POLITICA
¿Democracia o autocracia?

Laritza Diversent Cámbara

LA HABANA, julio (www.cubanet.org) - El ejercicio colectivo del poder por una sociedad dividida en sectores o clases con intereses diferentes, incluso antagónicos, es prácticamente imposible.

Los politólogos y teóricos castristas critican la democracia burguesa porque esta supone una transferencia de la soberanía popular a favor de los representantes políticos. Sin embargo, eso mismo sucede en Cuba, un estado supuestamente socialista.

Del carácter eminentemente político de nuestra Carta Magna se desprende que nuestro pueblo delega su soberanía y voluntad en la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo de poder en el país. Con potestad constituyente y legislativa, a través de ella, el pueblo ejerce supuestamente el poder del estado (artículos 3, 69 y 70 de la Constitución).

Al igual que en las democracias burguesas (tal como se empeñan en llamarlas), el diputado representa a la nación y no al reducido cuerpo electoral que lo eligió. Sus actos y decisiones no necesitan la ratificación popular. Tienen fuerza y valor jurídico como si emergieran del cuerpo electoral nacional.

Incluso se arrogan el derecho a guardar silencio sobre sus decisiones, declarando que existen intereses y secretos de estado que los han obligado a adoptar medidas que no pueden ser comunicadas a la población.

Pudiera tomar se como diferencia la rendición de cuentas y la posibilidad de revocación de mandato de los diputados, prevista en los artículos 84 y 85 de la Constitución.

Considero lo anterior como una de las tantas falacias demagógicas de la mal llamada democracia socialista cubana.

Los diputados nunca mantienen vínculos con los distritos electorales que los eligieron. Tampoco le rinden cuenta de su gestión política en el gobierno.

Antes de la reforma constitucional de 1992, el pueblo de Cuba no elegía a sus representantes populares. En consecuencia, no tenía la posibilidad de revocarlos. Después de la citada reforma, la población sí elige directamente a los diputados nacionales, pero la Ley no. 89 de 1999 no nos reconoce como sujetos facultados para revocar su mandato.

La antes mencionada disposición normativa, desde su puesta en vigor, se ha aplicado una sola vez. Se revocó el mandato de un delegado municipal que pretendía abandonar el país y efectivamente lo hizo. Queda en duda el grado de compromiso y lealtad de nuestros representantes con la revolución castrista.

Se evidencia, además, la falta de utilidad práctica de la institución en nuestro sistema político, no porque no haya inconformidad, sino porque nuestros legisladores diseñaron una fórmula de revocación que prácticamente hace innecesaria la aplicación de la misma.

En el sistema legal cubano, la revocación es nominal, nunca real. Su existencia impide que el pueblo pueda interrumpir y terminar la permanencia de los oportunistas que hoy nos gobiernan.

Si nuestro pueblo pudiera escoger los diputados, que no propone ni nomina, si pudiera revocar directamente el mandato de los mismos, estoy segura que no estaría en el poder la dinastía Castro. No olvidemos que para permanecer indefinidamente en el poder, necesitan un mínimo de voto popular.

Es verdad que votamos por ellos, pero antes tenemos que soportar que los medios de comunicación social nos inciten a utilizar el voto múltiple, en bloque o por todos. Tenemos que tolerar que nos repitan hasta el cansancio nuestro deber, compromiso y lealtad con la dictadura. Aguantar que los de los Comités de Defensa de la Revolución nos toquen la puerta para acosarnos, que nos chantajeen para obligarnos a ejercer el voto.

Votar no significa escoger libremente a nuestros representantes populares. Este derecho, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está vedado para el pueblo de Cuba gracias a la estratégica forma de elección y revocación de los parlamentarios cubanos que garantiza su ilimitado mandato, pero nunca la libertad de nuestra nación.

Participamos directamente en la política sólo para escoger a un delegado que no tiene conciencia del papel político asignado, que no tiene poder ni autonomía para resolver los graves problemas que afronta la población de su comunidad, gracias a la ineficiente gestión del gobierno.

Participamos pasivamente, por medio de unos representantes que votamos pero no elegimos. En concordancia, tenemos que tolerar a un puñado de oportunistas que destruyen los cimientos de una sociedad que, desde su mandato, se ha convertido en la nación más explotada, reprimida y esclavizada del orbe.

En Cuba no hay democracia, ni socialista ni burguesa. Vivimos bajo un régimen autocrático y despótico. Autocrático porque el poder del estado es ejercido unipersonalmente por un solo hombre. Despótico porque su poder no conoce límites en las leyes del sistema jurídico.