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ECONOMIA
INFORMAL
Cuba: visión represiva de lo que va de año
Richard Roselló
LA HABANA, Cuba - Febrero (www.cubanet.org) -
La nueva oleada de represión política
en Cuba contra decenas de opositores y disidentes,
hecha pública bajo este título por
la Comisión Cubana de Derechos Humanos
y Reconciliación Nacional el pasado 9 de
febrero constituye para la mayoría de la
oposición solo una visión preliminar
que podría tomar una mayor magnitud al
paso de los meses del presente año.
El informe alude también al hostigamiento
policial y a la represión total de otras
fuerzas represivas contra la sociedad en las que
intervienen las organizaciones de masas, políticas
y militares del país. El sector civil -cuenta
propistas, receptores, merolicos, vendedores de
divisa, de carne de puerco, disidentes, balseros,
fabricantes clandestinos de ron, artesanos, desvinculados
laborales y de estudios que realizan, unos, actividades
de venta consideradas ilegales, y otros- representa
para el gobierno cubano una fuerza no productiva
y antisocial, y son sancionados y perseguidos
por la ley.
Informaciones compiladas referentes a dichos
sucesos en los municipios habaneros, así
como en otras partes de la isla expresan que la
batalla del gobierno por eliminar el delito y
la corrupción durante los dos primeros
meses del año actual ha tomado una gran
dimensión.
A principios de enero la policía del municipio
de Güines lanzaba una ofensiva contra los
poseedores de balones de gas ilegal, durante la
cual se decomisaron más de cincuenta.
Los acusados fueron sometidos a intensos interrogatorios
en el Departamento Técnico de Investigaciones
(DTI) del municipio San José de las Lajas
en la provincia Habana. Sus declaraciones, dicen
las fuentes, arrojan que otra cadena de participantes
implican a centenares de personas más de
dicha localidad.
El pasado 8 de febrero cerca de una treintena
de jóvenes, también batabanoenses,
fueron citados a una sala de video para sostener
una entrevistas con un oficial de Seguridad del
Estado. Además estaban presentes representantes
de Fiscalía, del Partido, de la Juventud
y el Jefe de la policía, junto a otros
subordinados de sectores. En la reunión
los citados fueron advertidos de que se les aplicaría
la ley de peligrosidad -hasta cuatro años-
por no estar insertados en la sociedad.
Entre los citados se encontraban Osvaldo Lliteras,
Jorge Luis Placeres, José Hernández,
Francisco Reyes, Arturo Sánchez. A los
citados no se les dio oportunidad de expresar
su opinión. Pero tampoco les ofrecieron
vías de empleo con oportunidades en una
reunión fugaz de apenas media hora.
De igual manera, caso similares tuvieron lugar
en el resto de los municipios habaneros como confirmaron
algunos testigos, y la situación se extendió
a nivel nacional por una orientación del
gobierno.
Otras acciones eran llevadas a cabo simultáneamente.
En la capital por mencionar algunos ejemplos,
hubos decomisos de bicitaxis, multas contra vendedores
de caramelos, maní o dulces, y la policía
operaba contra las antenas parabólicas.
A menos de cincuenta metros de la sede de la
CCDHRN un operativo de la policía técnica
desmanteló un tendido de cables de antenas
donde estaban conectados un grupo de vecinos como
una opción alternativa para disfrutar la
televisión extranjera.
Los inculpados de la calle 32 entre 19 y 21,
y 22 y 21 entre 32 y 34 en el municipio Playa
de la capital fueron multados con 1,500 y 5 mil
pesos con confiscación al propietario que
ofrecía el servicio "ilegal"
a un grupo de convecinos.
La acción policial, llevada sin el apoyo
de medios técnicos, especialistas de la
empresa telefónica ETECSA, ocasionó
que entre las decenas de cientos de metros de
cables arrancados por la policía de postes
eléctricos y azoteas fueron afectadas las
líneas telefónicas de varias familias.
En Batabanó, decenas de residentes han
sido encarcelados hasta la fecha, entre ellos
pescadores, patrones de barcos, traficantes y
receptores de langosta y camarón, que han
confesado su culpabilidad según fuentes
familiares, por supuesta malversación a
los bienes del Estado y otras acusaciones que
se les imputan.
Por otra parte, el pasado dia 10 un camión
de transporte alternativo que viajaba de Batabanó
a La Habana fue requisado tres veces en su ruta
antes de salir del municipio por policías
situados a distantes puntos de control. En las
pesquisas las autoridades decomisaron a un sujeto
un saco de ajos que había comprado a campesinos
de una cooperativa de la comunidad El Sopapo.
Minutos más tarde en el asentamiento La
Julia un oficial llamado Iván, Jefe de
sector local, detenía al propio vehículo
para revisar a los pasajeros.
"En un abuso de poder y falta de educación
y de ética. Sin decir los buenos días
o por favor colaboren, comenzó a dar manotazos
en las piernas de los pasajeros exigiéndoles
levantar las piernas y abrir las maletas para
ver qué transportaban", comentó
un disidente que fue testigo del hecho.
"Yo no sé por qué la gente
de La Habana viene a buscar carne de cerdo a la
Julia", dijo en tono arrogante el oficial
Iván, según la fuente, a un señor,
que le respondió:. "Por ser más
barata". En los puestos de venta de esa zona
se vende de 17 a 19 pesos la libra, mientras que
en la capital cuesta 25. El señor, de mediana
edad, fue detenido y los dos perniles de carne
de puerco que había comprado fueron decomisados.
Mientras tanto, en el cercano municipio de Bejucal
residentes del área informaron que las
autoridades habían tendido un cerco a los
vendedores de huevos.
En Pinar del Río la situación es
casi similar. Allí dos carros de la brigada
especial azotan el mercado Alameda, en la capital
provincial, cada tres días contra los vendedores
de dólares, que son detenidos y multados.
Pagaban igual precio los vendedores de pan con
jamón, de ron casero, de huevos y aceite
en el barrio el Rancho.
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