Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, julio (www.cubanet.org) - La excarcelación de 52 presos políticos, condenados a penas entre 6 y 28 años en 2003, causó, por una parte, júbilo, y por otra, escepticismo. El Arzobispado de La Habana emitió un comunicado, y Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores de España, habló con la prensa. Sin embargo, faltó la nota oficial del gobierno al respecto. Evidentemente, el escenario queda en penumbras. 

Según Moratinos, no existen razones para mantener la Posición Común después de las excarcelaciones. Dijo sentir satisfacción por “la posibilidad de zanjar definitivamente la cuestión de los presos”, cuando en realidad se resuelve una situación circunstancial.

Sobresale cierta ingenuidad por parte del Ministro. Tal vez solo se preocupe por resolver el presente inmediato, que beneficia exclusivamente al gobierno de la Isla. No obstante, el tema de los derechos humanos no se limita exclusivamente a la liberación de los presos políticos. Hasta el momento, el acurdo es diplomático y el Estado cubano no declara públicamente su compromiso.

Para nadie es un secreto que Moratinos pidió una prórroga hasta septiembre a sus homólogos de la Unión Europea, para decidir si se reafirmaba o derogaba la Posición Común, que desde 1996 condiciona la relación con Cuba al avance en derechos humanos. ¿Acaso quedó resuelto el futuro de los cubanos?

¿Qué pasará después, si por el gesto del gobierno cubano se modifica la Posición Común? No se trata de empañar el proceso de excarcelación. Reconozco que es un paso positivo, pero en nada representan una mejoría en materia de derechos humanos. No mientras estén vigentes leyes que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión y opinión.

No obstante, resulta sospechoso que un Estado declarado constitucionalmente como laico, se pronuncie a través de la iglesia. Mucho más que un representante de un Estado extranjero se convierta en portavoz del gobierno de la isla que, en su política exterior, es intransigente con el principio de soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos.