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Zonas de segregación
José Hugo Fernández
LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) - Así como los sordos no pueden ser chismosos, los sátrapas no pueden ser justos. Sus impedimentos son orgánicos. Es algo que traen a cuento las últimas novedades relacionadas con el derecho de los cubanos a entrar o salir libremente de su país. Un derecho humano elemental, por más que haya sido pisoteado impunemente durante casi medio siglo sin que al mundo le diera ni cosquillas.
Pero no solamente se trata de nuestro derecho a salir o entrar. Tampoco se nos ha permitido, ni aún se nos permite, circular con libertad dentro del territorio patrio.
Entre las medidas que ahora ha dispuesto el régimen supuestamente para subsanar injusticias tan viejas como la revolución, está la de abrir una minúscula rendija para el acceso del turismo nacional a los cayos de nuestro archipiélago.
Se conoce que la geografía cubana cuenta con más de mil 500 cayos e islotes dentro de sus límites. Algunos de ellos configuran apenas pequeños cascarones entre las olas, pero no son pocos los que poseen extensiones de consideración.
En el cayerío de Sabana-Camagüey y los Jardines del Rey, al norte y noroeste de Cuba; y en la de Jardines o Jardinillos de la Reina, al sureste; o en el archipiélago de los Colorados, al noroeste; y en el de los Canarreos, muy cercano a Isla de la Juventud, hay decenas de sitios con amplia tierra firme -algunos con más de 300 kilómetros cuadrados, o con más de 100- y con naturaleza de privilegio: playas vírgenes, paisajes paradisíacos y otros etcéteras para soñar.
En términos generales, estos sitios totalizan más de 2000 kilómetros cuadrados de un territorio que se supone nuestro, pero en el cual jamás ha puesto un pie la gran mayoría de los cubanos, no porque no quieran, ni porque en la práctica resulte difícil llegar hasta ellos, sino porque constituyen zonas de segregación, vedadas por el régimen.
Durante las décadas de los 60, 70, 80, y buena parte de los 90, sólo nuestros grandes mandamases (junto a parientes e invitados extranjeros) podían irse a esos cayos para cazar o pescar, o para bañarse y bucear en sus playas de privilegio. Si algún cubano de a pie logró desembarcar allí, lo hizo o bien violando las sagradas leyes de nuestra soberanía, o en función de vigilante guardafronteras, es decir, para asegurarle un tranquilo placer al mandamás.
A partir de los años 90, con la retoma del turismo internacional como una de las principales actividades económicas, varios de esos sitios, a más de seguir siendo cotos privados de nuestros mandamases, empezaron a recibir visitantes del exterior. Incluso dieron cabida a la edificación de hoteles y de otras instalaciones, a las cuales, no más faltara, los cubanos de a pie sólo podían entrar como empleados, y aun así, asumiendo su rol de servidores como prerrogativa.
Y ahora ocurre que con la presunta intención de eliminar injusticias y rancias absurdidades, el régimen, por vez primera a lo largo de cincuenta años, ha resuelto mostrarse generoso permitiendo el acceso del turismo nacional a ciertos cayos, muy pocos, con limitaciones, muchas, demasiadas, y con severas normas destinadas a que tales sitios continúen siendo zonas de segregación.
Las ofertas de este minuto contemplan excursiones a Cayo Guillermo, Cayo Coco, Cayo Santa María y Cayo Bariay, donde, no más faltara, a los turistas nacionales no les resulta posible mezclarse con los del exterior. Están separados por regulaciones y por categorías de servicio. Además, los cubanos deben pagar sus gastos en una moneda que no es la del curso corriente en su país. Y deben atenerse a rigurosas advertencias, que les extienden previamente, en blanco y negro, en las ofertas. Una de tales advertencias dicta: “En los recorridos programados no debe desvincularse del grupo y del guía que los conduce”.
En fin, es lo dicho. No pueden ser justos, aun cuando comprendan que están obligados a carabina. El impedimento no depende siquiera de su disposición. Es orgánico.
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