LA HABANA, Cuba. -El Estado cubano es el principal dueño de los medios fundamentales de producción, y por tanto es el que responde por el buen o el mal funcionamiento de la actividad empresarial en Cuba. Basta mirar los números.
De acuerdo a los datos contenidos en Panorama Económico y Social de 2013, emitido por la Oficia Nacional de Estadística e Información (ONEI), en el acápite 11, referido a las “principales entidades por forma de organización” al cierre de ese año había en Cuba 2 235 empresas y 2 382 unidades presupuestadas. De las primeras, el mayor número se encuentra en las provincias de La Habana (714), Holguín (141), Santiago de Cuba (139) y Villa Clara (135). Del total unidades presupuestadas, en La Habana funcionan 348, en Villa Clara 164, en Holguín están registradas 149, en Santiago de Cuba 146 y en Guantánamo 143.
En entrevista realizada el pasado 12 de diciembre por el periodista del diario Granma O. Fonticoba Gener a la subdirectora general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Ivonne Vertiz Rolo, la citada funcionaria explicó que “en estos momentos funcionan en Cuba 208 empresas mixtas, es decir, con capital compartido cubano y extranjero y existen nueve empresas de capital totalmente extranjero ubicadas en los sectores de la energía, la infraestructura industrial y el bancario”.
El descenso del 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2.3 % planificado en 2014 en gran medida fue atribuible a los desequilibrios macroeconómicos originados por la significativa caída de la producción de bienes. 471 empresas finalizaron el año con resultados muy por debajo de los previstos.
De acuerdo al vice-presidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge, en el informe presentado a los diputados en la Cuarta Sesión Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada el 19 de diciembre del pasado año, 320 empresas erogaron 7 560 000 dólares por concepto de pagos de salarios indebidos, y en 151 empresas, principalmente de los sectores de la agricultura, la industria y el turismo, las pérdidas reportadas al final de 2014, se elevaron a un monto de 17 200 000 USD.
Si bien es cierto que se ha ampliado y flexibilizado el objeto social de las empresas y la posibilidad de poder comercializar los excedentes productivos y se han vinculado los salarios a los resultados -sin límites, en dependencia de los sobrecumplimientos, según lo autorizado por la Resolución No. 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)-, es evidente la total falta de interés del gobierno por concederle verdadera autonomía a las empresas.
Murillo anunció que por el momento solo existe la posibilidad de que las empresas puedan retener el 50 % de las utilidades después de liquidado su compromisos con el fisco y con ese dinero, de autorizarse, podrán estimular a los trabajadores.
La tan ansiada autonomía empresarial no acaba de materializarse. Si bien se eliminaron los ministerios de la Industria Básica, Sideromecánica, Ligera y Pesca, y los ministerios que quedaron redujeron sus funciones, la burocracia sobrante pasó a formar parte de las estructuras de dirección de las Organizaciones Superiores de Desarrollo Empresarial (OSDE), a las que están sujetas y tienen que responder las empresas. Son como una especie de mini-ministerios que son en definitiva, los que dicen la última palabra.
Para que nada se les vaya de las manos y el control continúe, en las OSDE funcionan las Juntas de Gobierno, que tienen la responsabilidad de aprobar las proyecciones de las empresas y sus respectivos planes, así como exigirles el cumplimiento de los indicadores directivos fijados por el gobierno.
Murillo advirtió “para evitar deformaciones, que “ningún directivo a nivel de OSDE y/o empresa debe creer que la autonomía significa la libertad de comprar y vender”, que es propia de la economía de mercado. “Las juntas son los representante del gobierno ante el sistema empresarial y no viceversa”, señaló.
Si esto es así, ¿para qué hicieron la pantomima de reducir los ministerios? En la práctica, todo está igual que antes, con otro disfraz. Ahora hay más personal en funciones parasitarias, que lo único que hace es entorpecer el normal desarrollo de las empresas en los diferentes sectores de la economía.
Las empresas cubanas siguen arrastrando la inoperante y dañina planificación socialista. Al carecer de autonomía y estar sujetas a lo que le ordenen “desde arriba”, sufren pérdidas continuadas. Producto de la corrupción, es el viciado asunto de las deudas por pagar y cobrar. Debido a la telaraña burocrática, los salarios de los trabajadores, cuando estos van a cobrar, están por debajo de lo que realmente produjeron.
Marino Murillo se baja ahora con la filípica de que “para concederle autonomía a las empresas es necesario que pasen por un proceso gradual, para lo que no se está totalmente preparado”. No se sabe hasta cuándo durará ese proceso. Es verdaderamente una falta de respeto a la clase obrera cubana, que es la principal afectada.
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