PRENSA INDEPENDIENTE
Marzo 9 , 2006
 

AGRICULTURA
Aunque sea verde no es lechuga

Lucas Garve, Fundación por la Libertad de Expresión

LA HABANA, Cuba - Marzo (www.cubanet.org) - El precio de los tomates andaba por los 4 pesos la libra el sábado pasado cuando pasé por el punto de venta de una Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS) instalada en el barrio donde vivo. El vendedor vive como a dos cuadras o tres del timbiriche de latón y madera que le sirve de punto de venta. Y tiene fama de vender caro, según varios vecinos del lugar.

Precios

Zanahoria: 7 pesos el mazo
Cebolla: 10 a 12 pesos el mazo
Ají pimiento: 1 a 2 pesos cada uno
Tomate: 3 a 5 pesos la libra
Col: 5 a 7 pesos cada una
Remolacha: 7 pesos el mazo

Según la opinión de mucha gente, se habla con insistencia acerca de los precios y la necesidad de que bajen. Pero realmente, ¿quién pone los precios a los productos? ¿Y cómo se llega a los altos precios en que se venden?

Para averiguarlo, acudí al Granma, el diario oficial cubano, pues durante varias ediciones del mes de febrero publicó un reportaje investigativo sobre el tema de los productos agropecuarios, precios, formas de comercialización y tendencias en el mercado.

Aparte del enfoque oficialista acerca de las soluciones posibles ofrecidas, deduje que uno de los principales problemas del "nudo gordiano" de la producción agrícola, el desabastecimiento endémico y los altos precios, reside todavía en la madeja de instituciones y entidades que sólo sirven para "controlar" las relaciones entre el productor y el cliente.

Relaciones afectadas por falta de camiones para el transporte de los productos recolectados en el campo hacia los mercados urbanos, dependencia de entidades ajenas a la comercialización en la decisión de precios, falta de pago a los productores, escasez de insumos, hasta una verdadera mafia constituida por quienes controlan los mercados urbanos de oferta y demanda.

Joel Corvo Cervera, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Quivicán, atestigua sobre ello en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba el 24 de febrero, pues campesinos de su zona que van a vender a los mercados urbanos con precios bastante asequibles han sufrido amenazas, robo de mercancías, y llega a afirmar que "en el peor de los casos los agreden físicamente".

Por otra parte, he observado que viviendas cercanas a los puntos de venta de productos agropecuarios y mercados son utilizadas como pequeños almacenes de mercancías. Claro está, debe existir un trato con los moradores para guardar los productos en ellas. Todo esto encarece el precio de la mercancía. Y la culpa no es únicamente de los intermediarios.

¿Por qué el Estado no facilita espacios a los productores reales, los campesinos de las CCS, para guardar sus productos? ¿Por qué los precios son fijados por los consejos municipales de la administración del Poder Popular y del Ministerio de Finanzas y Precios y no por los productores mismos? Allí donde se mezcla la burocracia con el mercado se enreda la cosa, pudiéramos argumentar. Sin embargo, no es fácil romper con el poder de la burocracia, aunque sí se aprovechan los intermediarios de las ineficacias de los dueños del buró.

Una solución aportada por el Estado fue la de los precios "topados" que son por los que se rigen los mercados agropecuarios estatales, pero sucede que en éstos el cliente no encuentra una mejor variedad de productos, salvo en algunos casos. Por ejemplo, el que existe cerca de donde vivo no vende la misma variedad de vegetales y viandas que los pequeños puntos de venta (timbiriches). ¿Acaso por falta de trasporte para las mercancías?

En el artículo del 17 de febrero sobre el tema, el mencionado diario Granma informa en un recuadro que existen diversas formas de acopio y comercio agrícola. En esto intervienen la Unión de Acopio, el Ejército Juvenil del Trabajo; unas 1,915 CCS efectúan gestiones de comercio de forma directa, y unas 750 cooperativas de producción agropecuaria (CPA) y 25 mil productores individuales.

También venden directamente 72 empresas del sector estatal, 169 granjas urbanas y un sin número de entidades agropecuarias que no relacionan.

Ellas venden en el país en 533 mercados agropecuarios y 1,575 placitas (puntos de venta) pertenecientes a empresas de Acopio, sin contar con los puntos de venta de la agricultura urbana, las CCS, las CPA, las UBPC, etc. para un total de 13,800 puntos minoristas de venta.

Unida a esta madeja, la cuestión de las deudas atrasadas complica aún más la situación en la que por último, es la población quien paga los altos precios y el desabastecimiento, en buena parte, por razones ajenas a la producción.

Ahora mismo, vale interrogarse: ¿Por qué no acaban con esta telaraña de entidades, instituciones y "racionalizan" un poco ese collar de problemas que dificulta la comercialización? Creo que solamente hay una respuesta, y no es otra que el afán estatal por controlarlo todo. ¡Que nadie toque nada, sólo yo puedo tocar!


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