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AGRICULTURA
Aunque sea verde no es lechuga
Lucas Garve, Fundación por la Libertad
de Expresión
LA HABANA, Cuba - Marzo (www.cubanet.org) - El
precio de los tomates andaba por los 4 pesos la
libra el sábado pasado cuando pasé
por el punto de venta de una Cooperativa de Crédito
y Servicio (CCS) instalada en el barrio donde
vivo. El vendedor vive como a dos cuadras o tres
del timbiriche de latón y madera que le
sirve de punto de venta. Y tiene fama de vender
caro, según varios vecinos del lugar.
Precios
Zanahoria: 7 pesos el mazo
Cebolla: 10 a 12 pesos el mazo
Ají pimiento: 1 a 2 pesos cada uno
Tomate: 3 a 5 pesos la libra
Col: 5 a 7 pesos cada una
Remolacha: 7 pesos el mazo
Según la opinión de mucha gente,
se habla con insistencia acerca de los precios
y la necesidad de que bajen. Pero realmente, ¿quién
pone los precios a los productos? ¿Y cómo
se llega a los altos precios en que se venden?
Para averiguarlo, acudí al Granma, el
diario oficial cubano, pues durante varias ediciones
del mes de febrero publicó un reportaje
investigativo sobre el tema de los productos agropecuarios,
precios, formas de comercialización y tendencias
en el mercado.
Aparte del enfoque oficialista acerca de las
soluciones posibles ofrecidas, deduje que uno
de los principales problemas del "nudo gordiano"
de la producción agrícola, el desabastecimiento
endémico y los altos precios, reside todavía
en la madeja de instituciones y entidades que
sólo sirven para "controlar"
las relaciones entre el productor y el cliente.
Relaciones afectadas por falta de camiones para
el transporte de los productos recolectados en
el campo hacia los mercados urbanos, dependencia
de entidades ajenas a la comercialización
en la decisión de precios, falta de pago
a los productores, escasez de insumos, hasta una
verdadera mafia constituida por quienes controlan
los mercados urbanos de oferta y demanda.
Joel Corvo Cervera, de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (ANAP) en Quivicán,
atestigua sobre ello en el periódico Granma,
órgano oficial del Partido Comunista de
Cuba el 24 de febrero, pues campesinos de su zona
que van a vender a los mercados urbanos con precios
bastante asequibles han sufrido amenazas, robo
de mercancías, y llega a afirmar que "en
el peor de los casos los agreden físicamente".
Por otra parte, he observado que viviendas cercanas
a los puntos de venta de productos agropecuarios
y mercados son utilizadas como pequeños
almacenes de mercancías. Claro está,
debe existir un trato con los moradores para guardar
los productos en ellas. Todo esto encarece el
precio de la mercancía. Y la culpa no es
únicamente de los intermediarios.
¿Por qué el Estado no facilita
espacios a los productores reales, los campesinos
de las CCS, para guardar sus productos? ¿Por
qué los precios son fijados por los consejos
municipales de la administración del Poder
Popular y del Ministerio de Finanzas y Precios
y no por los productores mismos? Allí donde
se mezcla la burocracia con el mercado se enreda
la cosa, pudiéramos argumentar. Sin embargo,
no es fácil romper con el poder de la burocracia,
aunque sí se aprovechan los intermediarios
de las ineficacias de los dueños del buró.
Una solución aportada por el Estado fue
la de los precios "topados" que son
por los que se rigen los mercados agropecuarios
estatales, pero sucede que en éstos el
cliente no encuentra una mejor variedad de productos,
salvo en algunos casos. Por ejemplo, el que existe
cerca de donde vivo no vende la misma variedad
de vegetales y viandas que los pequeños
puntos de venta (timbiriches). ¿Acaso por
falta de trasporte para las mercancías?
En el artículo del 17 de febrero sobre
el tema, el mencionado diario Granma informa en
un recuadro que existen diversas formas de acopio
y comercio agrícola. En esto intervienen
la Unión de Acopio, el Ejército
Juvenil del Trabajo; unas 1,915 CCS efectúan
gestiones de comercio de forma directa, y unas
750 cooperativas de producción agropecuaria
(CPA) y 25 mil productores individuales.
También venden directamente 72 empresas
del sector estatal, 169 granjas urbanas y un sin
número de entidades agropecuarias que no
relacionan.
Ellas venden en el país en 533 mercados
agropecuarios y 1,575 placitas (puntos de venta)
pertenecientes a empresas de Acopio, sin contar
con los puntos de venta de la agricultura urbana,
las CCS, las CPA, las UBPC, etc. para un total
de 13,800 puntos minoristas de venta.
Unida a esta madeja, la cuestión de las
deudas atrasadas complica aún más
la situación en la que por último,
es la población quien paga los altos precios
y el desabastecimiento, en buena parte, por razones
ajenas a la producción.
Ahora mismo, vale interrogarse: ¿Por qué
no acaban con esta telaraña de entidades,
instituciones y "racionalizan" un poco
ese collar de problemas que dificulta la comercialización?
Creo que solamente hay una respuesta, y no es
otra que el afán estatal por controlarlo
todo. ¡Que nadie toque nada, sólo
yo puedo tocar!
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