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REPRESION
Ni hablar de esto
Juan Carlos Linares Balmaseda
LA HABANA, Cuba - Diciembre (www.cubanet.org)
- El pasado 27 de noviembre Alexander Roberto
Fernández Rico, de 30 años, viajaba
en el ómnibus de la ruta A-1. Lo acompañaban
su hermano Javier, un amigo llamado Vladimir Torres
y otro joven, todos militantes del Partido Neo
Católico, organización de oposición
al gobierno cubano.
Conversaban en medio del apretujamiento en que
viajaban, sobre las violaciones a los derechos
humanos que diariamente ocurren en el país,
de las dificultades económicas y políticas,
y de las posibles soluciones.
Una anciana se ofendió a causa de la exaltación
de los muchachos -la única ofendida dentro
de aquel tumulto-, al extremo de decirles: "Hace
falta que se monte un policía para que
vean el susto que van a pasar".
Después de concluido el viaje, los pasajeros
se dispersaron, y pasó entonces un jeep
patrulla de la policía. La anciana lo interceptó
y habló con los dos agentes. Inmediatamente
Alexander, sin ser interrogado, fue esposado y
conducido a una unidad de la Policía Nacional
Revolucionaria. Lo acusaron por el supuesto delito
de resistencia.
Luego de cinco días en el calabozo se
mantenía la acusación contra él.
Además, se le sumó el cargo de divulgar
"propaganda enemiga".
Del calabozo trasladaron a Alexander al tribunal
popular municipal de San Miguel del Padrón.
Sin abogado defensor ni testigos. El juicio comenzó
la mañana del 2 de diciembre. Varios activistas
de derechos humanos pudieron entrar en la sala.
Presidían el juicio tres jueces, encabezados
por una jueza muy joven nombrada Mildred. Un agente
del Departamento de Seguridad del Estado asomó
por una puerta lateral, de acceso exclusivo a
los integrantes de la corte, y mostró su
carné militar. Habló con los jueces
en un local aledaño a la sala. La conversación
duró unos minutos. Al salir, la jueza pidió
una nueva lectura de los cargos y pidió
al acusado su versión de los hechos. Alexander
se defendió exponiendo su posición
de opositor y se declaró inocente.
Uno de sus compañeros pidió la
palabra, pero la jueza le impidió declarar.
Otro afirmó que era un testigo presencial
de los hechos. Sintiéndose presionada por
ambas partes, la jueza sentenció: "Si
eso no fue registrado en el acta, no consta ante
este tribunal".
En la sala corrieron los rumores y las voces
de protesta de los presentes. La anciana acusadora
no hizo acto de presencia. Tampoco el agente de
la policía que condujera al acusado a la
estación.
La expresión de varios agentes de la Seguridad
del Estado era de disgusto. "¡El juicio
se pospone!", exclamó la jueza. Y
Alexander fue trasladado a la prisión de
Valle Grande.
El nuevo juicio quedó señalado
para el 7 de diciembre a las 9 de la mañana,
causa No. 730 de 2005. Un número mayor
de agentes de la Seguridad de Estado se encontraban
presentes en esa ocasión, y no se permitió
en la sala a activistas ni amigos de Alexander.
Esta vez sí se presentó el agente
que lo detuvo.
Este juicio resultó una copia del primero,
y Alexander fue condenado a un año de prisión
domiciliaria por el delito de resistencia a la
autoridad. El joven hizo saber que el tiempo que
estuvo en el calabozo lo pasó en solitario,
y que sus carceleros no le permitían dormir.
Además, por esos días fueron hostigados,
detenidos y liberados Manuel Román Alarcón
y Luis Alberto Torres, vecinos del municipio capitalino
Regla, acusados de ser los autores de varios carteles
gubernamentales pintados en las paredes del Poder
Popular, en la estación ferroviaria, en
la oficina de la vivienda y en la carrocería
de un acto policial. Acciones que la policía
política relaciona con los miembros del
Partido Neo Católico, según denunció
uno de sus miembros.
Actualmente, Alexander Roberto Fernández
Rico espera por el fallo del recurso de casación
en su domicilio de San Miguel del Padrón.
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