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ECONOMIA
Un año después
Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba - Octubre (www.cubanet.org) -
El período de un año ofrece tiempo
suficiente para analizar medidas económicas
de forma ponderada. Ese resulta el caso de la
Resolución No. 80 del Banco Central de
Cuba (BCC) del 23 de octubre de 2004, tomada con
la finalidad, entre otras, de que todas las entidades
que aceptaban dólares USA en efectivo hasta
esa fecha para cobrar sus transacciones en territorio
nacional únicamente aceptaran pesos convertibles
cubanos en el futuro.
La Resolución No. 80 estableció,
además, un gravamen del 10% para quienes
desearan adquirir pesos convertibles cubanos con
dólares USA en efectivo. Una compensación
señalada como necesaria por los costos
y riesgos adicionales supuestamente provocados
por nuevas medidas norteamericanas, dirigidas
a entorpecer sistemáticamente los flujos
financieros externos del gobierno cubano. Como
ejemplo de estas amenazas se indicó la
creación de un "Grupo de persecución
de activos cubanos", integrado por funcionarios
de varias agencias oficiales estadounidenses para
interferir y detener el flujo de divisas hacia
y desde Cuba.
La propaganda gubernamental proclamó la
Resolución No. 80 como el fin de la dualidad
monetaria que había existido de facto desde
hacía años, y el rescate de la soberanía
financiera de la nación. También
se indicó que terminaban injustas diferencias
que dividían a la sociedad entre ciudadanos
con dólares y quienes no tenían
acceso a él.
Con posterioridad a la implementación
de la Resolución se tomó el Acuerdo
No. 15 del Comité de Política Monetaria
del Banco Central de Cuba, el 24 de marzo de 2005,
por el cual se reevaluó el peso convertible
cubano en un 8%. En estas condiciones, tomando
en consideración el gravamen del 10% y
el margen de compra y venta impuesto por el BCC,
hoy por cada dólar cambiado sólo
se reciben 80 centavos de peso convertible cubano.
Las consecuencias de todas esas decisiones financieras
han hecho que las remesas recibidas por los cubanos
de sus familiares en Estados Unidos se hayan reducido
en una quinta parte, únicamente compensable
por un incremento de los volúmenes enviados
por este concepto, lo cual no parece probable.
Asimismo, el precio de las mercancías
y servicios vendidos por las tiendas de venta
en divisas (TRD) sufrió un incremento en
términos de dólares de uno 20%,
y en otras monedas convertibles en un porcentaje
superior al 8%, sujeto a variaciones arbitrarias.
Desde el punto de vista económico, todas
estas manipulaciones financieras han carecido
de base real. La situación económica
del país en modo alguno presenta cambios
positivos que puedan significar un fortalecimiento
sustancial de la moneda nacional. Incluso, los
principales respaldos del peso cubano convertible,
los bienes y servicios ofertados en las TRD han
mermado considerablemente en cantidades y surtidos
en los últimos tiempos, y parejamente se
han incrementado considerablemente los precios.
Nada de eso constituye precisamente un aval de
garantía y seguridad de un signo monetario
que a su vez carece absolutamente de credibilidad
internacional.
En cuanto a la aseveración acerca del
fin de la dualidad monetaria en Cuba, los resultados
que se aprecian resultan bastante dudosos. Unicamente
se ha obligado a las personas que reciben divisas
a cambiarlas por pesos convertibles cubanos para
poder comprar artículos y servicios en
las TRD. Los cubanos siguen dependiendo fundamentalmente
de las remesas, los trabajos relacionados con
extranjeros, actividades particulares (reducidas
y muchas veces ilegales) y, en menor escala, menesterosas
asignaciones en pesos convertibles recibidas por
quienes laboran en sectores considerados estratégicos.
Como puede apreciarse, la cualidad monetaria
se mantiene, al no poder los ciudadanos procurar
con su trabajo una moneda que les permita comprar
los productos y servicios para satisfacer sus
necesidades y las de sus familiares. La dualidad
sólo se ha disfrazado, pero el acceso al
dólar y otras monedas convertibles continúa
siendo indispensable para sobrevivir en Cuba.
Por otra parte, los motivos que según
se dice promovieron la Resolución No. 80,
o sea, los posibles peligros y amenazas contra
las disponibilidades financieras cubanas en bancos
extranjeros, no parecen haber disminuido con esta
medida del BCC, lo que le resta legitimidad.
Ciertamente, en el corto plazo, tanto el gravamen
como la devaluación de las monedas extranjeras
frente al peso convertible cubano, han debido
representar importantes ingresos a la Caja Central
del Estado. Sin embargo, a un plazo más
largo indudablemente podrían tener repercusiones
negativas, al desalentar el turismo y las ventas
futuras de las TRD por encarecerse los productos
y servicios ofertados.
La aplicación del gravamen y la devaluación
de las divisas se inscriben indudablemente en
el proceso de recentralización de la economía
cubana, apreciable desde hace meses por una serie
de pasos dados, como la remonopolización
del comercio exterior, el cierre paulatino del
trabajo por cuenta propia, la limitación
radical de las facultades de los directivos de
las empresas estatales, la liquidación
de muchas empresas medianas y pequeñas
con capital extranjero, y otros dirigidos al fortalecimiento
aún mayor del control estatal sobre la
sociedad.
Esta reducción sustancial de los ingresos
de los cubanos por concepto de remesas podría
tener por objetivo también debilitar económicamente
a los sectores que las reciben, haciendo más
fácil su manipulación política.
La concepción que siempre se ha visto desde
el poder en Cuba es el temor de que el ciudadano
sea independiente económicamente, y que
por esa vía pueda querer serlo en el plano
político más tarde. Ese esquema
de pensamiento está en contradicción
con el recibo de las remesas por una parte de
la población cubana -sólo permitido
como un mal menor por la necesidad de divisas-,
que así se encuentra relativamente más
independiente de los fuertes cánones estatales.
En resumen, puede afirmarse que los objetivos
enunciados en la Resolución No. 80 no fueron
cumplidos, a no ser los ingresos obtenidos por
el Estado, momentáneamente. La dualidad
monetaria se mantiene, el afianzamiento de una
moneda nacional única constituye una ficción,
las diferencias sociales ajenas al aporte laboral
de los ciudadanos se incrementan, y los supuestos
peligros a los fondos cubanos en el extranjero,
de ser ciertos, en modo alguno se han contrarrestado.
Sí se logró de manera significativa
afectar el nivel de vida en general de todos los
cubanos, al reducirse sustantivamente las remesas
y por otra parte incrementarse los precios de
la canasta familiar.
Si realmente se deseara una sólida moneda
nacional, eliminar la dualidad monetaria, eliminar
injustas diferencias sociales y crear mecanismos
eficientes de defensa de los fondos financieros
cubanos en el exterior, habría que lograr
una economía próspera, en la que
los ciudadanos pudieran desplegar sus iniciativas
y capacidades laborales, objetivo imposible de
obtener con un sistema centralizador y burocrático
que bloquea las fuerzas productivas nacionales
en términos cada vez más rígidos.
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