La guerra secreta del castrismo contra la clase media

Soren Triff, El Nuevo Herald, 30 de agosto de 2007.

El Decreto-Ley 251/07 que entra en vigor en unos días en Cuba castiga la conducta corrupta de ''cuadros, dirigentes y funcionarios'' del régimen. Sin embargo, el decreto prueba que la ''familia'' castrista utiliza a profesionales, técnicos, militares, científicos, artistas e intelectuales pero al mismo tiempo les teme y los percibe como enemigos de clase.

El decreto además protege a los altos jefes de las redes delictivas. Según el texto, está sujeto a castigo el ''superior jerárquico inmediato'' de los violadores e infractores de la ley, es decir, la cadena de responsabilidad por el delito terminaría con el supervisor, no con el alto jefe para quien trabaja el supervisor. Las recientes resoluciones laborales 187 y 188 del Ministerio del Trabajo atacan a la clase trabajadora, mientras que este nuevo decreto extiende la agresión contra la clase media. La ''familia'' de Castro sigue viviendo por encima de la ley.

''Desde que la dirigencia revolucionaria llegó al poder en 1959, manejó los recursos del Estado en forma patrimonial'', afirma Ricardo A. Puerta en un libro ya clásico sobre la corrupción titulado Corrupción en Cuba y cómo combatirla. El régimen mantuvo el monopolio sobre los recursos del pueblo y la ilusión de igualdad social mediante el terror sobre toda la población, la movilización masiva permanente, la eliminación de la clase media que la estabilidad del régimen creaba y el sometimiento del país a una rígida economía de subsistencia (mal llamada centralización).

En 1989 este sistema se fracturó y la consecuencia más grave fue que la población recuperó la aspiración a mejorar su vida personal, y comenzó a imitar a los miembros de la clase dirigente, en especial desde que el régimen se vio forzado a ser flexible con la economía de subsistencia entre 1993 y 1996 y cobró fuerza la economía de resistencia o sociolismo, como la llama Puerta. Es por estas fechas que Carlos Lage presentó tímidamente la corrupción como peligro político.

El régimen considera la corrupción como prácticas ''capitalistas'' y ''actos aislados'', pero esto contradice la creación del Ministerio de Auditoría y Control, en el 2001. Desde ese año se publican regularmente casos de corrupción. En el 2005, Fidel Castro vinculó abiertamente la corrupción con la política e incluso con la seguridad nacional. Castro mismo abrió la puerta a que se consideren enemigos políticos quienes compiten por el mercado interno incipiente, principalmente en la figura del funcionario que por la mañana apuntala la economía estatal y luego usa su influencia para impulsar una economía paralela de resistencia (corrupción menor, que crea y distribuye la riqueza) que compite exitosamente con las empresas del estado que la familia utiliza como propiedad privada (corrupción mayor, que sólo sostiene a la familia y no distribuye la riqueza).

El régimen puede agudizar el conflicto civil y crear una crisis artificial para llevar a Cuba a una economía de subsistencia (como hace Zimbabwe) y/o acusar de corrupción a sus nuevos enemigos políticos. Por eso la comunidad internacional debe rechazar cualquier medida que limite la libertad económica de los cubanos y considerar a las personas condenadas por las resoluciones y el decreto como individuos castigados por delitos políticos y proteger su derecho a disentir de la política económica del régimen, en especial mientras el régimen carezca de transparencia y frene el desarrollo de las fuerzas productivas del país.