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CORRUPCION
Hace falta una carga
José Antonio Fornaris, Cuba-Verdad
LA HABANA, junio (www.cubanet.org) - Odalina
Guerrero Lara, abogada de 40 años, madre
de dos hijos, reside en Alquilar, municipio de
la provincia La Habana. En Alquízar nació
el poeta Rubén Martínez Villena.
Odalina asegura: "He sido maltratada, difamada,
y se han violado los derechos que, como ciudadana,
me garantizan la Constitución de la República
y el Código Civil".
Odalina trabajaba en el departamento jurídico
de la Dirección Municipal de la Vivienda
de Alquízar, de donde fue expulsada. La
abogada dijo que sus problemas comenzaron cuando
el director de la entidad, Rafael David Leiva,
mandó a cambiar los datos recogidos en
las planillas de los damnificados del último
ciclón que afectó al municipio,
con el propósito de justificar el desvío
de recursos con fines personales, a lo cual la
doctora Guerrero se negó.
El asunto se complicó cuando le ordenaron
confiscar las viviendas construidas en el territorio
sin la debida autorización, o que los dueños
no pudieran presentar la constancia de que los
materiales se habían adquirido de forma
legal.
"Expresé al jefe de mi departamento
y al director que no existía base legal
para hacer eso. Poco tiempo después vino
a verme un funcionario y me dijo que confiscara
las casas de los que no eran revolucionarios y
las entregara a los que sí lo eran. Aquello
también era ilegal, y no lo hice".
Un inspector de la Dirección Provincial
de la vivienda, con el propósito de ejercer
presión, registró la casa de Odalina
cuando la madre se encontraba sola en el inmueble.
"Como no encontraron nada que me pudiera
inculpar, el inspector me dijo más tarde
que había estado mirando la situación
de mi casa y que aquello estaba en muy mal estado,
y le había sugerido al director que me
entregaran los materiales necesarios para reparar
mi casa, que no tiene ni taza de baño"
-expresó Odalina.
Pasado el tiempo necesario para la entrega de
los materiales, ella y su esposo, que también
era su compañero de trabajo, le reclamaron
al director la autorización para comprar
los materiales, pero el se negó rotundamente.
"Nos dijo que no teníamos ningún
derecho, y acto seguido nos acusó ante
la policía de que lo habíamos amenazado
con agredirlo".
La acusación no prosperó porque
el investigador policial encargado del caso concluyó
que la situación entre el director y la
abogada no era asunto para ventilarse a esa instancia.
"Nos dijo que en el caso había mucho
más de lo que se había planteado,
y que buscáramos la manera de resolver
el problema en otra parte".
La abogada solicitó una entrevista con
el presidente del gobierno municipal, y el funcionario,
en cuanto la vio, comenzó a gritar palabrotas,
acusándola a ella y su esposo de chantajear
a Rafael David Leiva.
"La entrevista concluyó con el compromiso
del presidente de averiguar lo sucedido. Me recomendó
que esperara en mi casa. Pasaron dos meses, y
lo que llegó a mi casa fue la notificación
de mi expulsión del trabajo por ausencias
injustificadas".
Guerrero Lara presentó su caso por escrito
al departamento de recursos y revisión
del Departamento Jurídico del Consejo de
Estado. La respuesta le llegó del Departamento
de Atención a la Población, donde
la manifestaban que su caso estaba en manos de
las instancias municipales correspondientes, es
decir, ante los que ella señala como responsables
de sus problemas.
En la última comunicación recibida
por la doctora Guerrero, se le anuncia que va
a ser desalojada de la casa que ocupa, ya que
la vivienda está vinculada a la Dirección
Municipal de la Vivienda, y como no trabaja en
ese lugar, no tiene derecho sobre el inmueble.
"Vine a trabajar a Alquízar porque
no tenía casa. Y ahora no tengo a dónde
ir con mi familia".
En la tierra de Rubén Martínez
Villena hace falta una carga para matar bribones
-como escribió el poeta hace ya muchos
años.
ornarisjo@yahoo.com
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