La insurrección de los interrogantes

ARIEL HIDALGO

Las campanas ya están sonando en el archipiélago y sus tañidos ya se escuchan en la distancia. Pero en esta otra orilla hay muchos que no oyen, dormidos en el sueño profundo del pasado.

El grupo de jóvenes que cuestionó la política oficial el pasado 19 de enero no salió a las calles a romper vidrieras ni a incendiar automóviles, ni se sentaron a esperar a que algún insigne líder desapareciera para siempre de este mundo, sino que, con la fuerza moral de saberse investidos de sagrados derechos, acorralaron sin violencia al funcionario gubernamental con irrebatibles inquisiciones. No se trataba de un limitado grupo, sino de representantes de diez mil estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas.

Tampoco el millar de trabajadores de empresas extranjeras que el 12 de enero rechazó al anuncio gubernamental sobre el impuesto sobre las regalías recibidas de sus empleadores foráneos bloqueó las calles con barricadas o atacó con piedras a las fuerzas del orden, sino que simplemente respondió con un monumental abucheo a las palabras de la funcionaria.

Estas formas de protesta, aunque pacíficas, deberían bastar para hacer sonar una alarma ante los altos funcionarios. El que manda debe tener quien obedezca, y si el que obedece deja de obedecer, el que manda deja de mandar. Afirmar que tales protestas han sido comunes durante el último medio siglo sin mayores consecuencias es como querer asegurar que se ha tomado baños de sol bajo la furia torrencial de un diluvio sin fin. Porque nunca dejaron de llover las condenas por la libre expresión del pensamiento crítico bajo causas de torcidos nombres como ''desacato'' y ``propaganda enemiga''.

Mientras tanto, una inmensa red de pequeñas empresas individuales, familiares y autogestionarias se extiende en las sombras. Mas pese a sucesivos operativos policiales cada vez se reproducen con mayor ímpetu y magnitud, semejante cada vez más a la Francia prerrevolucionaria de los Capetos: una superestructura jurídico-política en conflicto con la realidad socio-económica del país está destinada a derrumbarse.

Muchas preguntas se están formulando en todos los niveles entre artistas y escritores durante las sesiones previas a su congreso nacional de abril, o simplemente, de forma más airada, en las calles, en las paradas de ómnibus y en las colas de los comercios: ¿por qué los ciudadanos cubanos residentes en su propio país no pueden, ni aun contando con dólares, disfrutar de la mayoría de sus playas, hoteles y de los mejores restaurantes por el solo hecho de no ser extranjeros? ¿Por qué para laborar en empresas extranjeras los trabajadores deben recibir el visto bueno del Estado y luego entregarle todas las divisas de sus salarios para recibir a cambio el pago en pesos cubanos? ¿Por qué se paga a los trabajadores con moneda cubana mientras los precios de la mayoría de los productos se venden en moneda convertible con un valor 25 veces mayor? ¿Por qué se requiere un permiso especial para viajar al exterior? ¿Por qué no se permite el libre acceso a internet como a los ciudadanos de cualquier parte del mundo? ¿Por qué no se permite a los cubanos comprar, vender y alquilar viviendas y automóviles como sí pueden hacerlo los extranjeros con residencia temporal en Cuba? Estas y otras preguntas no han tenido respuestas, pero conducen a un interrogante final: ¿por qué el cubano tiene menos derecho que cualquier extranjero? Y estos cuestionamientos reflejan una situación que cualquier ciudadano de a pie podría resumir haciendo suyo el estribillo de una popular canción de Albita: ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?

¿Es esto una consecuencia de la invitación hecha desde el poder de plantear abiertamente los problemas o esta invitación, quizás de inesperadas consecuencias, abrió una caja de Pandora ya desde mucho antes en ebullición? ¿Se quería acaso calmar la frustración con algunas dosis de esperanza? ¿Se intentará atajar el alud de protestas con superficiales parches y promesas falsas o se apelará nuevamente a la mordaza del miedo?

En vísperas de la revolución Luis XVI convocó los Estados Generales donde los representantes del tercer estado pudieron desahogar abiertamente sus inquietudes hasta que el monarca, atemorizado, les cerró las puertas. Los delegados, indignados, juraron en un campo de pelota mantenerse unidos hasta lograr la victoria. La actual dirigencia nacional debería quitarse las vendas de la arrogancia y comenzar a tomar las medidas urgentes requeridas por una población cada vez más asfixiada antes de que sea demasiado tarde. Pues de lo contrario, un nuevo juramento de la pelota no estará ya muy lejos. No habrá toma de la Bastilla. No será necesario. Un día mágico un pequeño grupo desarmado de trabajadores, estudiantes e intelectuales se presentará pacíficamente ante el Palacio de la Revolución y decidirá, sin resistencia alguna, pasar a retiro a los elegidos.

Realizar los cambios es la mejor respuesta a los interrogantes. No se puede legislar de espaldas a la sociedad. O el gobierno cambia la realidad social o la realidad social cambiará al gobierno.