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Pablo Alfonso
Redactor de El Nuevo Herald
4 de mayo
Los "intolerantes y ortodoxos" del Partido Comunista de Cuba
emprendieron hace dos años una ofensiva contra académicos
reformistas del Centro de Estudios de América (CEA) que culminó
con la "reubicación" de todos en otros puestos de trabajo.
FRAGMENTOS DE ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL LIBRO "EL CASO
CEA", DEL ITALIANO MAURIZIO GIULIANO
· Informe del CEA sobre las críticas formuladas por Raúl
Castro.
``Consideramos como profundamente injustos y desproporcionados los
planteamientos críticos, explícitos o implícitos, sobre la
actividad de nuestro centro y sobre las supuestas conductas de algunos de
nuestros compañeros''.
· Reunión de la comisión investigadora del Comité
Central con académicos del CEA.
Teniente coronel del Ministerio del Interior Rolando Alfonso, investigador:
``No veo en el documento [del CEA] que se vea reflejado ni un sólo análisis
autocrítico, tal pareciera que este centro es un dechado de virtudes''.
``[Los académicos del CEA] han expuesto en cuanta tribuna extranjera
se ha abierto, en la prensa, y no sólo en la extranjera, también
en la nacional, sus posiciones que difieren de las posiciones del Partido''.
``A la prensa norteamericana le encanta vincular las discrepancias de
nuestros especialistas con la política oficial. El Miami Herald, por
ejemplo, en el año 1995 tiene 14 alusiones al CEA y a [Julio] Carranza y
a [Pedro] Monreal, a Rafael [Hernández] y eso se utiliza por el
enemigo''.
José Ramón Balaguer, miembro del Buró Político
del Partido Comunista de Cuba:
``Me parece justo lo planteado por Alfonso; me hubiera gustado que el
documento de ustedes analizara con detalle las críticas que se les
hicieron''.
Darío Machado, interventor del Comité Central en el CEA:
``Yo siempre he tenido un criterio de Partido y pienso que, para que como
científicos seamos creíbles, no es necesario ser ninguna ONG
[Organización No Gubernamental]''.
Julio Carranza, académico:
``A mi juicio, lo fundamental de esta discusión es que la suma de las
cuestiones que aquí se nos han señalado no nos conduce a pensar
que somos quintacolumnistas [...] y por eso no podemos asumir autocríticamente
los criterios y calificativos que se desprenden del Informe del Buró Político''.
Haroldo Dilla, académico:
``Sí veo saludable que en sus estudios los compañeros planteen
alternativas y soluciones de las ciencias sociales a cuestiones específicas
que hay que resolver [...] También es falso que utilicemos cuanta tribuna
hay, sólo hemos estado en aquéllas que los académicos y los
políticos de nuestro país nos han solicitado''.
Luis Suárez, director del CEA:
``[Rolando] Alfonso se refirió a imágenes y Darío
[Machado] también las mencionó, pero si de imagen se trata, la
imagen que se ha creado de este centro a partir de la publicación del
Informe del Buró Político es que este centro es un antro de
disidencia y me pregunto si eso es válido y eso es justo''.
Rolando Alfonso:
``Aquí no estamos discutiendo el Informe del Buró Político
para modificarlo porque ya ése es un documento aprobado, lo que tenemos
que discutir es, a la luz de ese documento, los errores en los que ustedes han
incurrido''.
Académicos cubanos reformistas que hace dos años fueron objeto
de un oscuro proceso que concluyó con la pérdida de sus trabajos
en el Centro de Estudios de América (CEA), expresaron a El Nuevo Herald
que todo fue en realidad una purga ideológica alentada por los elementos
más ``intolerantes y ortodoxos'' del gobierno y el Partido Comunista de
Cuba, que puso fin a un incipiente proceso de apertura política.
``Las propuestas de reformas económicas planteadas por el CEA, aun
dentro del esquema socialista, chocaban con los criterios de la dirección
política del país'', dijo un académico de ese organismo que
pidió no ser identificado. ``La aprobación de la Ley Helms-Burton,
en Estados Unidos, contribuyó a reforzar a `los duros' y les sirvió
de pretexto para eliminarnos''.
A diferencia de otros procesos seguidos por el Partido contra elementos
disidentes en años anteriores, los reformistas del CEA no fueron
castigados con la prisión, la persecución política o la
expulsión de las filas del Partido, al que casi todos pertenecían.
En este caso, las sanciones se limitaron a la reubicación en diferentes
ministerios y empresas del Estado.
``Sin duda, la mayoría de ellos eran y son comunistas'', dijo María
Cristina Herrera, directora del Instituto de Estudios Cubanos con sede en Miami.
Herrera, que durante años ha mantenido relaciones institucionales con
académicos cubanos y, en particular, con los miembros del CEA, dijo que
la forma en que se condujo el proceso contra ese grupo de reformistas ``es uno
de los misterios de la compleja problemática cubana actual''.
``Si no fueron castigados más no fue por una actitud tolerante del
gobierno, sino porque ellos contaban con mucho apoyo interno'', afirmó
Herrera.
El golpe final contra los reformistas se produjo en marzo de 1996 cuando Raúl
Castro, ministro de las Fuerzas Armadas y segunda figura de la jerarquía
cubana, presentó el informe al V Pleno del Comité Central del
Partido.
Castro acusó a académicos del CEA de caer ``en la tela de araña
urdida por cubanólogos extranjeros'', a quienes calificó de
``servidores de Estados Unidos en su política de fomentar el
quintacolumnismo'' en las filas revolucionarias.
A partir de ese momento, se nombró una comisión investigadora
del Departamento Ideológico del Partido que prácticamente
intervino las operaciones del CEA, e interrogó durante nueve meses a sus
principales miembros y dirigentes.
La comisión fue presidida por el miembro del Buró Político
José Ramón Balaguer, e integrada además por el teniente
coronel del Ministerio del Interior Rolando Alfonso Borges, y Amado Soto,
funcionario del Comité Central a cargo de asuntos culturales y de
contrainteligencia.
Fundado como un organismo adscrito al Departamento América del Comité
Central del Partido, dirigido por el desaparecido Manuel Piñeiro, el CEA
se especializó en estudios socioeconómicos que servían como
evaluación de inteligencia a los planes subversivos del castrismo en la
región.
Sin embargo, tras el derrumbe del comunismo europeo y la desaparición
de la Unión Soviética, el CEA comenzó a incursionar cada
vez más en la realidad política y económica nacional,
elaborando propuestas que permitieran al país afrontar la crisis causada
por la desaparición del campo socialista.
``La objetividad y disciplina académica de nuestras propuestas,
aplicada a la realidad nacional, nos convirtió sin proponérnoslo
en una alternativa a la política oficial que apuntaba en una dirección
diferente'', comentó la fuente. ``Pero la gota que colmó la copa
fue la propuesta para permitir a cubanos en el país ser propietarios de
pequeñas y medianas empresas''.
Convertida en un proyecto de ley que debía analizar la Asamblea
Nacional del Poder Popular, la propuesta alentada por el ministro de Economía
José Luis Rodríguez y el miembro del Buró Político
Carlos Lage fue archivada desde entonces.
El propio Lage, la máxima autoridad económica de la isla, se
encargó de desalentar el proyecto de ley cuando declaró
recientemente a la prensa que no había condiciones en el futuro inmediato
para su aprobación.
Economistas como Julio Carranza y Pedro Monreal, y especialistas en Ciencias
Sociales y Políticas como Juan Valdés, Rafael Hernández,
Haroldo Dilla y Aurelio Alonso, entre otros, gozaron del reconocimiento de
ministros y otros altos dirigentes del gobierno por sus evaluaciones y
recomendaciones.
Entre esos trabajos sobre la situación interna figuran:
- Reuniones y seminarios con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y su
secretario general, Pedro Ross, para analizar la Ley de Inversión
Extranjera y redactar tesis finales del Congreso de la CTC.
- Seminarios de alto nivel sobre el funcionamiento de los consejos
populares, solicitado por Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular.
- Organización de talleres y seminarios de estudios sobre las
relaciones Cuba-Estados Unidos, encargados por el Departamento de Relaciones
Internacionales del Comité Central, y por Roberto Robaina, ministro de
Relaciones Exteriores.
En el campo de las publicaciones, el CEA comenzó también a
incursionar en problemas internos a través de revistas de contenido político-ideológico
como Cuadernos de Nuestra América, que hasta entonces abordaba
principalmente asuntos del hemisferio.
Por esa época Rafael Hernández, uno de los académicos
mas prestigiosos del CEA, comenzó a dirigir la recién fundada
revista Temas, del Ministerio de Cultura, que publicó artículos y
ensayos de académicos cubanos exiliados e incluso dedicó un número
especial al tema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Cuba.
Temas fue una de las publicaciones cuestionadas por el comité del
Partido que investigó y juzgó a los académicos del CEA,
pero corrió mejor suerte que Cuadernos de Nuestra América, cuya
publicación está congelada.
Maurizio Giuliano, un académico italiano autor de un libro que será
publicado en las próximas semanas titulado El caso CEA: intelectuales e
inquisidores en Cuba, coincide en que los académicos del CEA habían
acumulado suficiente prestigio en el exterior y reconocimiento dentro de la
isla.
``Sin duda, a pesar de ser personas que cayeron en desgracia, acusadas por
el Departamento Ideológico del Partido, no corrieron la suerte de otros
colegas suyos en otros tiempos porque tenían apoyo en esferas más
altas del gobierno'', dijo Giuliano.
Como ejemplo de intelectuales que cruzaron la línea partidista y no
contaban con la protección de importantes figuras, Giuliano citó
los casos de las profesoras de la Universidad de La Habana, Gloria León y
Miriam Grass, quienes por esa misma época fueron expulsadas del Partido y
perdieron sus trabajos por expresar opiniones diferentes a la política
oficial.
Giuliano estuvo en Cuba por primera vez en 1993, y a partir de entonces viajó
allí en varias ocasiones como investigador social. Su viaje más
reciente fue hace apenas una semana.
``No encontré reacciones adversas en mi contra entre los funcionarios
oficiales que pude ver'', dijo Giuliano, quien logró sacar de la isla las
actas secretas del proceso contra el CEA, con los interrogatorios de la comisión
y otros documentos. ``Sin embargo, algunos antiguos académicos del CEA,
que han oído hablar de mi libro en preparación, no quisieron
mantener ningún contacto conmigo''.
En diciembre de 1997 varios académicos del CEA dijeron a El Nuevo
Herald en La Habana que ellos no contactaron a Giuliano para que divulgara en el
exterior la documentación relacionada con el caso, y mucho menos para la
publicación de un libro.
``Sería estúpido. Después de que nos acusaron de ser
contrarrevolucionarios precisamente por eso, que ahora fuéramos a darle
la razón a Balaguer entregando en el exterior la documentación
sobre el caso'', dijo uno de los académicos.
Otro investigador agregó que si bien la forma como fue discutido todo
el asunto jamás implicó que trascendiera públicamente, la
documentación en sí consiste únicamente en material de
trabajo y discusión, en ciertas ocasiones difícil de entender para
quien no esté inmerso en la problemática cubana.
``Probablemente el libro nos traiga implicaciones políticas a
nosotros, pero de aquí no salió. No sé de donde salió.
Es más, ni me interesa quién se lo dio'', agregó el
investigador, que al igual que otros colegas suyos del CEA se encuentra
trabajando en otra dependencia del estado.
Matías Travieso, especialista en asuntos cubanos que trabaja para una
firma de abogados en Washington, D.C., dijo que el proceso contra los académicos
reformistas del CEA ``demuestra cómo opera un régimen totalitario
como el de Fidel Castro''.
``Reprime hasta sus propios miembros que se atreven a expresar honestamente
un pensamiento independiente de la línea oficial'', subrayó
Travieso, quien a través de la firma legal para la que trabaja organizó
hace algunos años varios seminarios sobre la situación económica
de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos, en los que participaron miembros
del CEA.
``Parte de las acusaciones que les hicieron fue tomar parte en estos
seminarios junto a otros académicos cubanos exiliados y participar en
publicaciones conjuntas'', afirmó Travieso.
El reportero de El Nuevo Herald Rui Ferreira contribuyó a esta
información.
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