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Diciembre 2, 1997

Cuba: la autonomía olvidada

   EL PAIS, Madrid, 2-12-97
MARTA BIZCARRONDO

En la visión histórica habitual sobre la guerra de independencia de Cuba , los aspectos militares y diplomáticos suelen prevalecer claramente sobre la política. Cánovas, Weyler, Maceo y Mckinley dominan la escena, y la imagen de la acción española se centra en la impotencia, primero para dominar la sublevación, luego para evitar la intervención militar norteamericana. Queda de este modo enterrado el que tal vez fuera único acto político de importancia por parte de España en todo el proceso: la concesión de la autonomía a las colonias de las Antillas, no sólo a Cuba , por los decretos de 25 de noviembre de 1897, ahora hace un siglo. Por fin, y a buenas horas, era concedida la absoluta igualdad de derechos políticos de los españoles peninsulares y cubanos. Éstos elegirían una Cámara de Representantes y la mitad más uno de un Consejo de Administración, manteniéndose el Gobernador General «auxiliado» por el Gobierno autónomo o Consejo de Secretarios que en la práctica presidirá el líder autonomista José María Gálvez, teniendo a su lado tres autonomistas moderados y dos peninsulares reformistas. El españolismo integrista de la Unión Constitucional, amo hasta entonces de los destinos de la isla, pasaba a la oposición.

El curso posterior de los acontecimientos sofocó el posible alcance de la medida, que se concretó en la entrada en funciones del Gobierno autónomo de la isla, en plena guerra, el 1 de enero de 1898. Los vencidos no suelen tener suerte en la historia, y menos quienes a esa condición añaden la apariencia de colaboracionismo. La experiencia autonomista resultó literalmente dinamitada en pocas semanas por una serie de hechos desgraciados, entre los que destaca la explosión del Maine, que actúa como justificación simbólica de la intervención militar de Estados Unidos. Ante la inminencia de la entrada en juego de la gran potencia vecina contra España, los insurrectos rechazaron la posibilidad de integrarse en el recién creado autogobierno.

De aquí hay sólo un paso a considerar la autonomía, y de paso el autonomismo cubano, como un simple incidente sin relevancia en lo que es sólo, como definía en estas páginas mi entrañable amigo Manuel Moreno Fraginals, primero guerra en la paz, entre 1878 y 1895, y luego simplemente guerra abierta entre los dos protagonistas verdaderos, los separatistas cubanos y la potencia colonial. Lógicamente, para la historiografía nacionalista en Cuba, esta bipolaridad es de rigor. Todavía en los tiempos de la República, dado el prestigio de que gozaron algunos políticos e intelectuales procedentes del autonomismo, se registraron intentos de comprender su extraña combinación de cubanidad y lealtad a España. Después de la revolución de 1959, obviamente, no había sitio para ellos al acentuarse la clave exclusivamente martiana de interpretación del propio pasado. Eran los representantes de «una burguesía antinacional», sentenció el conocido historiador Ramón de Armas. Como balance, en la isla y en la Península, un olvido generalizado. Que en Cuba resulta impuesto desde las instancias de poder. Nada dicen los nombres de José María Gálvez, Rafael Montoro, Eliseo Giberga, Antonio Govin; lo mismo que ocurre con el de su correligionario y colaborador en Puerto Rico Julio Vizcarrondo; sólo despunta, y escasamente, de ese olvido por su actividad plural en España el de Rafael María de Labra. Y se deja de lado que, en sus dos décadas de actuación, el autonomismo fue mucho más que un simple intento de colaboración, que desde el interior de la sociedad antillana defendía el dominio español frente al verdadero patriotismo de José Martí y Antonio Maceo, «la represa» contra la independencia a que aludiera el apóstol.

El mismo José Martí, y a su lado los más destacados independentistas (Manuel Sanguily, el propio Máximo Gómez) definieron muy bien el papel del autonomismo, «única expresión lícita del alma cubana», según el primero. Nacido con la etiqueta de liberal en 1878, apenas cerrada con el convenio del Zanjón la primera guerra de independencia, el Partido Autonomista supo aprovechar las libertades de asociación y de expresión otorgadas por el general Martínez Campos. Dada la manipulación del sufragio, fue minoritario, pero su propaganda resultó decisiva para explicar a los cubanos sus intereses económicos y políticos, así como los mecanismos de la explotación colonial, desde el mercado reservado para productos peninsulares a la inferioridad en derechos políticos. Gracias a los autonomistas, nos cuenta Máximo Gómez, la sociedad cubana era mucho más madura en 1895 que en la primera guerra, aun cuando mantuvieran el nexo con España.

Sociológicamente, eran abogados, profesionales, hacendados medios, en resumen, el germen de una burguesía nacional que era consciente de la disparidad de intereses con España pero también del riesgo de la anexión a Estados Unidos. Tal y como explicaba su portavoz más relevante, el matancero de origen catalán Eliseo Giberga, la personalidad cubana se había desarrollado a partir de la española, pero impregnándose de la modernidad norteamericana. El autonomismo era la fórmula para desarrollarla económica y culturalmente evitando la absorción por parte del gran vecino. Rafael Montoro, el mejor orador del grupo, añadirá otro argumento de importancia: la inmadurez de Cuba, pero no por cualquier circunstancia metafísica, sino por contar con una escasa población que sólo mediante la llegada de una importante corriente inmigratoria (peninsular), y su posterior integración, podría sentar las bases de una existencia nacional. El autogobierno sería el marco imprescindible para que tal proceso fuera culminado con éxito. «Entonces, y sólo entonces, se habrá salvado Cuba para sí misma y para España», escribía en 1887, prologando precisamente un libro del también autonomista Raimundo Cabrera, que diez años después encabeza la colaboración con los patriotas insurrectos.

Y es que las fronteras entre autonomismo e independentismo serán mucho menos claras de lo que resulta del desarrollo de los acontecimientos, cuando sólo quedan en primer plano el ejército expedicionario español y los insurrectos. Muchos autonomistas, con el mayor propietario de ingenios de la isla a la cabeza, se unieron al campo rebelde. Esa frontera imprecisa domina incluso el acto que simbólicamente abre la guerra por la independencia, el grito de Baire. En esta pequeña localidad oriental la insurrección es lanzada con una notable ambigüedad bajo la bandera autonomista y con consignas de la misma orientación. La decantación hacia la independencia es rápida, pero siempre quedará la duda de que quizás una autonomía a tiempo hubiera impedido o yugulado la insurrección. Los escritos de Martí confirman, más que desmienten, esa interpretación.

En cuando a la fórmula política en que habría de consistir la solución del problema, todos son unánimes, desde Gálvez y Montoro a Govín y Labra: la autonomía según el modelo canadiense. Cánovas la rechazó de plano optando por la defensa del dominio español a sangre y fuego, lo cual por lo demás encajaba con los intereses declarados -no con los reales, mucho menos apocalípticos- de los grupos españoles, empezando por el hermano catalán , con el Fomento del Trabajo Nacional a la cabeza, para mantener una explotación privilegiada de la isla. A pesar de ello, y de la defección de muchos militantes, el Partido Autonomista se mantuvo leal a la «madre patria» durante toda la guerra de independencia. La derrota de España fue la suya, sin que cuenten sus intentos desesperados por conseguir una paz sólo entre españoles y cubanos.

La enorme disparidad de intereses con la Península, potenciada incluso por gobernantes como Cánovas y Romero Robledo, condenó un intento que a pesar de todo hizo avanzar la conciencia nacional cubana. Luego los patriotas conseguirán su gran sueño, pero tras una guerra de devastación y mediante la intervención de Estados Unidos que provocó una nueva forma de dependencia.

Marta Bizcarrondo es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid.

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