régimen, ante los familiares de los muchísimos sancionados por los tribunales de la Isla (algunos de ellos por simples delitos de opinión enmascarados por las autoridades como actos violentos) se planteó un dilema terrible: ¿Qué hacer ante los atropellos que sufrían en las prisiones sus seres queridos?

Era la época en que nadie escuchaba, pero en que muchos intelectuales relevantes del mundo (de modo especial en Europa y América Latina) sí hablaban en abundancia, pero para defender al gobierno de La Habana, sin prestar crédito alguno a los abusos que sus agentes cometían contra quienes se le enfrentaban y permanecían encarcelados.

La dicotomía que se les planteaba a esas esposas, madres y otros parientes era simple: ¿Callar ante las arbitrariedades que sufrían sus familiares presos, o revelar esos excesos? (Como es lógico, esta segunda opción implicaba la posibilidad de que se tomaran represalias contra los cautivos políticos.)

En definitiva, los seres queridos de los reos optaron por la denuncia, y los acontecimientos posteriores demostraron que actuaron con sabiduría: gracias a sus declaraciones, se logró que entre los servidores del régimen castrista el desenfreno fuese menor. Como resultado mejoró la situación de los cubanos privados de libertad por motivos políticos.

El destino de aquellos compatriotas, que fueron los primeros en enfrentarse al totalitarismo comunista, se ha repetido con posterioridad, incluso con algunos ciudadanos de otros países. Los cuerpos represivos del castrismo y sus obedientes tribunales han dirigido sus acciones contra distintos extranjeros que en uno u otro momento han incurrido en las iras del régimen.

Ejemplo actual de lo anterior es el norteamericano Alan Gross, encerrado desde hace más de dos años por haber entregado a correligionarios suyos equipos de comunicación cuya tenencia es lícita en cualquier otro país del mundo. De inicio, los familiares del estadounidense —e incluso este mismo— optaron por ajustar sus pronunciamientos a lo que deseaban oír los autoridades de La Habana. No obstante, las esperanzas de ganar así la benevolencia de estas últimas, se vieron defraudadas.

La presentación de excusas por los actos realizados (¡como si éstos constituyesen delito!) no tuvo otro efecto que servir para que el régimen totalitario se sintiera justificado en sus excesos. Al cabo del tiempo, la esposa y parientes de Gross han convocado a la solidaridad de sus correligionarios judíos y de todas las personas decentes del mundo, con lo cual se abren nuevas posibilidades de solución para su caso.

Con respecto al accidente que nos ocupa, los posibles argumentos de descargo del chofer fueron expuestos con brillantez por el colega Carlos Alberto Montaner: En un país libre, Carromero y su defensor enrostrarían a las autoridades el pésimo estado de la vía y la falta de señalización; y a la empresa estatal que alquiló el auto, el no funcionamiento de los air bags.

¿Será esa la línea que seguirán el presunto responsable y su representante legal? A juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, no parece que sea así. Más bien la tendencia que se observa —no sólo en el chofer, sino incluso en el pasajero sueco— ha sido la de presentar disculpas por mantener contactos con opositores, como si un turista, para comunicarse con ciudadanos libres del país visitado, tuviese que recabar un permiso especial. ¡Ojalá que esa actitud contemporizadora surta efectos en esta ocasión!

Acerca del Autor

René Gómez Manzano
René Gómez Manzano

(La Habana, 1943). Graduado en Derecho (Moscú y La Habana). Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la Corriente Agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia (1997-2000 y 2005-2007). Dirigente de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación HispanoCubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA), así como el Premio Ludovic Trarieux.

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