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ECONOMIA
INFORMAL
Ofensiva gubernamental contra trabajadores por
cuenta propia en Palma Soriano
PALMA SORIANO, Cuba - 9 de febrero (Virgilio
Delat La O, APLO / www.cubanet.org) - Desde el
pasado 27 de enero se ha desatado una ofensiva
gubernamental contra los trabajadores por cuenta
propia en esta ciudad de Palma Soriano, en la
provincia de Santiago de Cuba, principalmente
contra los dueños de los llamados "Puntos
de Venta", que son pequeños comerciantes
a quienes bajo una licencia se les permite expender
algunos vegetales y carne de cerdo.
El 27 de enero, en horas de la mañana
comenzó a circular un rumor de que serían
mandados a cerrar todos estos pequeños
establecimientos públicos, que generalmente
pertenecen a jóvenes que optaron por ellos
como único recurso para emprender una actividad
económica, lo que desencadenó toda
una movilización al respecto
El lunes 30 de enero, alrededor de la 9 de la
mañana unos 55 manifestantes se concentraron
frente a la sede el Poder Popular municipal, sito
en la calle Paquito Borrero en esta ciudad. Luego
de un buen rato y al calor de la algarabía
salió del interior del edificio el funcionario
Terrero Matos, Jefe de Agricultura urbana del
Poder Popular, con la intención de calmarlos.
Alegando que la medida se debía a la necesidad
de implementar nuevos mecanismos de control, ya
que estos puntos de venta eran focos de ilegalidades.
La protesta subió de tono, encabezada
por Ramón Mustafá, sobrino del conocido
preso político palmero Alejandro Mustafá
Reyes, por lo que tuvo que salir en persona Alfredo
Batista González, presidente del Poder
Popular municipal de Palma Soriano, quien prometió
una reunión con los afectados a la 1 P.M
del propio día 30.
A la hora prometida, en un salón del Poder
Popular se produjo la reunión, donde Alfredo
Batista ratificó la disposición
de cerrar todos los puntos de venta y toda manifestación
de mercado negro. Los dueños de kioscos
expusieron sus razones, incluso la existencia
de una mercadería ya comprada, que se iba
a perder.
Ante tal situación, el funcionario en
cuestión autorizó un plazo de una
semana para que salieran de los productos en existencia
y oficialmente, en hora de la mañana del
viernes 3 de febrero quedaron clausurados todos
estos pequeños negocios.
Una semana después la ciudad parece una
ciudad arrasada, no se ve un vendedor ambulante,
no se consigue el más mínimo vegetal,
una fruta o simple turrón. La policía
y los trabajadores sociales recorren sistemáticamente
las calles buscando el menor indicio de actividad
económica ilícita, como le llaman
ellos.
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