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SOCIEDAD
El nacionalismo radical cubano: La soberbia armada
(I)
Raúl Soroa
LA HABANA, Cuba - Diciembre (www.cubanet.org)
- En la lucha por la independencia de España
a fines del siglo XIX, se forjó el nacionalismo
radical cubano. Los enfrentamientos entre civilistas
y nacionalistas matizaron la primera contienda
(1868-1878) desde su misma génesis. Durante
su desarrollo, la visión civilista de los
camagüeyanos y villareños entró
en conflicto con la opción militarista
de los orientales, encabezados por Carlos Manuel
de Céspedes.
La Constitución de Guáimaro fue,
en buena medida, fruto de la reacción civilista
a las repúblicas militares latinoamericanas,
y un triunfo de las ideas democráticas
frente la nacionalismo radical que se gestaba.
Céspedes organiza en Oriente un gobierno
personalista, la Junta Revolucionaria de la Isla
de Cuba, integrada por cinco miembros y presidida
por un capitán general, cargo que Céspedes
se reserva. Mantiene la organización institucional
española, los comandantes militares, los
capitanes de partido y la unión de la Iglesia
y el Estado. Céspedes es un devoto de la
democracia, los derechos del hombre y del ciudadano,
que en Francia oyó proclamar como la única
forma de gobierno para pueblos civilizados, pero
estima que para derrotar a España el sistema
instaurado por él es el más eficaz.
El alzamiento en Camagüey ocurre el 4 de
noviembre de 1868. Tuvo un foco único,
concentradas todas las fuerzas bajo una dirección
coaligada, la Junta Revolucionaria de Puerto Príncipe
que, una vez ocurrido el levantamiento, pasó
a constituir el Comité Revolucionario de
Camagüey, y posteriormente formó la
Asamblea de Representantes del Centro. De esta
forma, el movimiento camagüeyano surgía
con total independencia y con una estructura política
distinta de la que se venía desarrollando
en Oriente. Los líderes del territorio,
Ignacio y Eduardo Agramonte, Salvador Cisneros
Betancourt y Antonio Zambrana, pretenden dar a
Cuba una organización democrática.
No nombran presidente y adoptan una estructura
colegiada.
En Las Villas se establece una Junta Revolucionaria
de cinco ciudadanos, encargados de la dirección
de los asuntos provisionalmente. La dirigencia
local asumió una postura intermedia en
lo que se refería a la organización
de la revolución. Declarados cespedistas,
implantaron medidas similares a las camagüeyanas:
división del mando civil del militar, descentralización
de la dirección y empleo de la misma bandera
que los camagüeyanos. Los grupos camagüeyanos
y villareños llegarían a una plena
identidad de criterios en cuanto a la necesidad
de combatir las "ansias dictatoriales"
de Céspedes.
El 10 de abril de 1869, en el poblado camagüeyano
de Guáimaro, tuvo lugar la reunión
de las fuerzas insurrectas, con el objetivo de
darle unidad al movimiento, crear una base programática
común y constituir allí un gobierno
único y democrático, representativo
de la República de Cuba en Armas.
En la Asamblea de Guáimaro entran en conflicto
de inmediato las dos corrientes. Céspedes
entiende que debe organizarse una jefatura militar.
Ignacio Agramonte opina que es necesario estructurar
la revolución en forma de una jefatura
civil. El uno sostiene que debe asegurarse el
triunfo militar de la rebelión, el otro
cree que conviene asegurar el libre disfrute de
los derechos políticos. Aquél mantiene
la necesidad de una capitanía general con
facultades omnímodas en lo civil y en lo
militar, condicionada por las razones urgentes
de la guerra. El otro insiste en que es preciso
crear una asamblea democrática que gobernase
la guerra y la vida civil.
Céspedes, dando muestras de su alteza
de miras, transige y admite que sus ideas se lleven
a discusión al seno de la Asamblea Constituyente,
donde no ignora que está en inferioridad
numérica.
En su gran mayoría, los delegados pertenecían
a la clase terrateniente -de los 15 asambleístas,
13 eran de ese sector o intelectuales vinculados
a ellos, y los dos restantes pertenecían
a las capas intermedias de la población
insular. La delegación oriental fue la
menos destacada, de ahí el poco peso que
tuvo en las decisiones, contrastando con los villareños
y camagüeyanos, que asistieron con los principales
jefes de sus áreas respectivas, y actuaron
en bloque.
Los representantes aprobaron una Constitución
que normaba la estructura del aparato de dirección
de la República de Cuba en Armas, estableciendo
la división de poderes -Ejecutivo, Legislativo
y Judicial. El Ejecutivo radicaba en el Presidente
de la República, que tenía como
auxiliares a cuatro secretarios de Despacho (Guerra,
Hacienda, Interior y Exterior). El poder Legislativo
estaba constituido por una Cámara de Representantes
con múltiples funciones, que nombraba y
deponía al Presidente y demás funcionarios.
El aparato militar quedaba separado del civil
y centrado en un general en jefe, que sería
nombrado también por la Cámara y
que rendiría cuentas al Presidente de la
República.
A pesar de las deficiencias que se le pueden
achacar a esta Constitución, que limitaba
las funciones del Presidente por la fiscalización
que practicaba sobre ellas la Cámara, así
como la doble subordinación del aparato
militar, que ejercería una influencia negativa
en las acciones militares, la misma fue un triunfo
de los sectores civilistas sobre la actitud militarista.
Hay que aclarar que el propio Céspedes
no cuestionaba la validez de dichos principios
civilistas, pero creía en la necesidad
de un mando centralizado para derrotar al poder
colonial español.
En Guáimaro quedó eliminada programáticamente
la posibilidad de una dictadura militar. La representación
nacional ejemplificada en la Cámara daba
la oportunidad de una adecuada realización
democrática. Ahí se logró
una declaración contundente: "Todos
los habitantes de la República son enteramente
libres" (art. 24 de la Constitución).
Las contradicciones entre Agramonte y Céspedes
y sus ideologías inconciliables se agudizaron
con el paso del tiempo. En 1870 se hizo necesario
reformar la Constitución, y se crea la
Vicepresidencia. En marzo de 1872 se estipula
que en ausencia del Presidente y de su Vice fuera
el Presidente de la Cámara el Ejecutivo
de la República, lo que se aprobó
con la oposición de Céspedes, y
agravó más las divergencias.
La lucha, unas veces oculta, otras veces más
abierta, termina con la deposición de Céspedes
y su abandono por los apasionados rivales en las
faldas del Turquino, donde muere a manos de los
españoles. El apasionamiento político,
uno de los males que va a caracterizar a la política
cubana, muestra sus fueros con la muerte del Padre
de la Patria.
Las contradicciones frecuentes entre el mando
civil y el militar, la indisciplina, el regionalismo,
caracterizan a la insurrección. Las dificultades
internas de la revolución y la desfavorable
correlación de fuerzas la disuelven y conducen
al Pacto del Zanjón, acuerdo de la revolución
en colapso con el gobernador general Arsenio Martínez
Campos, para poner fin honorablemente a las hostilidades.
Se encuentran en el campo cubano dos posturas
totalmente contrapuestas: el diálogo y
la intransigencia.
La visión que de este hecho se tiene es
la visión del nacionalismo radical, es
la imagen que se entronizó en el análisis
de la mayoría de los hechos de la historia
de Cuba. Frente al diálogo, que busca poner
fin a una contienda en la que las fuerzas insurgentes
se encuentran al borde del fracaso, donde se busca
una salida negociada, se presenta la figura erguida
de la intransigencia, encarnada en uno de los
más grandes héroes de la guerra,
y legitimada por su legendaria historia: Antonio
Maceo.
El sistema de conceptos liberales de la patria
sufre desde entonces el desafío constante
del radicalismo, toda la culpa del fracaso la
carga sobre sus hombros la idea civilista. Martí
sueña su guerra y su república,
proyecta una visión de la Isla muy particular
y única, y enfoca su plan de guerra desde
una mezcla de radicalismo nacionalista e ideas
civilistas-liberales.
El
nacionalismo radical cubano (I)
El
nacionalismo radical cubano (II)
El
nacionalismo radical cubano (III y final)
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