Julio 2, 1997

Solidaridad de las burocracias

¿Cómo muchos gobiernos latinoamericanos, formalmente capitalistas, pueden mostrarse solidarios con el castrismo? Porque son en realidad corporativistas, socialistas, populistas o capitalistas de estado, no verdaderos defensores del capitalismo.

Desde hace muchos años me viene intrigando la solidaridad de ciertas elites gubernamentales latinoamericanas con la dictadura de Fidel Castro. ¿Cómo es posible, me he preguntado, que gobiernos democráticos de países capitalistas sean solidarios con la dictadura totalitaria de un país comunista?

Me parece que he estado pensando mediante conceptos equivocados. Quizás haya sido excesivo calificar de país capitalista a México, al Perú pre-Fujimori, a la Argentina pre-Menem o al Brasil pre-Cardoso. Como, sin duda, hubiera sido erróneo calificar de democráticos a sus gobiernos. Veamos esto con más calma.

En una dictadura comunista, un grupo se apodera primero del poder del estado y se apropia después de los bienes de la sociedad. El gobierno, dueño de los medios de producción, entra a planificar la producción de todo tipo de bienes y servicios. Para perpetuarse en el poder, crea un estado policial y totalitario pero, al mismo tiempo, trata de construirse una base social de apoyo. De aquí la instauración de servicios médicos y educación gratuitos, precios controlados para los artículos de primera necesidad, control de alquileres y otros. Como diría Pangloss, el mejor de los mundos posibles.

El único problema es que el estado tiene que producir los bienes y servicios primero para poder repartirlos después. Pero, como han demostrado Mises y Hayek entre otros, la ineficiencia es inherente a la producción estatal planificada. Nada puede sustituir al mercado. De aquí que, en la práctica, los supuestos ``beneficios sociales'' que concede la dictadura socialista condenen a las grandes masas a un lento pero constante deterioro de su nivel de vida. Cierto que, en alguna medida, se trata de un deterioro sin angustias. Una especie de tuberculosis social. Los sobresaltos del capitalismo se han minimizado y todos se van hundiendo al mismo tiempo. Salvo los que reparten el menguante pastel social, por supuesto.

Un país capitalista, por el contrario, es un lugar donde existe una gran masa de propietarios privados que compiten produciendo todo tipo de bienes y servicios para el mercado. Los representantes de los distintos grupos de intereses se organizan en diversos partidos políticos y compiten democráticamente por los votos de los electores. El papel del estado se limita a establecer las reglas de juego para que los individuos puedan desarrollar libremente su actividad y compitan en el mercado.

Resulta, sin embargo, que este esquema no refleja adecuadamente a América Latina. Producto de una historia que incluye una particular penetración de las ideas socialistas a partir de los años 30, los gobiernos de nuestros países se hicieron propietarios de numerosos medios de producción y se dedicaron a producir directamente bienes y servicios y a redistribuir el producto social mediante grandes planes de ``legislación social''.

Alentada por ese espíritu anticapitalista se desató una gran ola de patrióticas nacionalizaciones. Pero, ¿qué significa realmente tener una empresa ``nacional'' de teléfonos (o del petróleo o del cobre o de lo que sea)? Significa que ahora el jefe de gobierno puede nombrar a cualquier amigo al frente de la misma y casi regalársela en la práctica. Este, a su vez, ahora podrá nombrar sus propios amigos en decenas de direcciones. Cada uno de ellos tendrá acceso a secretarias, automóviles, aviones, pasajes e infinidad de privilegios. Por otra parte, entre nosotros hay muchos empresarios que derivan sus ganancias no de su triunfo en el mercado sino de los favores del gobierno, que pueden incluir protección para sus productos o hasta privilegios monopolistas. Estos grupos son verdaderas elites dirigentes, verdaderas nomenclaturas.

Nada de esto tiene que ver con el capitalismo. En primer lugar, porque no funciona sobre la base de la rentabilidad. Si las famosas empresas ``nacionales'' dan pérdida, el gobierno simplemente saca el dinero de otra parte y las paga. Los capitalistas simplemente quebrarían. Nadie está interesado en que estas empresas ``nacionales'' sean costeables. Las plantillas se hipertrofian alegremente, los empleados son inamovibles y sus dirigentes sindicales se dedican al tráfico de prebendas con el gobierno. Ellos ganan, sin duda. Pero alguien tiene que pagar por las pérdidas. Y, por supuesto, el que paga es el pueblo. Este dinero que se despilfarra es el mismo que va a faltar para obras de infraestructura, de educación y de inversiones productivas.

Pero el jefe de gobierno le dirá al pueblo en sus discursos políticos que ahora los teléfonos, o el petróleo o el cobre o lo que sea, ya no pertenecen a la rica familia Aspillaga o Rockefeller sino que son ``del pueblo''. Y al grito de ``Viva la patria'' los ojos de algún inocente patriota se nublarán de lágrimas. ¿En qué se diferencia esta retórica de la de Fidel Castro?

Este tipo de gobiernos no son favorables a las empresas capitalistas. Todo lo contrario. Las abruman bajo pesados gravámenes. Tienen que aceptar la imposición de una legislación social aplastante. El gobierno hace llover una favorable legislación social sobre los trabajadores. A costa de los empresarios productores. Todo el mundo se regocija. Sólo hay un problema: las empresas pierden la capacidad de crecer, de invertir, de desarrollarse. Y, más bien temprano que tarde, la sociedad se estanca. Es cierto que los que tienen trabajo disfrutan de muchas ventajas. Pero cada vez es más difícil encontrar trabajo. Algo de esto sucedió en Cuba.

Ahora bien, ¿qué diferencia existe entre la nomenklatura de un país socialista y la de estas sociedades que pudiéramos llamar corporativas o socialistas pero nunca capitalistas? ¿No será entonces la solidaridad entre nomenklaturas el secreto de la solidaridad de tantos gobiernos latinoamericanos con Fidel Castro?

Copyright © 1997 El Nuevo Herald