LA HABANA, Cuba.- Dos ómnibus se estacionaron, abrieron sus puertas y bajaron dos cuadrillas de inspectores estatales. Rápido se les sumó una partida de policías. Y así, juntitos, comenzaron a “cazar ilegalidades”.
Roberto Ferrer Gener, activista del Partido Neocatólico, tomó imágenes de este acontecimiento, cerca de en uno de los mercados industriales de La Palma, poblado capitalino ubicado en el municipio Arroyo Naranjo. Minutos después, tenía varios policías a su alrededor para quitarle la cámara, esposarlo, y conducirlo detenido para la estación policial El Capri. Las esposas se las apretaron, al punto de lesionar sus muñecas. Más tarde, sería trasladado hacia el VIVAC, una cárcel situada en el municipio Boyeros, donde permanece apresado desde el 10 de abril pasado.
Su esposa Maribel Hernández García refiere que “primero lo acusaban por el delito de Receptación, y luego cambiaron para el de Resistencia”. En tanto, sus amigos se preguntan si tomar fotos o videos les está prohibido a los cubanos
El abogado Wilfredo Vallín asegura no conocer ninguna contravención al respecto. Sin embargo, un policía consultado no permite que le apunten con una cámara, “porque no me da la gana”, según su expresión.
Durante el propio día 10, y también el día anterior y el posterior, se impusieron varias multas a unos “infractores”, y le confiscaron dinero en efectivo y en mercancías. Confiscaron mercancía a vendedores ambulantes, y también en sus domicilios: carretillas con productos agropecuarios (viandas, frutas, vegetales…), efectos industriales (de electricidad, plomería, ropas, calzados…), bisuterías. Alguien vio a los inspectores y policías dentro del ómnibus, comiéndose los pastelitos que fueron decomisados a una mujer.
La mercancía que quitaban la almacenaban en el interior de los ómnibus, y dicha confiscaciones se hacían sin Acta de Decomiso, por lo que se convertía en un acto arbitrario, y de hecho no pocos espectadores lo calificaron de asalto. Para otros ciudadanos no pasó de otro acto rutinario, de arrogancia y prepotencia. Las multas oscilaban entre 500 y 1500 pesos.
Antes de que detuvieran a Roberto, y en el preciso instante en que una inspectora le ponía 750 pesos de multa a un anciano vendedor de jabas plásticas, y le confiscaba la mercancía, la mujer le dijo a Roberto:
-Yo cumplo con mi trabajo, soy funcionaria del gobierno.
Y Roberto objetó:
-Y yo con el mío, soy activista de los derechos humanos.
En el periódico Granma del día 4 de abril, se publicó en la sección de Cartas a la Dirección un texto donde un vecino nombrado Manuel Villalón Ravelo solicitaba a las autoridades locales actuar en contra los vendedores ambulantes. No obstante, vecinos luego averiguaron por el demandante, pero la dirección no coincidía, ni nadie de por ahí le conocía.
A Roberto le tienen el ojo echado (más de lo normal) desde que meses atrás denunció a la opinión pública internacional los desenfrenos de dos mujeres, Aleida y Alicia, “infiltradas” en el movimiento disidente. Ese reportaje fue publicado por Cubanet, con el título Chivatas Persistentes.