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SOCIEDAD
La alimentación en Cuba: represión y corrupción
(I)
María Elena Alpízar, Grupo Decoro
PLACETAS, febrero (www.cubanet.org) - Aunque
"toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como
a la familia, la alimentación", según
lo expresado por el artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el estado cubano
suprime este derecho a sus ciudadanos, pues hace
más de cuatro décadas que le raciona
la canasta familiar por medio de la mal llamada
libreta de abastecimiento.
Pero no sólo suprime ese derecho, sino
también que lo reprime. Por su parte, los
funcionarios sacan buen provecho de la represión
alimenticia. Esto forma parte del sistema imperante
en Cuba, como lo prueban los hechos acontecidos
recientemente en la provincia Villa Clara.
Sin previa explicación de las autoridades,
a los enfermos y mujeres embarazadas del municipio
Placetas no les vendieron, durante más
de una semana, la leche de la dieta médica
que les corresponde.
Luego de pasado ese tiempo, y faltando más
de diez días para que se terminara el mes
de enero, a los enfermos y embarazadas les vendieron
medio kilogramo de leche en polvo, pero no les
aseguraron la repartición regular del alimento,
tomando como pretexto la intensa sequía
que sufre el país.
La leche de los enfermos y embarazadas no se
vende a diario, aunque no haya sequía,
pues consiste en una cuota de dos o tres litros
por semanas alternas, lo cual es anotado en la
libreta de abastecimiento.
Las personas con padecimientos oncológicos,
gástricos, diabéticos, y las mujeres
embarazadas carecen del preciado alimento, a pesar
de que en la localidad existe una planta procesadora
de productos lácteos que recoge la leche
de casi toda la zona campesina del norte de la
provincia Villa Clara.
Sin embargo, ciertos empleados de esa industria
y dirigentes de la ciudad, alimentan sus piaras
de cerdos con derivados lácteos procedentes
del lugar, como yogur, helados y la propia leche.
Auque ellos alegan que son "residuos",
se ha podido comprobar que no lo son, sino productos
lácteos en buen estado que servirían
para alimentar a mujeres embarazadas, enfermos,
niños y ancianos.
Mientras tanto, en la ciudad de Santa Clara,
agentes de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) le impusieron cien pesos de multa a un hombre
cuyo delito fue comprar pescado a vendedores callejeros,
con el propósito de alimentar a su familia.
El pasado 20 de enero ocho policías que
tripulaban cuatro carros patrulleros efectuaron
un operativo en la esquina de San Miguel y Toscano,
donde confiscaron a los vendedores que merodeaban
por el lugar grandes cantidades de viandas, hortalizas,
frutas y pescado.
Al no poder detener a los comerciantes, que huyeron
al grito de ¡agua! (lo que significa ¡viene
la policía!), los gendarmes reprimieron
al ciudadano en cuestión, que había
comprado momentos antes del operativo unas libras
de tilapia para llevarlas a su casa. De nada valieron
los argumentos del hombre y la defensa de los
vecinos, que fueron testigos de la compra de los
pescados.
Según la bibliotecaria independiente Alina
Becerra Herrera -fuente de esta información-,
en la ciudad de Santa Clara se han construido
locales para vender pescado en todas las barriadas,
pero los comercios no venden los productos de
mar y río, sino otras mercancías,
como bebidas alcohólicas que se venden
a cualquier hora del día, provocando actos
violentos en los alrededores.
Añadió Becerra Herrera que de no
haber cambiado la función de los establecimientos,
las pescaderías hubieran aliviado la pobre
alimentación que reciben las familias de
Santa Clara.
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