POLITICA
Llover sobre mojado

Oscar Espinosa Chepe

LA HABANA, Cuba - Abril (www.cubanet.org) - Las evidencias de que la política española hacia Cuba ha tenido un cambio radical en los últimos tiempos son aplastantes. Los hechos demuestran que se ha dejado de priorizar la preocupación por la constante violación de los derechos humanos, sustituyéndola por una atención especial a los intereses económicos, financieros y comerciales hispanos en la isla.

Con respecto a las administraciones de Felipe González y José María Aznar, la interlocución entre la embajada española en La Habana y los demócratas que se esfuerzan por lograr el respeto a los derechos humanos es casi inexistente. España ha pasado a ser uno de los países de la Unión Europea que brinda menos apoyo moral y solidaridad a la disidencia pacífica. A esto se añade el pobre papel de la actual administración española en las cumbres iberoamericanas. En las realizadas en Salamanca y Montevideo, España propició documentos con evaluaciones parcializadas acerca de la situación cubana, soslayándose los sufrimientos del pueblo cubano causados por casi 50 años de totalitarismo.

El colofón de este proceso se ha producido recientemente con la visita de la delegación encabezada por el canciller Miguel Ángel Moratinos, quien ignoró a la oposición, mientras se refería a Felipe Pérez Roque, ministro del totalitarismo, como su gran amigo. Como si fuera poco, después de su salida se trató de manipular a la disidencia mediante la convocatoria a una reunión con un funcionario de Relaciones Exteriores en la sede diplomática de España, con el evidente objetivo de tratar de limpiarse la cara ante la opinión pública española e internacional, como si los cubanos fuéramos tontos y no tuviéramos dignidad. Maniobra burda que recibió el rechazo de las organizaciones disidentes y los presos políticos.

Durante la visita del Sr. Moratinos, los asuntos económicos, comerciales y financieros recibieron la máxima prioridad, lo cual se aprecia en el comunicado conjunto suscrito el 3 de abril. La hoja de parra que trataron de colocar con el establecimiento de un supuesto mecanismo de consultas políticas, incluido un diálogo sobre derechos humanos, cayó antes (www.cubanet.org)de que se secara la tinta de la firma del acuerdo, pues el Sr. Pérez Roque declaró que en ese documento no se contemplan a los presos políticos, y repitió sus calumnias sobre quienes hoy sostienen las banderas de la libertad y la democracia en Cuba.

Todo hace indicar, si no se demuestra lo contrario, que esta visita refleja el agradecimiento al totalitarismo caribeño por constituir el tercer mercado en América Latina para las exportaciones españolas, las cuales crecieron en un 30,0% en 2006 en relación con el año anterior.

Asimismo, podría ser el apoyo a empresas españolas establecidas en Cuba y a sus lucrativos negocios, efectuados en un perfecto clima de ¨tranquilidad laboral, sin que los trabajadores tengan derecho a la huelga, libre sindicalización, y sobre todo, a que pueden ser cesanteados al menor reclamo. Todo esto sin mencionar el maridaje de las empresas hoteleras españolas con el totalitarismo en la implantación de un severo apartheid turístico contra los cubanos; una cadena de violaciones de acuerdos internacionales suscritos por España dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo, y de derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas. Sería oportuno conocer los criterios de la Unión General de Trabajadores (UGT) y comisiones obreras al respecto.

A pesar del grado de sordera política oficial, la disidencia pacífica cubana, en su inmensa mayoría, desde una posición moderada y razonable, no se ha opuesto a los contactos oficiales ni a los intercambios económicos, comerciales, culturales y de otra índole. La historia enseña que los vínculos directos entre los pueblos y naciones son instrumentos efectivos en la lucha por la democratización de las sociedades, porque promueven el intercambio de conocimientos e información. No son casuales los esfuerzos del régimen cubano para impedir a los ciudadanos el acceso a Internet, la televisión y la prensa extranjera. Sin embargo, establecer vínculos con un régimen totalitario en los que prime la complacencia e intereses mezquinos, soslayando el sufrimiento del pueblo, es algo muy distinto.

El irrespeto a los luchadores por la democracia y los derechos humanos en Cuba es también una paletada de lodo al digno pueblo español que tanto sufrió en épocas no muy distantes a causa del totalitarismo y, muy en especial, a la militancia socialista del partido fundado por Pablo Iglesias en el siglo XIX, que tanto ha luchado en España junto a otras fuerzas políticas en defensa de los intereses de los trabajadores, la libertad y la democracia para todos los ciudadanos.

Hoy, el gobierno español en modo alguno puede ser un referente en la Unión Europea sobre asuntos cubanos. En todo caso, podrá representar los intereses del totalitarismo porque no tiene otro punto de vista que el del régimen. El único saldo positivo ha sido que el desconsiderado gesto contribuyó a unir a la disidencia y que de todas las cárceles cubanas surgiera al unísono un clamor de reprobación y condena.

Sería injusto olvidar la solidaridad recibida de muchos españoles por encima de ideologías en estos tiempos difíciles para los cubanos, incluida la ofrecida por muchos turistas que, por iniciativa personal, han visitado nuestras casas para alentarnos en la lucha. Tampoco puede dejar de mencionarse que la propuesta del Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia de la Unión Europea para nuestras Damas de Blanco, surgió precisamente de eurodiputados españoles.

Esperamos que las actuales autoridades de España recapaciten y, al menos, hagan una declaración pública de reconocimiento del grave error cometido. Esperamos que la embajada española deje de ser una de las últimas en el apoyo y la solidaridad a quienes se esfuerzan por lograr el respeto de los derechos humanos y la democracia en Cuba, así como que España se sitúe entre los países que, por encima de los intereses económicos, honren sus compromisos internacionales en materia laboral y de derechos humanos.