La Eurocámara pide supeditar la relación con Cuba a las mejoras en derechos humanos

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Bruselas, 21 jun (EFE).- El Parlamento Europeo pidió hoy que la UE condicione los avances en su relación con el régimen cubano a que haya mejoras "verificables" en la situación de los derechos humanos en la isla, empezando por la liberación de los presos políticos.

El pleno aprobó, por 50 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones -en un hemiciclo de 785 escaños-, una resolución de urgencia sobre la decisión de los gobiernos europeos de ofrecer un doble diálogo a las autoridades y a la "sociedad civil" cubana.

El texto no cuestiona tal oferta de diálogo, pero pide que, si fructifica, la UE supedite "todo refuerzo de las relaciones políticas y económicas -incluida la ayuda al desarrollo-" a que haya "mejoras concretas y verificables" en materia de derechos humanos.

"Empezando por la liberación de todos los presos políticos y de conciencia", apunta el texto, pactado por el conservador Partido Popular Europeo (PPE), el grupo Liberal y el soberanista Unión por la Europa de las Naciones.

Socialistas, Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea (IUE), que se habían opuesto a la celebración del debate por considerar que no era propio del turno de cuestiones de urgencia, votaron en contra.

La resolución subraya que la Posición Común de 1996 -que compromete a los Estados de la UE a propiciar una transición democrática en Cuba- sigue vigente.

Aboga en este sentido por "alentar sin reservas el inicio de un proceso pacífico de transición política" y por reforzar el diálogo con la sociedad civil.

Censura al respecto que hasta ahora "las visitas de alto nivel" de autoridades europeas no hayan incluido encuentros directos con la oposición, un reproche implícito a los recientes viajes del ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y del vicepresidente del PE, Miguel Ángel Martínez (PSOE), según el eurodiputado conservador portugués y promotor de la resolución José Ribeiro.

En el caso de que el Gobierno cubano acepte la invitación de los ministros europeos y envíe una delegación a Bruselas, prosigue el Parlamento, deberá abordarse con ella la cuestión de los presos y la negativa de La Habana a permitir que las disidentes Damas de Blanco recojan en Bruselas el premio Sajarov que recibieron en el 2005.

En el debate previo a la votación, el conservador polaco Marcin Libicki lamentó que el régimen de Fidel Castro siga "contando con aliados en el mundo, algunos de ellos entre los Gobiernos europeos".

La lituana Laima Andrikiene (PPE) pidió que el Consejo de la UE restablezca las sanciones diplomáticas contra el régimen que adoptó en 2003 y que mantiene suspendidas desde 2005.

El español Manuel Medina (PSOE) les respondió que el debate que estaban manteniendo era "absolutamente improcedente" y lamentó que, para introducirlo en la agenda, el PPE hubiese eliminado una discusión sobre los refugiados iraquíes prevista inicialmente.

"La única razón por la que se ha planteado este tema aquí es por una cuestión de política española", agregó en alusión a las críticas del PP a la política del Gobierno español hacia Cuba.

En parecido sentido, Raúl Romeva (Los Verdes) criticó "la ya habitual tendencia de algunos colegas del PP de usar el Parlamento Europeo para hacer su oposición particular al Gobierno español" y defendió la estrategia europea para propiciar cambios en la isla.

"Especialmente en cuanto que se desmarca de la estrategia de los Estados Unidos basada en una confrontación estéril y en un embargo a la vez ineficaz e irresponsable", dijo.

El italiano Giusto Catania (Izquierda Unitaria Europea) indicó que, en aras de normalizar la relación con La Habana, la UE debería eliminar las sanciones de 2003 y revisar su Posición Común, tal como pidió ayer el ministro de Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque.

En nombre de la Comisión Europea, el húngaro Laszlo Kovacs defendió la idoneidad de la estrategia adoptada por los ministros en la actual coyuntura, marcada, según recordó, por la primera cesión de poder del presidente Castro en la historia del régimen.

"Sólo una política de compromiso y cooperación, y no una de sanciones, tiene el potencial de promover la democracia, el Estado de derecho, y mejora de condiciones de vida población, que es lo que prevé la Posición Común", dijo.