Disidentes piden a Raúl Castro la liberación de los presos políticos

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La Habana, 29 jul (EFE).- Un año después de la delegación provisional de poderes de Fidel Castro en favor de su hermano Raúl, la disidencia interna cubana no aprecia mejoras significativas en materia de derechos humanos y coincide en que cualquier cambio debe incluir la liberación de los presos políticos.

Fidel Castro, que en agosto cumplirá 81 años, se vio obligado a delegar provisionalmente el poder en el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) el 31 de julio de 2006 por una grave enfermedad que le mantiene alejado de la escena política y de la vida pública.

Durante el primer año de gobierno de Raúl Castro, coincidieron disidentes consultados por Efe, apenas se han registrado cambios en la situación de los derechos humanos, aunque hay señales consideradas positivas por algunos opositores.

Entre esas señales destacan la posibilidad de cambios económicos -apuntada el pasado día 26 por el propio ministro de las FAR- que podrían contribuir a aliviar las estrecheces de la población.

Para Oswaldo Payá, líder del ilegal Movimiento Cristiano Liberación (MCL), en el último año no ha habido avances en derechos humanos y es necesario terminar con "la injusticia sostenida" y liberar a los presos políticos.

"No se respeta al pueblo, ni siquiera el derecho a saber cuál es la perspectiva de los que están gobernando", denuncia el opositor cubano, convencido de que la "inseguridad" sobre el futuro ha provocado un "agotamiento en el pueblo y un profundo deseo de cambio".

La solución, a su juicio, pasa por dejar de lado el "paternalismo", entablar un "diálogo nacional" y aplicar reformas legales para abrir espacios a la participación pública.

Tampoco Marta Beatriz Roque, ex presa política y dirigente de la ilegal Asamblea para Promover la Sociedad Civil, aprecia movimientos en materia de derechos humanos ni encuentra razones para el optimismo a corto plazo.

Los "cambios estructurales (a los que se refirió Raúl Castro) que la gente ha visto como posibilidad de apertura, van a ser cosméticos", afirma.

"No se van a dar soluciones al meollo del asunto: la falta de libertades políticas, sociales y económicas que tiene este pueblo", lamenta.

En la misma línea se enmarca Vladimiro Roca, del grupo opositor ilegal Todos Unidos, para quien "no ha habido hechos que confirmen el pragmatismo que se le atribuye a Raúl Castro".

Pese a reconocer que en los últimos meses ha disminuido "la represión social, que desde 2006 era violenta", asegura que no ve cambios en la represión selectiva contra los opositores y la discriminación.

Por el contrario, el socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa, del moderado proyecto disidente Arco Progresista, aprecia un "proceso lento de re-encauzamiento del discurso político de los pragmáticos en el poder".

Además, observa una tendencia "hacia la distensión con la comunidad pro-derechos humanos" que, dice, se ha traducido en una "rebaja sustancial" del hostigamiento hacia la disidencia, aunque se mantienen las detenciones por motivos políticos.

Cuesta cree que las palabras de Raúl Castro confirman que "va asumiendo el liderazgo, que me imagino culmine en las elecciones con la asunción de la presidencia del país", anota.

También Oscar Espinosa Chepe, economista independiente y ex preso político del "Grupo de los 75", considera que en los últimos meses se ha consolidado la presencia de Raúl Castro en la dirección del país y cree que "es difícil que Fidel Castro retorne al poder".

Su esposa, Miriam Leiva, cofundadora del movimiento Damas de Blanco, opina que en estos doce meses se ha vivido una "etapa de análisis y re-acomodo de intereses" entre los dirigentes del país y ahora es fundamental excarcelar a los presos políticos y abrir espacios para la discrepancia.

"Creo que quizás es el inicio de una nueva etapa que pudiera ser muy positiva si no se ponen trabas absurdas", apunta.

Según el último informe de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), divulgado hace unas semanas, la situación de los derechos fundamentales en la isla es "marcadamente desfavorable" y el panorama de futuro es "más bien pesimista", aunque el número de presos o procesados políticos se ha reducido de 283 a 246.