PRENSA INDEPENDIENTE
Junio 24, 2005
 

RELIGION
La respuesta a tus derechos es represión y más represión

Dolores Reyes García, Cubanacán Press

SANTA CLARA, Cuba - Junio (www.cubanet.org) - En el seno de una familia cristiana cubana, residente en la céntrica ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, ha surgido una iniciativa de orden cívico y religioso.

La pareja, integrada por los doctores en Medicina General Integral Juan Carlos Rodríguez Piedra y Denia Irene Fernández Gutiérrez, como ciudadanos cubanos y haciendo uso de sus derechos constitucionales, entregaron a las autoridades el 12 de abril del presente año una carta en la que se formulaba una queja por la existencia en el país de un sistema educacional único, que somete a todos obligatoriamente a un adoctrinamiento ateo, ajeno a las creencias religiosas que profesan algunos ciudadanos.

La misiva, entregada en la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Provincial del Partido Comunista en la provincia de Villa Clara y enviada días después a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado de la República, también presenta la petición de que se realicen en el país y en breve plazo los cambios legislativos correspondientes para que las Iglesias tengan el derecho a disponer de sus propias escuelas, donde los ciudadanos que profesan la fe cristiana, puedan educar a sus hijos acorde a sus creencias, principios y normas.

En el año 1959 existían a lo largo y ancho de la isla escuelas pertenecientes a Iglesias católicas de distintas órdenes y escuelas evangélicas de distintas denominaciones protestantes, que al ser decretada la nacionalización de la educación, fueron cerradas y algunas de cuyas instalaciones se mantuvieron como centros de enseñanza con las nuevas características y otras fueron entregadas a instituciones gubernamentales, como las del Colegio Metodista de Santa Clara, que funcionaba en un edificio adjunto a la misma Iglesia, y que fueron convertidas irrespetuosamente en la sede Municipal del Partido Comunista de Cuba.

En su carta, los profesionales cristianos informan también a las autoridades su decisión de convertir esa petición personal en una iniciativa legislativa por medio de la recogida de 10 mil firmas de ciudadanos con derecho al voto que apoyarán la petición a lo largo de todo el país, según los preceptos de la Constitución Cubana de 1976, refrendada en el 1992 y 2002 en su articulo 88 inciso g.

Con este previo aviso a las distintas instancias de la nomenclatura estatal, los médicos iniciaron el proceso de recopilación de firmas haciendo un muestreo inicial que arrojó resultados positivos, al mostrar aproximadamente un 80% de apoyo de la población que se suma con entusiasmo a la petición, independientemente de sus creencias religiosas e ideas políticas. El otro 20%, aunque manifestó simpatía y reconoció el derecho de los doctores, no firmaron por tener reservas sobre las consecuencias de tal proceder.

Con el muestreo realizado para la petición formulada para que las Iglesias tengan el derecho de disponer de escuelas donde los hijos de los creyentes cubanos puedan recibir una educación acorde a las normas y creencias de sus padres, Juan Carlos Rodríguez y Denia Irene Fernández, observando que las autoridades guardaban silencio, se percataron de los obstáculos y peligros que entorpecerían el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo que decidieron detener la recogida de firmas y entregar al Gobierno Provincial de Villa Clara un informe con la consulta realizada.

En el informe, entregado el 4 de mayo en la sede del Poder Popular Provincial, además de los resultados obtenidos en el muestreo de las firmas recogidas, la pareja introdujo nuevas peticiones orientadas a despejar tales obstáculos y peligros.

Ahora aguardan pacientemente el plazo de 60 días que se les había fijado en la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Santa Clara para recibir la respuesta oficial por parte de las autoridades.

En este tiempo, los tanques pensantes de la maquiavélica maquinaria represiva totalitaria, quien reconoce sólo en el papel los derechos ciudadanos, han comenzado a orquestar una campaña de descrédito contra los jóvenes galenos, donde se ataca su moral, tratan de deteriorar la imagen y el prestigio ganado con su testimonio como cristianos, realizan falsas acusaciones, tergiversan y desvirtúan los verdaderos propósitos de la petición. Sobre todo, tratan de intimidar y coaccionar a la población de la comunidad del Gigante, ubicado aproximadamente a tres kilómetros de la ciudad de Santa Clara, para que no firmen ni apoyen la iniciativa.

Los cubanos conocemos bien quiénes son los encargados de obstaculizar el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, de hecho constitutivo de un delito previsto en el Código Penal cubano [(artículo 292.1c) y 292.2)] y una grave violación del derecho constitucional previsto en el artículo 63 de la Constitución de la República y a quienes arrastran tras su odio y rencor.

El 23 de Mayo Juan Carlos y su esposa fueron citados a la oficina del director provincial de Salud Pública, Dr. José Ramón Ruiz, quien los acusó de estar violando las leyes y la Constitución Cubana, los tildó de políticos, enemigos, proselitistas, y les aseguró que no los dejarían avanzar en lo más mínimo en sus actividades. Finalmente, los amenazó con preparar a la población para realizar "ciertas acciones sobre ellos" y con la aplicación de severas sanciones laborales y otras medidas represivas.

Bajo estas condiciones de acoso y hostigamiento, Juan Carlos y Denia Irene persisten en su propósito de reclamar el legítimo derecho de escoger el tipo de educación que darán a sus hijos, de acuerdo a sus principios y creencias. Ellos han expresado en más de una ocasión a las autoridades que no son políticos, ni siquiera son opositores al régimen; sólo son ciudadanos que reclaman un derecho.

Por ahora, esta familia teme por su seguridad personal y por la seguridad de las personas que los han ayudado y los han estado apoyando. Temen también porque se les acuse y procese injustamente, métodos genuinos de represión y terror ampliamente utilizados por el totalitarismo.


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