POLITICA
Derroteros previsibles

Jorge Olivera Castillo

LA HABANA, junio (www.cubanet.org) - El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido consecuente en su actitud respecto a Cuba. Su actual negativa a liderar o sumarse a una política de presiones como respuesta a la flagrante y sistemática violación de los derechos humanos en la isla, subraya un estilo que cobró vigencia durante el mandato de Felipe González.

En 14 años al frente del ejecutivo español, González mantuvo cordiales relaciones tanto a nivel personal, en el caso de Fidel Castro, como con el resto de la dirigencia cubana.

Aunque hubo periodos de tensiones, nunca la ruptura se valoró como un hecho probable. Los desencuentros no pasaron de meros ejercicios retóricos o expresiones tamizadas con el velo de la diplomacia.

A menudo los analistas esgrimen la vinculación cultural e histórica entre ambos países. Cuba fue la última colonia que obtuvo la independencia de España. Los ibéricos se negaban a aceptar la pérdida de una isla donde se habían establecido una gran cantidad de españoles, quienes fundaron familias, enraizaron costumbres y forjaron parte de la identidad nacional.

En 1902 España firmó la capitulación ante las tropas norteamericanas que intervenían para sellar una guerra que había dejado a Cuba devastada, sin recursos, ni potencialidades humanas para encauzar al país por la senda del desarrollo.

Esto contribuyó a crear en el imaginario español una sensación de resentimiento y rechazo hacia Estados Unidos, a expensas de un salto cualitativo en la visión del mundo. Es decir, las libertades ciudadanas, la abolición de la esclavitud, el desarrollo industrial a gran escala y otras prácticas que generaban un progresivo y natural apetito por la obtención de tierras y recursos extra fronterizos.

Tal enfoque, a pesar de las causas que lo avalan, no llega a monopolizar el espectro político español. Una filosofía asentada en un conservadurismo muy ligado a la derecha republicana estadounidense, los siglos de distancia e interpretaciones con basamentos ideológicos basados en estrategias más eficaces y transparentes y fuera de cualquier veleidad dialogante, tienen en el opositor Partido Popular (PP) un representante que apuesta por una política marcada por la denuncia, las sanciones y el aislamiento, como armas para castigar a la dictadura cubana.

Un detalle que sale a relucir en las apasionadas batallas verbales que ocurren en la Cámara de Diputados es la existencia de casi 300 reos políticos y de conciencia, sin que el régimen de La Habana haga algo significativo para cambiar la realidad.

Las fuerzas políticas en disputa esgrimen razones para legitimar su postura. Sin embargo, todo indica que prevalecerán los conceptos del PSOE. Las intenciones de abrir una brecha por medio de conversaciones, acuerdos y créditos, podrían ofrecer cierta cobertura para el advenimiento de resultados lejos de la espectacularidad en cuanto a su alcance.

Si se toman como referentes las declaraciones de los representantes del poder en Cuba, muy poco se puede esperar, al menos a corto plazo.
Pudieran ocurrir algunas liberaciones de prisioneros, traslados que acerquen a los confinados a cárceles más cercanas a sus lugares de residencia, pues existen casos donde los sancionados permanecen a distancias superiores a los 900 kilómetros de sus casas. Pensar en resultados de mayor trascendencia es imposible. La voluntad para emplearse a fondo en la solución de estas cuestiones no es la que prevalece en la cúpula del poder totalitario.

Como herencia del anterior gobierno liderado por el conservador José María Aznar, está la posición común tomada por los 25 países que conformaban la Unión Europea en 1996.

Esto será muy difícil removerlo porque nada ha cambiado sustancialmente desde entonces. La negativa del gobierno a iniciar una apertura hacia la democracia, el acoso y nuevos encarcelamientos contra los disidentes, la vigencia de un código penal abusivo, la práctica de absurdas prohibiciones que recuerdan al apartheid, son suficientes pruebas que deberían desbancar cualquier propuesta de derogación.

El aplazamiento de las sanciones diplomáticas impulsadas también por Aznar en el seno de la Unión Europea en 2004, como respuesta al encarcelamiento de 75 disidentes en la primavera de 2003, podría repetirse, como viene ocurriendo cada 6 meses a petición del gobierno de Rodríguez Zapatero.

La visita el pasado mes de abril del canciller Miguel Ángel Moratinos a La Habana, y la realización del primer encuentro para tratar asuntos de derechos humanos con las autoridades de la isla, tal y como se previó, marca una pauta en la evolución del diferendo Cuba- Europa.

Hasta ahora no hay ninguna señal que acredite pasos que vayan más allá de las palabras que funcionarios de ambas naciones intercambiaron a puertas cerradas. Quizás sea muy pronto para contabilizar éxitos desde el lado de la disidencia.

Hay quienes aseguran que no habrá nada o muy poco que festejar. Los más escépticos van delante en los vaticinios.

La última en manifestar las suspicacias en público fue la Secretaria de Estado norteamericana Condolezza Rice, en los primeros días de junio, durante una visita a Madrid.

España, mientras gobierne el PSOE, marcará el camino de la política hacia Cuba por la vía del llamado diálogo constructivo. Ha logrado unificar los ánimos de sus socios comunitarios, ha pedido paciencia y un voto de confianza en su labor por alcanzar al menos el arranque de la democratización en Cuba.

En septiembre será el próximo contacto, dentro del marco del sexagésimo segundo período de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Veremos si las esperanzas de un cambio florecen o se marchitan. Es atinado pensar que el estado de derecho en España llegó después de la muerte de Franco. Parece que el destino de la isla marcha por un camino similar.