PRENSA INDEPENDIENTE
Septiembre 23, 2005
 

ECONOMIA
Cuba en los objetivos y metas del milenio (II)

Oscar Espinosa Chepe

LA HABANA, Cuba - Septiembre (www.cubanet.org) - El Objetivo I del Milenio proclama "la erradicación de la extrema pobreza y el hambre". La meta número 1 para obtener ese logro señala: "Disminuir a la mitad en 2015, respecto a 1990, la población con ingresos menores de un dólar diario".

En Cuba esta meta resulta de muy difícil cumplimiento mediante el trabajo honesto. Los salarios, y mucho menos las pensiones, no alcanzan un dólar diario para la abrumadora mayoría de los ciudadanos, según datos oficiales.

El salario promedio mensual a finales de julio de 2005 era de 334 pesos (discurso central del 26 de julio), equivalentes a 16.70 dólares US (20 pesos = 1 dólar). El salario mínimo mensual asciende a 225 pesos (11.25 dólares). Ambos, llevados a salario diario, representan 55 y 37 centavos de dólar, respectivamente.

La pensión media mensual, después del incremento de mayo pasado, es de 180.50 pesos (9.02 dólares). La mínima, recibida por más del 50% de los pensionados, es de 150 pesos (7.50 dólares). Estos promedios se traducen en 30 y 25 centavos de dólar diarios para cada una de las citadas categorías.

El gobierno cubano trata de justificar esta situación de salarios y pensiones insuficientes para vivir con la existencia de una política de gratuidades, esencialmente en la educación y la salud, así como de subsidios a los alimentos y otros artículos y servicios de amplio consumo.

Los argumentos oficiales pudieran manipular a segmentos de la población cubana nacida en su mayoría después de 1959, y sin acceso a información objetiva, debido al absoluto control estatal sobre los medios de divulgación. Pero el propósito de lograrlo a nivel mundial es ridículo. En muchos países, incluidos del Tercer Mundo, se aplican políticas sociales progresistas desde hace tiempo, donde están presentes la gratuidad en la salud y la educación, la subvención a artículos y servicios, generosos cuidados y pensiones para los ancianos y seguros al desempleo. En algunos lugares se confieren con más alcance y calidad que en la Isla, sin tener que existir salarios miserables y condiciones políticas degradantes.

En la Cuba de antes de 1959, a pesar de las graves e inaceptables deficiencias, se habían desarrollado sistemas de educación y salud gratuitos que, de acuerdo con las estadísticas de la época, habían alcanzado cotas de avance superiores a las existentes en la mayoría de las naciones del área y del sector no público en el país.

Adicionalmente, la participación del Estado en el suministro de artículos y servicios por la vía gratuita o subvencionada se está reduciendo ostensiblemente desde la pérdida en 1989 de las "ayudas" provenientes de Europa del Este. Varios artículos entregados con bajos precios en el marco del racionamiento -que se prolonga más de 45 años- han pasado a venderse en el mercado libre con altísimos precios. Es el caso de algunos alimentos, ropa, calzado, material de higiene y limpieza y otros. Respecto a los servicios, se experimentaron fuertes incrementos en las tarifas, por ejemplo, del transporte y la electricidad.

Como consecuencia de la restricción de la ayuda estatal al ciudadano, algunos expertos estiman que los alimentos hoy vendidos en el marco del racionamiento, con precios relativamente bajos, sólo cubren los requerimientos para los primeros diez días del mes en la ciudad de La Habana, donde las cuotas asignadas son más generosas que en el resto del país.

En el propio documento presentado ahora por las autoridades cubanas a las Naciones Unidas se reconoce que "…la distribución racionada de alimentos para toda la población a precios subsidiados … garantiza aproximadamente la mitad del consumo de calorías per cápita diaria de los cubanos y cubanas".

Sería de gran utilidad conocer los datos oficiales sobre la participación del racionamiento en el consumo per cápita de proteínas y grasas comestibles. Respecto a las últimas, cabe señalar que la cuota racionada mensual de aceite comestible por persona en la ciudad de La Habana es de 8 onzas (235.3 ml), absolutamente insuficiente, lo cual obliga a comprar el vital alimento en el mercado libre. En las tiendas de venta en divisas el litro de aceite de soya de producción nacional -el más corriente y barato- tiene un precio equivalente a 2.69 dólares, o sea, 53.75 pesos cubanos. En conclusión, un trabajador que perciba un salario promedio (334 pesos) únicamente podría adquirir con su remuneración mensual 6 litros de aceite de la calidad indicada.

Por suerte para los cubanos, además de los salarios y pensiones existen otras vías de subsistencia. Está la generosa ayuda de parientes y amigos residentes en el exterior, que llega en forma de remesas, y la iniciativa permanente de los ciudadanos para ganarse la vida, en muchos casos violando las leyes y degradándose para poder subsistir ellos y sus familias.

Existen también algunos trabajadores más afortunados, que después de pasar rigurosos filtros políticos pueden laborar en contacto con extranjeros, y recibir alguna cantidad de moneda convertible en concepto de propinas o por debajo de la mesa, en áreas como el turismo y las empresas extranjeras establecidas en Cuba. Estas personas constituyen un segmento poblacional con acceso a privilegios, en un clima de clientelismo, impostura y doble moral.

Las remesas proporcionan uno de los ingresos netos en divisas más importantes del país, máxime cuando el gobierno le quita un elevado porcentaje a los receptores de la ayuda mediante manipulaciones monetarias, sin justificación económica real alguna. En el caso del dólar, el descuento se ha elevado a un 20%. Debe tenerse en consideración que, según estimados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), las remesas anuales recibidas están en un rango de mil millones de dólares, procedentes fundamentalmente de Estados Unidos.

En este panorama, donde los salarios y las pensiones no alcanzan para vivir, y la subsistencia depende de la suerte de tener familiares en el extranjero o convertirse en un ciudadano "obediente", las diferencias sociales crecen y se amplían sin cesar, estratificándose la sociedad. El esquema socialista de la "distribución según la capacidad y el trabajo", que nunca ha estado vigente en Cuba durante los últimos 47 años, se ha convertido en un chiste de mal gusto.

Males como la corrupción, la marginalidad y la delincuencia florecen con una dinámica propulsada por una interminable crisis que empuja al individuo hacia la ilegalidad. Así, las cárceles están llenas de personas que en condiciones normales nunca hubieran sido sancionadas. Por eso, cuando comience el proceso de transición democrática, junto a la revisión del draconiano Código Penal vigente, y sus desproporcionadas e injustas penas, deberá procederse a un exhaustivo examen de las penas impuestas a los reclusos comunes. Además, las prisiones deberán convertirse en lugares más humanos y propiciadores de la reeducación de los reclusos, partiendo de la indiscutible responsabilidad de la sociedad en los yerros de esos hombres y mujeres.

La solución a la crisis de la sociedad cubana sólo podrá encontrarse mediante la liberación de las fuerzas productivas actualmente bloqueadas por un anárquico capitalismo de estado, instaurado por casi 47 años en la Mayor de las Antillas.

Momentáneamente, las perspectivas de mejoramiento para los trabajadores y pensionados parecen poco halagüeñas. Aunque este año se produjeron aumentos en los salarios, pensiones y la asistencia social por un monto estimado en tres mil millones de pesos -posiblemente alrededor del 10% del PIB- no se constatan contrapartidas en productos y servicios a ese considerable volumen financiero, lo que puede provocar un fuerte proceso inflacionario y por consecuencia una desvalorización adicional de los salarios y pensiones reales.

De hecho, ya pueden observarse presiones inflacionarias, principalmente en los mercados de venta no racionada de alimentos, y el transporte. El estado ha anunciado próximos aumentos en el precio de la electricidad, los materiales de construcción y las tarifas de reparación de viviendas, así como condiciones crediticias más duras para el financiamiento de operaciones de compra por los ciudadanos.

El futuro podría ser aún peor para los sufridos cubanos.


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