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ECONOMIA
Cuba en los Objetivos y Metas del Milenio (VI)
Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba - Octubre (www.cubanet.org) -
Un aspecto de difícil comprensión
en el Segundo Informe sobre el Cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio presentado
por el gobierno cubano es la aseveración
de que "el riesgo a la subnutrición
se reduce a niveles menores del 2% de la población".
Este porcentaje está en abierta contradicción
con lo que cualquier analista imparcial pudiera
apreciar en la sociedad cubana e incluso con informes
sobre el tema elaborados por instituciones oficiales.
El Instituto de Planificación Física
de Cuba (IPF), con el apoyo técnico y financiero
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las
Naciones Unidas, durante los años 1998
y 1999 desarrolló el proyecto "Análisis
y Cartografía de la Vulnerabilidad a la
Inseguridad Alimentaria en Cuba" (VAM por
sus siglas en inglés) ajustado a las características
y condiciones del país e implementado en
las cinco provincias más orientales, consideradas
como las de mayor retraso relativo a nivel nacional.
El VAM permitió identificar en las cinco
provincias a 33 municipios como muy vulnerables,
11 vulnerables y 10 poco vulnerables. La suma
de los muy vulnerables y los vulnerables representa
el 81% de los municipios de la región oriental,
identificándola de vulnerable en su conjunto,
según criterio del IPF.
En las cinco provincias orientales residía
en el momento de conformarse el VAM el 35.2% de
la población cubana, y en los 33 municipios
calificados de muy vulnerables vivía algo
más de la quinta parte.
El deplorable estado alimentario de las provincias
orientales ha promovido la solidaridad internacional,
destacándose varias organizaciones especializadas
de las Naciones Unidas por la generosidad desplegada,
como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y
la Organización para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) con importantes proyectos
y programas de entrega de donaciones y financiamiento
destinados a la alimentación de los ciudadanos
de la región. Desde 1963 y hasta la fecha,
sólo el PMA ha destinado a Cuba más
de 220 millones de dólares para estos nobles
propósitos, de acuerdo a informaciones
de la agencia oficial de noticias Prensa Latina.
El PMA desarrolla actualmente un nuevo proyecto
de cooperación con un costo total de 3.7
millones de dólares para la compra de alimentos
destinados a la población de las zonas
afectadas por la sequía.
Los problemas detectados por el VAM en las provincias
orientales pudieran encontrarse en otras zonas
del país, agravados en los últimos
años por la acumulación de problemas
derivados de una crisis profunda de quince años
de duración y adversidades meteorológicas.
En la ciudad de La Habana, donde existen condiciones
mejores al resto del país, sólo
hay que recorrer las escuelas para constatar que
muchos adolescentes tienen tallas y pesos inadecuados
para sus edades, y constituyen la generación
del Período Especial. Todo un panorama
poco propicio para garantizar un riesgo de subnutrición
menor al 2% de los cubanos.
El calamitoso panorama alimentario es absolutamente
normal en un país con abundantes extensiones
sin cultivar, que bien explotadas podrían
dar hasta tres cosechas al año con excelentes
resultados. A ellos se agrega la existencia de
un campesinado con niveles técnico-culturales
avanzados, que ha demostrado poseer iniciativas
y creatividad cuando se le ha brindado los mínimos
estímulos y condiciones.
Este potencial agropecuario está bloqueado
por un sistema promotor de un gigantesco e improductivo
latifundio estatal, que ha desarraigado masivamente
a los campesinos de la tierra, frenado la inciativa
y la capacidad creativa de los agricultores, instaurado
un descomunal despilfarro de recursos y llevado
a cabo un inadecuado manejo de los suelos que
ha dañado seriamente a cientos de miles
de hectáreas, dejando algunas irrecuperables.
La solución posible a la crítica
carencia de alimentos en Cuba es la aplicación
de un programa integral de reestructuración
agraria, desarrollado por etapas y gradualmente,
dirigido a crear condiciones para la explotación
nacional de la tierra mediante su entrega a personas
o colectivos comprometidos a cultivarlas. Los
campesinos, cooperativistas y trabajadores rurales
asentados en el campo y ciudadanos poseedores
de conocimientos y tradiciones agrícolas
tendrían la prioridad para recibirla.
La distribución debería iniciarse
en las actuales áreas baldías y
subexplotadas. Las entregas de tierra a particulares
y cooperativas independientes se efectuarían
mediante arriendo con opción de compra,
venta o entrega en usufructo, según las
condiciones de los terrenos o la conveniencia
social. Sería recomendable limitar la extensión
de las unidades agrícolas para evitar la
posesión de tierra en pocas manos, así
como prohibir latifundios estatales o privados,
la entrega de tierra por los propietarios a tercerros
para su explotación y la propiedad absentista.
En los cultivos como caña, arroz, forestales,
entre otros, y la explotación del ganado
mayor, donde las extensiones de tierra son necesarias
para el desarrollo eficiente de la mecanizaicón
y las técnicas avanzadas, podría
estimularse la creación de cooperativas
y modernas granjas, con o sin la participación
pública, con áreas adecuadas.
Las Cooperativas de Producción Agropecuaria
(CPA) podrían tener la opción de
permanecer como instituciones independientes,
integradas bajo el principio de la voluntariedad
o distribuir las tierras y recursos disponibles
entre sus asociados. Las Unidades Básicas
de Producción Cooperativa (UBPC) pudieran
ser convertidas en instituciones libres de la
ingerencia estatal, responsables de sus destinos
como productores independientes.
El Estado debería estimular la diversificación
de la producción agrícola por medio
de adecuadas políticas fiscales, créditos
especiales, asistencia técnica, obras de
infraestructura y otros instrumentos de apoyo,
pero nunca interfiriendo en las decisiones soberanas
de los productores.
Los campesinos y cooperativistas deberían
ser libres para realizar las actividades preferidas,
poner precio a sus productos, venderlos en el
lugar y momento de su elección y adquirir
los insumos, equipos y demás recursos donde
les sea más conveniente.
La creación de empresas intermediarias
y acopiadoras de productos del agro podría
ser estimulada -con o sin la participación
pública- para servir de vínculo
entre la ciudad y el campo, en caso de aceptarse
por los agricultores.
Con estas medidas u otras surgidas en el marco
de una discusión amplia y democrática
para remover las actuales estructuras agrarias
que tanto han lesionado la nación, toda
la sociedad ganaría. Podría quedar
resuelta la grave crisis alimentaria, existirían
más fuentes reales de trabajo, habría
menos dependencia de las enormes importaciones
actuales de alimentos, estarían disponibles
significativos excedentes para la exportación
y, al crearse un importante segmento social de
productores agropecuarios independientes, sin
más compromiso que con sus conciencias
e intereses, la sociedad cubana sería más
libre políticamente. Quien es libre en
el plano económico tiene mayores posibilidades
de serlo en el terreno político.
Estas propuestas tienen una sólida base
en viejos sueños del pueblo cubano, recogidos
en el espíritu de la Constitución
de 1940 y en las esperanzas frustradas depositadas
en la revolución de 1959. Aspiraciones
que pueden hallarse en el legado de José
Martí:
"...la distribución de la propiedad
y el cambio de tierras estériles en tierras
productivas, aunque lastime preocupaciones de
partidos y añosos intereses tradicionales,
es causa inmediata de la riqueza del país,
lograble fácilmente con la creación
de muchos pequeños proietarios" (Reflexiones,
Obras Completas, Editorial Ciencias Sociales,
1975, Tomo VII, página 167).
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