CORRUPCION
Incomunicaciones cubanas

Leonel Alberto Pérez Belette

LA HABANA, agosto (www.cubanet.org) - Fuentes dentro de la empresa ETECSA (perteneciente al Ministerio de Comunicaciones) y clientes de la misma, revelaron la tediosa odisea de los mecanismos implementados en la Isla para la simple instalación de un teléfono de línea fija. Además, las trabas artificialmente impuestas por el gobierno a un proyecto liberalizador de los contratos para la obtención directa por nacionales del servicio de teléfonos móviles.

Según los propios trabajadores y clientes, el proceso para otorgar el simple permiso de instalación del servicio telefónico de línea fija a un ciudadano común, o una reciente variante radial de 400 minutos, es maquiavélico. El camino está plagado de favoritismos, ineficiencia y corrupción.

Hay casos específicos de trabajadores del Ministerio de Cultura (MINCULT) que se quejan del tiempo que hace que están esperando por la autorización. Las demoras van desde un año en la secretaría de Abel Prieto, ministro de Cultura, seis meses en la presidencia de ETECSA y tiempo indefinido en las distintas dependencias del MICOM. Esta cadena burocrática es prácticamente la misma para otras entidades y se torna más intransitable para el ama de casa, trabajadores por cuenta propia y otros ciudadanos de a pie.

Nadie sabe cuáles son los cánones para clasificar la prioridad de cada caso, pero resulta asombroso que los beneficiados sean militares, comisarios políticos, elementos de alto poder adquisitivo, concubinas, familiares y otros demonios. Por otro lado, personas que dedican su vida a la enseñanza artística, o al trabajo con niños permanecen en el peloteo entre secretarias ineficientes, oficinas oscuras, directores sin autoridad, papeles apiñados y reuniones fantasmas.

El presidente de la empresa de comunicaciones ETECSA no posee autoridad más que para meras cuestiones técnicas. Son el ministro y otros funcionarios quienes personalmente asignan las líneas; sobre todo en lo referente a solicitudes de otros ministerios, en favor de los mismos trabajadores estatales.

Sobre esto último, un trabajador comentó: "El sistema es tan patético que casi sería lo mismo que si el presidente francés o el de Haití, tuvieran entre sus funciones otorgar el permiso de instalación de cada teléfono del país".

En lo que respecta a la telefonía celular, muchos cubanos disponen de un teléfono móvil. Para que funciones han de valerse de un ciudadano extranjero. El nacional queda sólo con un permiso para utilizarlo. Se trata de ciudadanos sin derechos y de tercera clase en el propio país, dentro de una realidad económica de suma complejidad.

Esto ha propiciado que muchos cubanos hayan sido blanco de estafa por parte de algunos extranjeros que lucran a costa de la precaria situación de la población, y también de compatriotas inescrupulosos y de integrantes de las mismas empresas de telefonía móvil (las sociedades anónimas Cubacel y CECOM, hoy fusionadas en una sola entidad estatal). Otros dependen del capricho del extranjero firmante que, a voluntad, puede cerrar la cuenta que el cubano pagó sin derecho a reclamación.

Estas absurdas regulaciones resultan ridículas para cubanos y extranjeros que no logran entender el motivo por la cual existen.

Un proyecto de ley que permitiría que el ciudadano accediera directamente al servicio fue aprobado por parte del MICOM, pero al llegar a la oficina del ministro Ramiro Valdés fue vetado.